La patronal cree que la Comunidad Autónoma no debe limitarse a constatar el error del Estado en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Los representantes de los empresarios entienden que el Gobierno de Canarias –que está preparando una mesa de técnicos y economistas para analizar a fondo el asunto y elevar sus conclusiones a Madrid– tiene que reaccionar cuanto antes. Y tiene que hacerlo de dos maneras: por un lado, asegurándose de que en el Instituto Nacional de Estadística (INE) tengan en cuenta a partir de ahora que en las Islas no se aplica el IVA, sino el IGIC, con lo que el peso de los impuestos en el PIB es menor que en la Península y Baleares; y, por otro lado, exigiendo que se compense al Archipiélago por la pérdida de fondos europeos causada por el inadecuado cálculo del INE.
El estudio El PIB de Canarias y de sus economías insulares, de Domingo Jesús Lorenzo Díaz, profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna, ha destapado que el Estado también pasa por alto el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el cálculo del PIB autonómico, lo que ha generado en la patronal desconcierto e indignación a partes iguales. El PIB es la suma del valor de los bienes y servicios producidos y de los impuestos aplicados a esos productos. En el caso de los tributos, la cifra más importante es la del impuesto indirecto que grava el consumo: el IVA en la Península y el IGIC en Canarias. El tipo general del IVA es el 21% y el del IGIC es el 7%, tres veces menos. Una menor carga impositiva que es resultado del REF, la herramienta que compensa los mayores costes de la insularidad y la lejanía respecto del continente. Sin embargo, el INE hace tabla rasa y estima la cuantía de los impuestos en cada uno de los PIB regionales sin distinción alguna, es decir, trata a Canarias como si aquí también se aplicara el IVA, con lo que infla de forma artificiosa el PIB –la riqueza– de las Islas. Esto causó que en el reparto de los fondos comunitarios para el período 2014-2020 el Archipiélago apareciera a ojo de Bruselas como una comunidad más rica de lo que en verdad era y, en última instancia, que se perdieran 840 millones. «Si no saben [en Madrid] que tenemos un REF como van a saber que tenemos IGIC», subrayó ayer el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García.
Pérdida de 840 millones por el engorde del PIB
Tanto el número dos de la patronal de la provincia de Las Palmas como el secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, explicaron que el olvido del Estado a la hora de descontar el diferencial fiscal del PIB de Canarias evidencia la necesidad de extremar la vigilancia de los datos que Madrid envía a Bruselas. Hace falta, por tanto, un órgano de control.
«Es necesario un seguimiento desde Canarias para verificar que los datos que se aportan son reales», expuso el representante de la CEOE-Tenerife, quien agregó que lo que está en juego son «las garantías jurídicas y financieras» de la Comunidad Autónoma, las mismas garantías consagradas en el REF y en el Estatuto. «Ya estamos tardando en crear una comisión o un órgano interdepartamental, formado por tres o cuatro técnicos, que vele por los intereses de Canarias y que se encargue de revisar toda la información que afecta al REF o a la condición de región ultraperiférica de las Islas», ahondó José Cristóbal García, que lamentó que nadie se haya «responsabilizado» aún de lo sucedido, lo que refuerza la necesidad de ese órgano, comisión o equipo técnico que corrobore que lo que dicen las grandes magnitudes macroeconómicas se ajusta lo más posible a la realidad. «Lo que no puede ser es que seamos nosotros, que hemos tenido que advertir de incumplimientos del REF, o que sea un profesor universitario quienes reparen y saquen a la luz cuestiones de tanta importancia para Canarias», afirmó el vicepresidente de la CCE.
Por su parte, Pedro Alfonso apuntó que al margen de esa comisión autonómica para detectar los olvidos o despistes de los órganos del Estado en la información oficial, la patronal también echa en falta un «compromiso» común de todas las fuerzas políticas del Archipiélago para solicitar a Madrid y Bruselas medidas compensatorias de la pérdida de esos 840 millones de euros por el engorde del PIB. En este sentido, el secretario general de la CEOE-Tenerife recordó que aún pueden sufragarse determinadas partidas de gasto con cargo a los presupuestos comunitarios para 2014-2020, y en todo caso también pueden hacerse ajustes en el nuevo presupuesto europeo –el del septenio 2021-2027– para llevar a cabo la compensación. «Pero habría que llegar a un compromiso de todas las fuerzas políticas para exigir esas medidas compensatorias», insistió Alfonso, que aseguró que, con «voluntad política», el error en el cálculo del PIB «se puede solventar no solo con una disculpa, que no estaría mal, sino también con la debida compensación».
