Las policías locales de Canarias pasan por un momento complicado en un contexto en el que la sociedad demanda firmeza a los cuerpos de seguridad para evitar conductas irresponsables por quienes no respetan la normativa anticovid. Se estima que, de media, no tienen cubiertos más del 30% de los puestos. Así lo aseguran el portavoz del CSIF en el Archipiélago en este ámbito, Armando Martín, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local en las islas (Feajespol), Pedro Gordillo. Hay casos muy significativos, como La Laguna, donde los sindicatos reclaman, entre otras cosas, que la corporación afronte la carencia de cerca del 50% de los recursos humanos, puesto que los agentes operativos están al límite tras el escenario generado por la pandemia, «por lo que el asunto no se puede seguir resolviendo con servicios extraordinarios» (horas extras), como recuerda Domingo Chávez, del sindicato STAP, que añade que el bloqueo que se genera a nivel municipal y autonómico para la convocatoria de plazas también agrava la situación. Según afirmó CSIF en Twitter, el pasado sábado había dos patrullas para todo el municipio.
En opinión de Armando Martín, dos años después de que entrara el actual grupo de gobierno en el Ejecutivo canario, «la situación está peor que antes», sobre todo por la pérdida de recursos humanos que generó la posibilidad de que policías y mandos pudieran prejubilarse con 59 o 60 años. Y creen que los ayuntamientos han sido incapaces de cubrir las vacantes.
La consecuencia, señala Martín, es que las policías locales «están ahora bajo mínimos históricos, siendo imposible la convocatoria de las plazas de manera ágil y acelerada, puesto que la normativa vigente hace que estos procedimientos sean muy complejos». Según el CSIF y fuentes de la Dirección General de Seguridad, el periodo desde que se convocan las plazas hasta que los agentes toman posesión puede durar dos años. Y eso si no hay recursos que retrasen aún más el proceso.
Además, para el CSIF, desde mediados del 2019, el Gobierno regional «ha estado inoperativo en lo que se refiere a las policías locales» por “una dejación completa de los políticos”. Explica que ha existido una partida para apoyar a los consistorios en recursos materiales, pero, según Martín, «se ha invertido cero euros».
CSIF considera que la situación está peor que hace dos años y critica la labor del Gobierno canario
Gordillo explica que casi una tercera parte de las policías locales no prestan servicio de noche por falta de personal. A juicio de este mando, la situación se da en plena pandemia, cuando “nos hemos tenido que reinventar” para afrontar a la situación, donde se ha generado «casi un Estado policial», aunque los recursos humanos de policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional no sean suficientes.
Para Gordillo, resulta complicado frenar conductas incívicas como los botellones o las fiestas privadas sin suficientes agentes. «Es difícil abarcar todo», sobre todo si las fiestas y celebraciones tienen lugar «en el ámbito privado». Aclara que, además de las jubilaciones, están las bajas e incapacidades temporales. Por ejemplo, aclara que en Puerto del Rosario, de los 50 agentes que debería haber, ahora apenas están operativos poco más de 30. Y uno de los retos de mandos y policías ha sido cómo interpretar las directrices del Gobierno del Estado en cada ocasión.
Sí se ha constituido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias la Comisión de coordinación de las policías locales en las últimas semanas. Se han creado mesas de trabajo para el proyecto de criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los policías locales, así como para el anteproyecto de la Ley de Coordinación de este colectivo profesional. Armando Martín indica que «es necesaria la adecuación» de la norma de acceso, formación y movilidad porque en la misma hay «artículos desfasados e, incluso, derogados». Para Martín, la modificación generará un sistema selectivo más ágil y que el Gobierno canario asuma la convocatoria unificada de plazas para el conjunto de las policías locales.
Así se libera a los ayuntamientos de efectuar todo ese trámite, que resulta más difícil en los consistorios con una plantilla reducida de funcionarios. Fuentes de la Dirección General de Seguridad explican que ya se han celebrado dos reuniones de la Mesa de Coordinación y que la tercera será el 12 de agosto. La intención del Ejecutivo con la convocatoria unificada de plazas es realizar un inventario con las necesidades de todos los municipios y llevar a cabo un único proceso de selección para después distribuir a estos por cada ayuntamiento.
Sobre que el Gobierno regional no ha realizado gastos en recursos materiales para las policías locales, desde la Dirección General recuerdan que son los consistorios de cada municipio los que deben asumir tal inversión; pues el Ejecutivo abona las necesidades de la Policía Autonómica. Y advierten de que ya la Consejería gasta cada año más de 600.000 euros en formación. No obstante, explican que la vía de reparto más equitativo debe efectuarse a través de las demandas que recoja la Fecam.
