El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistió ayer en la XXIV Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca en su tesis sobre la necesidad de que el reparto de los fondos Next Generation de la UE para la recuperación postcovid tenga en cuenta las especiales dificultades de las Islas por el mayor daño económico y social causado por la pandemia, pero abandonó la capital castellana sin un un solo gesto de complicidad aparente por parte de sus interlocutores. Ni el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ni ninguno de los restantes mandatarios autonómicos se dio por aludido de forma clara y expresa, y Torres tuvo que conformarse con dejar el ejemplo de que la UE utilizó los mismos criterios a los que él apela ahora para repartir los recursos entre el conjunto de Estados miembros.

«He trasladado a la Conferencia de Presidentes que sean conscientes del daño económico que provoca la covid en Canarias. El volumen de la crisis es tan relevante en las Islas que ningún euro se quedará en las arcas públicas. Llegará a la sociedad y ahí está el que nuestro PIB ha caído un 20 %, que tenemos una población activa que sigue creciendo frente al resto del territorio español y que nos cuesta más conseguir bajar la tasa de desempleo».

«Nuestra situación es difícil», subrayó. Por lo que «pedimos que, teniendo criterios de Estado y proyectos estructurantes para el conjunto del país, se tenga en cuenta la variable de que esta crisis sanitaria afecta fundamentalmente al sector turístico, que el 70% de la población canaria vive del sector servicios, y que por lo tanto hagan llegar estos fondos a Canarias teniendo en cuenta esta circunstancia”.

Pero preguntado sobre si ese planteamiento había sido bien recibido por el resto de presidentes, sólo acertó a reconocer que sus «aportaciones han quedan recogidas», confiando en que a la hora de la verdad esos criterios se tengan en cuenta. Explicó una vez más en este sentido que Canarias apoyó una distribución «que no nos beneficiaba» de los primeros fondos covid en función de parámetros epidemiológicos, e insistió en que «de la misma manera, creo que es justo que ahora se tenga en cuenta el coste económico y social de la pandemia».

De hecho, él mismo recordó que algunos presidentes autonómicos se quejaron de que los dos archipiélagos recibieran más ayudas directas a las empresas (1.144 millones para Canarias), y utilizó este ejemplo para sacar pecho por la gestión de esas ayudas frente a otros gobiernos regionales. «Algunas comunidades, igual no se gastan el dinero que les llega y son en algunos casos 10 o 20 millones menos de los fondos que llegan a Canarias. Todas tenemos que cumplir unas reglas, y si otras comunidades tienen dificultades, esa es la forma más clara de ver que nosotros necesitamos más ayuda por parte del Gobierno de España y de la UE», recalcó.

«Lo hemos pasado muy mal. Canarias es la única RUP de España, tenemos una situación económica difícil y compleja agravada por esta crisis», explicó Torres antes de señalar que «de no haber llegado la pandemia, estaríamos en unos parámetros muy buenos, pero nos va a costar más recuperar la economía, mientras otras comunidades están recuperando antes porque tiene sectores más diversificados. Estos fondos europeos deben servir también para que tengamos sectores económicos que ayuden a que Canarias sea mucho más resistente».

Solidaridad obligatoria

Con los mismos argumentos se refirió al debate abierto en la Conferencia de Presidentes sobre la revisión del modelo de financiación autonómica, sobre la que reclamó «introducir criterios y parámetros objetivos y actuales, como la pérdida de productividad, la pobreza estructural o la caída de la renta per cápita, es decir cuestiones que pongan sobre la mesa la realidad social y económica que tienen unas Comunidades Autónomas frente a otras”.

Torres aprovechó la cumbre autonómica para poner sobre la mesa una vez más el problema de los menores migrantes no acompañados y del coste que su tutela supone para las arcas canarias. Tras recordar que en estos momentos Canarias acoge a más de 2.500 niños y adolescentes migrantes no acompañados, exigió lo que llamó «solidaridad obligatoria» al resto de gobiernos regionales y a la propia UE, así como una «financiación suficiente, porque en estos momentos prácticamente todos los fondos provienen del Gobierno de Canarias». En este sentido, abogño por «cambiar la ley antes de final de la legislatura, o bien tomar una iniciativa legislativa en Canarias para que los menores no acompañados sea una competencia del Gobierno autónomo junto al Gobierno central y el resto de las comunidades».

Torres, que propuso que la próximo Conferencia de Presidentes se celebre en Canarias, evitó polemizar sobre la politización que el PP intentó en los días previos a la cita. «He escuchado mensajes tremendamente agresivos frente a esta Conferencia, pero dentro lo que he visto ha sido respeto y acuerdos». Lo cierto es que la cumbre de Salamanca ha terminado por ser de gran trascendencia por los importantes anunciados realizados por Sánchez. Primero anunció la compra de una remesa extra de 3,4 millones de vacunas contra el coronavirus que llegarán a España en agosto y que se repartirán entre las distintas regiones para avanzar en el objetivo de tener el 70 % de la población con la pauta completa de inmunización antes del final del verano.

El segundo gran anuncio de Sánchez fue que el Estado repartirá antes de diciembre un total de 10.500 millones de los fondos europeos entre los gobiernos regionales para que sean ellos quienes los gestionen, en base a las criterios establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRT), del total de 19.036 que Bruselas entregará a España. Será por tanto un 55 % el volumen de esos fondos de inminente entrega el que gestionarán las comunidades autónomas.