La inexistencia de un mecanismo nacional de derivación de los menores inmigrantes, que permita realizar traslados ágiles a otras comunidades autónomas, está vulnerando la protección que las administraciones públicas están obligadas a ofrecer a los niños y niñas no acompañados que llegan a Canarias a bordo de pateras en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Así lo ratifica Unicef España en un demoledor informe en el que analiza la situación de la atención que se presta en el Archipiélago a este colectivo y la situación de sus recursos, a los que considera saturados e insuficientes. Por eso, reclama que se ponga en marcha una estrategia nacional para la atención de estos menores.

Desde finales de 2019 hasta principios de julio han llegado a Canarias 2.848 menores de edad. De ellos, 2.528 continúan dentro del sistema de protección de la infancia del Archipiélago, mientras que apenas 132 han sido trasladados a otras comunidades autónomas. El informe también constata que otros 188 han terminado fugándose de los recursos en los que están siendo atendidos.

Si bien Unicef valora el «considerable» esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias, y en menor medida los Cabildos, para abrir de manera progresiva recursos de acogida de emergencia para ellos, lo cierto es que «el sistema solo está preparado, en el mejor de los casos, para dar una respuesta adecuada y de calidad a 600 niños y niñas migrantes». Algo que afecta al proceso de inserción que deben seguir estos menores. La mayoría de ellos ha visto prolongada su acogida en centros de emergencia, en los que solo deberían permanecer de manera temporal, debido a la saturación de toda la red de centros residenciales.

Y esto no sería tan grave si las condiciones de estos recursos de emergencia fueran las adecuadas, pero el informe también alerta de que, al contrario de lo que ocurre con los centros de acogida integral, en los de emergencia visitados por los técnicos de Unicef para elaborar el estudio se pudo constatar como había «habitaciones compartidas por hasta 20 niños», que en algunos existían condiciones de higiene «con importantes deficiencias» y que algunos se encuentran alejados de los centros urbanos y están poco acondicionados para soportar, por ejemplo, las bajas temperaturas.

Sin embargo, son precisamente este tipo de centros los que albergan a la gran mayoría de los menores inmigrantes tutelados en el Archipiélago. En concreto, 1.500 niños de los 2.528 que permanecen en el sistema de acogida, residen en estos recursos de emergencia.

Unicef también evidencia que en estos recursos existe una «ratio de trabajadores claramente inferior» respecto a la que existe en centros residenciales más pequeños y de acogida integral. Además, se indica que en los recursos de emergencia «hay una ausencia generalizada de procesos de escolarización y Formación Profesional» e indica que solo 416 niños y niñas menores de 16 años estaba escolarizado el curso pasado.

El informe destaca la saturación de los recursos para determinar la edad de los adolescentes que llegan a las Islas. Unicef señala que los procedimientos basados en pruebas radiológicas son una práctica excesivamente generalizada en Canarias, ya que solo deberían realizarse en caso de duda. Algo que está provocando retrasos en este proceso, que puede demorarse más de un año. De esta manera, todavía está pendiente de determinar la edad de 1.753 menores, es decir, un 85% de los que residen en recursos de emergencia y un 13% de los que se encuentran acogidos en centros residenciales gestionados por los cabildos.

Unicef también certifica que los 10 millones adicionales que el Estado aportó a Canarias para reforzar el sistema de protección son «limitados», lo que ha obligado a la Comunidad Autónoma a afrontar retos «en solitario», ya que en comparación con el apoyo que se Gobierno central prestó durante la Crisis de los Cayucos de 2006 es el actual ha sido mucho menor, no solo en términos financieros, sino también respecto a la política de traslados.

Por eso, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas insiste en que «ninguna comunidad puede por si sola atender situaciones de contingencia de esta naturaleza de manera adecuada», y reclama que se ponga en marcha una estrategia nacional que «garantice responsabilidades compartidas de manera equitativa» entre las diferentes regiones.