El Parlamento de Canarias se toma un respiro tras finalizar el período de sesiones abierto el pasado enero. Serán unas vacaciones cortas que tendrán que interrumpirse el 17 de agosto. Sus señorías se reunirán ese día para ver si rechazan o convalidan el decreto ley del Gobierno regional para costear el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los hoteles, apartamentos y demás alojamientos turísticos. Pero lo más relevante tras el parón estival llegará en septiembre, cuando se celebrará un pleno fuera de calendario en el que los 70 diputados deberán decidir si la Cámara recurre o no al Tribunal Constitucional (TC) por la vulneración del Régimen Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía –y por extensión de la Constitución misma– que las Cortes y el Gobierno central cometieron al modificar el fuero isleño ignorando el debido procedimiento y también a las instituciones del Archipiélago. Una violación del REF, del Estatuto y de la Carta Magna española que el Consejo Consultivo, a instancias de la Mesa del Parlamento –el órgano de gobierno del Legislativo canario–, ya ha corroborado.

El presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, explicó ayer durante el repaso a la actividad parlamentaria en lo que va de año que ya han quedado atrás los tiempos en que la institución cerraba de junio a septiembre y de diciembre a febrero. Los largos períodos entre sesiones tienden a desaparecer conforme se incrementa la carga de trabajo de los diputados en las sucesivas legislaturas. De hecho, entre el 1 de enero y el 29 de julio –ayer–, el Legislativo de la Comunidad Autónoma tramitó un total de 4.854 iniciativas de todo tipo: proposiciones de ley, proposiciones no de ley, interpelaciones, preguntas en pleno, preguntas por escrito, declaraciones institucionales... Son 623 más que en el mismo período del año pasado, un sensible incremento próximo al 15% en unos meses que Matos calificó de «intensos y complejos». No en vano, el Parlamento no cerró ni un solo día desde el estallido de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, lo que ha supuesto un esfuerzo extra para todos los trabajadores de la Cámara, subrayó su presidente.

Dos nuevas leyes

Gustavo Matos recordó que en este último período de sesiones se aprobaron dos nuevas leyes: la de modificación de la normativa que rige la actividad de los Cabildos insulares y la de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la que se refirió como un «hito» de la legislatura.

Además, la segunda autoridad de la Comunidad Autónoma también recordó que la última modificación del Estatuto ha posibilitado que el Ejecutivo canario dicte decretos leyes, los cuales deben pasar obligatoriamente por el Parlamento para su convalidación. Esto ha ocurrido hasta la fecha en diez ocasiones y volverá a ocurrir el 17 de agosto con el decreto sobre el IBI de los hoteles. En definitiva, la cada vez mayor actividad de la Cámara «es una evidencia, por lo que es justo trasladar a la ciudadanía que su Parlamento cumple como institución, tratando de estar a la altura del reto que suponen estos tiempos difíciles», señaló Matos. «Está siendo una legislatura más productiva desde el punto de vista legislativo», indicó.