Los trabajadores de las empresas del grupo industrial JSP, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores, no daban ayer crédito a la negativa del Parlamento de Canarias al rescate de la firma. «Estamos totalmente decepcionados y entendemos que no hay voluntad política; si esto pasara en Cataluña o en el País Vasco, ningún político miraría para otro lado», explicó Sergio Arvelo a las puertas de la sede de la Cámara, donde decenas de empleados de JSP se manifestaron para pedirle ayuda a la primera institución del Archipiélago. El presidente del comité de empresa de Celgán –una de las filiales del grupo industrial– expuso que la plantilla, que integran alrededor de medio millar de asalariados, no está cobrando sus nóminas. Las familias ya empiezan a pasarlo mal para llegar a fin de mes e incluso hay quienes no pueden seguir pagando el alquiler de la vivienda, con lo que se han visto obligados «a volver a la casa de sus padres», lamentó.

En esta situación, los trabajadores confiaban en un apoyo unánime del Parlamento a la propuesta de la diputada de Coalición Canaria (CC) Rosa Dávila, que defendió ante el pleno de la Cámara la necesidad de un fondo de apoyo o de rescate que le garantice a JSP un mínimo de solvencia. De hecho, Arvelo, del sindicato UGT, aseguró que tanto Román Rodríguez, consejero de Hacienda y líder de Nueva Canarias (NC), como Casimiro Curbelo, su homólogo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se habían comprometido a secundar la propuesta de la nacionalista. «En el mismo patio del Parlamento, Román Rodríguez le dijo a Rosa Dávila que trajera la iniciativa», insistió el presidente del comité de empresa de Celgán, que corroboró así lo que ya había afirmado la diputada de CC. La exconsejera de Hacienda afirmó que si había subido a la tribuna del Salón de Plenos para defender la propuesta fue porque así se lo habían pedido tanto Rodríguez como Curbelo. Y también la consejera de Economía, Elena Máñez, «para salvar a la empresa del desguace», aseveró Dávila.

La propia Máñez, días atrás, apuntó que el Gobierno de Canarias llevaba tiempo estudiando la viabilidad de crear un fondo de solvencia, antes incluso de que el futuro de JSP se viera comprometido. Pero lo cierto es que, al final, la iniciativa no contó con los apoyos de los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo regional –ASG, Podemos, NC y PSOE–, con lo que no prosperó. «¿Acaso pensaba que iban a apoyarla?», le preguntó a Dávila, de forma irónica, el diputado del PP Manuel Domínguez. «Su escudo social hace aguas», le recriminó el popular al Gobierno.

Jesús Ramos, de la ASG, y Manuel Marrero, de Podemos –«su discurso nos dio vergüenza ajena, habíamos hablado con ellos y también se habían comprometido», aseguró Arvelo–, acusaron a Dávila de dar falsas expectativas a los trabajadores. Luis Campos, de NC, indicó que las ayudas públicas exigen un plan de reestructuración –«esto no va de dar dinerito», subrayó–, y el socialista Manuel Abrante argumentó que en la crisis financiera cerraron 10.000 empresas sin que nadie en los «gobiernos nacionalistas» –durante años con el apoyo del PSOE– «se rasgase las vestiduras».

«Han abandonado a los trabajadores a su suerte, en manos de depredadores», contestó Dávila aludiendo a la posible entrada en JSP de algún fondo de capital riesgo.