Un vacío legal permite a la diputada Vidina Espino seguir en el grupo al que pertenece, el Mixto, pese a darse de baja de Ciudadanos (Cs), lo que supone mantener intactos todos sus derechos como parlamentaria igual que hasta ahora. La Mesa del Parlamento es consciente de esta situación y por ello solicitará un informe a los servicios jurídicos para que determinen si Espino tiene que pasar a la condición de no adscrita, como sucedió con Sandra Domínguez cuando dejó el grupo de Nueva Canarias (NC), o si, por el contrario, se mantiene en el grupo Mixto hasta que se modifique el reglamento de la Cámara para aclarar la situación. Otro camino han seguido algunos grupos parlamentarios y tanto NC como Podemos quieren que sea el Consejo Consultivo el que emita un dictamen al respecto.

El reglamento tiene una «laguna» pero también una «contradicción», advierten fuentes de la Cámara ya que si un diputado abandona su grupo parlamentario es considerado no adscrito, mientras que si pertenece al grupo Mixto y deja el partido por el que se presentó a las elecciones no se aplica la misma regla. Y las diferencias son elocuentes porque, en aplicación del pacto antitransfuguismo, el cargo electo que deje o sea expulsado de su partido ve recortados sus derechos tanto a la hora de ejercer su labor como sus retribuciones y demás emolumentos económicos a los que pudiera acceder. En el Parlamento un diputado no adscrito tiene reducidas sus opciones de intervenir en el pleno, solo puede participar en una comisión y tienen limitadas sus funciones así como sus ingresos, que se limitan al sueldo de parlamentario si pide dedicación exclusiva.

El hecho es que a día de hoy no hay una postura clara de los letrados del Parlamento en torno a la situación en la que queda la diputada, aunque se tendrán que pronunciar porque la dirección de Cs ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento en el que se reclama que se declare tránsfuga a Vidina Espino. La Mesa ha dado traslado a la parlamentaria de la petición de su expartido y ahora tendrá 10 días para presentar alegaciones. Después la Mesa solicitará informe a los servicios jurídicos e incluso no se descarta que se acuda también al Consultivo dada la complejidad del asunto, como también han reclamado NC y Podemos. Espino tiene a su favor la literalidad del artículo 27.3 del reglamento de la Cámara que especifica que «los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo –referidos a los diputados no adscritos por salida o expulsión de su partido– no serán de aplicación a quienes integren el Grupo Mixto».

Prerrogativas

Por su parte, NC y Podemos han solicitado que el Consejo Consultivo analice las prerrogativas que tienen los diputados del grupo Mixto que, al abandonar la formación política con la que concurrieron a las elecciones, mantienen intactos todos sus derechos, incluidos los económicos. Las dos formaciones consideran que hay un vacío en el reglamento que es contrario al pacto antitransfuguismo. Nacionalistas y morados entienden que los miembros del Mixto gozan de una situación privilegiada o, dicho de otra forma, con la composición del Legislativo en esta X Legislatura se produce un «agravio comparativo» con los parlamentarios restantes.

El portavoz de NC en la Cámara, Luis Campos,  considera que el contenido literal del artículo 27.3 implica que la diputada «mantiene intactos todos los derechos» desde el sueldo por exclusividad, dietas, capacidad de intervención en los plenos y comisiones y demás prerrogativas que se les reconoce por el hecho de ser miembro del grupo Mixto aunque haya abandonado su partido.

El objetivo, tal y como explica Campos, es que «se aclaren las dudas interpretativas, antinomias jurídicas o vacíos normativos» en el reglamento que «pudieran ponerse de manifiesto» con el fin de cumplir el pacto antitransfuguismo y «evitar incurrir en un trato desigual» en el ejercicio del mandato representativo con respecto al resto de los parlamentarios que «no formen parte» del grupo Mixto para futuras legislaturas y no solo por este caso concreto.

El escrito presentado por Cs ante la Mesa del Parlamento fue analizado el jueves y se dio traslado del mismo a la parlamentaria afectada. En el mismo, la formación naranja alude también a que esta situación en los términos del pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos políticos (Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas, aprobado por la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo en la sesión del día 11 de noviembre de 2020), tendrá la consideración de tránsfuga. Para Cs Espino entra en esta consideración. Ahora la pelota está en los letrados del Parlamento y en el Consultivo.