El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos ha tumbado la cuantiosa adjudicación del Ayuntamiento de Pájara a la abogada Sandra Rodríguez –vocal de la comisión de ética del PSOE canario– para que esta y una firma asociada, el bufete gallego Delfa Losa, le prestaran al Consistorio los servicios de asesoría jurídica externa. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Rodríguez y el despacho de Santiago de Compostela, que tiene una sucursal en el municipio tinerfeño de Arona, se había hecho con el jugoso contrato –valorado en 1.196.459,76 euros– porque la mesa de contratación, presidida por el también socialista Farés Roque Sosa, le dio más puntos de los debidos. En concreto, el Tribunal de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma constata en su resolución, a la que ha tenido acceso este diario, que la mesa de contratación infló la puntuación de la UTE en el apartado de la formación. «La mesa de contratación se excedió en la valoración efectuada, no siendo correcta la puntuación otorgada de seis puntos, sino que únicamente correspondía otorgar dos puntos por la formación realizada», reza el dictamen. Esos cuatro puntos de más fueron los que auparon a la letrada vinculada al PSOE y a su colega Delfa Losa –hija de Chicho Losa, un histórico del socialismo gallego– para que su oferta quedara en primera posición y lograran así el contrato del municipio de Fuerteventura. Ha sido un recurso de la firma Montero Aramburu, el bufete que en primera instancia había resultado adjudicatario del servicio de asesoría jurídica, el que ha dado lugar a la resolución del Tribunal de Contratos. La resolución anula la adjudicación a la UTE Rodríguez-Losa y ordena retrotraer el procedimiento administrativo al momento de la valoración de méritos de las empresas licitantes.
Sandra Rodríguez, que también es la representante legal del senador y concejal de La Laguna Santiago Pérez en la denuncia del caso reparos –el segundo intento de Pérez contra el expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo tras el archivo del caso grúas –, no tiene los recursos necesarios para prestar un servicio jurídico integral en solitario, por lo que se asoció con el bufete de La Coruña para pujar por el contrato de la corporación local majorera. La concejalía del Ayuntamiento de Pájara que promueve la contratación de la asesoría externa es la de Personal, Régimen Interior, Parques y Jardines, Agricultura, Ganadería, Pesca y Cultura, que dirigía el susodicho Farés Roque Sosa. El Consistorio justifica la necesidad de contar con asistencia letrada por la «complejidad» de la gestión local, que «supera lo que se pudiera imaginar de un Ayuntamiento de algo más de 20.000 habitantes», según consta en la memoria del contrato que firma el propio Sosa, en su momento candidato del PSOE a la alcaldía del municipio majorero. «La litigiosidad que tiene nuestra corporación es muy superior a los [sic] de otras instituciones de características formalmente similares», continúa la memoria, fechada el 11 de noviembre de 2020 y donde se explica que el Ayuntamiento no tiene suficientes asesores y letrados porque no están cubiertas todas las plazas.
El alto valor del contrato llamó la atención de varios despachos. Hasta seis bufetes pujaron para hacerse con la asesoría jurídica de Pájara. El anuncio de licitación y los pliegos se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de noviembre. La mesa de contratación se reunió el 20 de enero. Montero Aramburu obtuvo la puntuación más alta, un total de 97,87 puntos. En segundo lugar quedó Domínguez Vila Abogados, con 97,42, mientras que la oferta de la UTE de Sandra Rodríguez acabó relegada a la tercera posición con 95 puntos. Sin embargo, Travieso Abogados, otra de las firmas licitantes, alegó que su propuesta no había sido debidamente calificada, mientras Rodríguez y Delfa Losa pidieron que se revisara la documentación.
Segunda reunión de la mesa
El alegato de Travieso no prosperó pero sí el del bufete coruñés y la letrada tinerfeña. De hecho, su oferta pasó de golpe a la primera posición. La UTE había obtenido diez puntos por la categoría profesional de Bernardo Díez García, secretario interino de la Administración que ejercería de letrado-coordinador del servicio si la unión de empresas se hiciera con el contrato. Tras revisar su decisión, la mesa, reunida por segunda vez el 4 de febrero y presidida por Farés Sosa, les dio a Delfa Losa y Sandra Rodríguez la máxima puntuación (100) y, por tanto, les adjudicó el servicio de asesoría jurídica. Pero lo hizo de forma indebida.
Resulta que en los pliegos consta que los cursos oficiales de derecho administrativo se valorarían con dos puntos, pero con dos puntos en su conjunto, y lo que hizo la mesa es darle a la UTE dos puntos por cada uno de los cursos realizados por Díez García. Tres cursos, seis puntos, con lo que Rodríguez y su colega se quedaban con la adjudicación. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos ha dicho que no, que la adjudicación es nula. «No correspondía atribuir dos puntos por cada curso realizado, sino que el subcriterio fija dos puntos por la realización de los mismos, en general, es decir, lo que se valora es que se hayan realizado cursos en la materia de derecho administrativo, no el número de los mismos, en tanto dicha posibilidad no se contiene en modo alguno en el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), como tampoco lo refiere para el resto de subcriterios: titulación de doctor en derecho, máster, título escuela práctica jurídica».
La resolución del Tribunal de Contratos, fechada el 17 de junio, pone punto final a la vía administrativa, con lo que solamente cabría un recurso por cauces judiciales, en concreto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
