La diputada regional del grupo Nacionalista Canario Rosa Dávila ha pedido este viernes al Gobierno de Canarias que rescate a la empresa JSP con el objetivo de evitar su cierre, pues es "estratégica" para el archipiélago.
En un comunicado Rosa Dávila ha reprochado además al presidente Ángel Víctor Torres que no se haya mostrado "firme" en la defensa de los intereses de los trabajadores ni del mantenimiento del tejido productivo “en una situación económica y social tan dura como estamos viviendo”.
Para encontrar una solución, tras varias reuniones con los trabajadores de JSP, Dávila defenderá en el próximo pleno del Parlamento regional una proposición no de ley con el objetivo de que la Cámara inste al Gobierno de Canarias a aprobar mediante un Decreto Ley “un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas Canarias” dotado de 50 millones de euros.
Este mecanismo permitiría dar “apoyo público temporal” para garantizar la solvencia de las “empresas no financieras que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo canario” como es el caso de JSP, cuyo cierre causaría la pérdida de “500 empleos directos y casi 2.000 indirectos en toda Canarias”, añade la parlamentaria.
Para el grupo Nacionalista Canario “es exigible al Gobierno una decisión firme al respecto y que declare a JSP empresa estratégica canaria” por su importancia el tejido productivo, por el impacto en la destrucción de empleo, tanto directo como indirecto, y el efecto arrastre sobre otros sectores, otras empresas proveedoras y pequeños acreedores.
El rescate de JSP por parte del Gobierno de Canarias, incide la diputada en esta PNL, es imprescindible para garantizar los empleos y la unidad del grupo industrial y el Ejecutivo debe reafirmarse en su compromiso de buscar empresas canarias que, con las condiciones firmadas el pasado 2 de julio, entren en el capital social del grupo, asegurando así su continuidad.
En citado acuerdo perseguía una salida pactada, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que garantizara el mantenimiento del grupo empresarial y de los puestos de trabajo, a través de una entrada ordenada en concurso de acreedores.
Sin embargo, la situación actual, tal y como la ha planteado la empresa, es muy distinta a la propuesta hace apenas 20 días, ya que JSP ha entrado en concurso voluntario el pasado 12 de julio sin acuerdo entre los acreedores, por lo que su objetivo es “subastar los medios de la empresa para saldar las deudas especialmente con los bancos, lo que la llevará a su desmantelamiento definitivo de la empresa si el Gobierno de Canarias no lo impide”, advierte Dávila.
