La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, deslizó ayer una acusación de prevaricación en los años de la nacionalista Inés Rojas al frente del departamento por el gasto realizado para instaurar un gestor de expedientes en el área de Dependencia que al final quedó sin usar. Sin embargo, la también líder de Podemos aseguró que en lugar de denunciar esa supuesta prevaricación optó por centrarse en el desarrollo de un nuevo gestor de expedientes.

Durante una entrevista en el programa Hoy por hoy el drago, de la Ser, la representante del Ejecutivo autonómico explicó que la implantación de un gestor de expedientes se ha ralentizado por los recursos de dos de las firmas licitadoras ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Santana agregó que este es un derecho de las firmas que han concurrido y que, por tanto, a la consejería no le queda más remedio que esperar a que se resuelvan estos recursos, porque en caso contrario, «estaríamos prevaricando». Y deslizó: «A lo mejor eso se haría antes». A preguntas de Evaristo Quintana, Santana puntualizó de inmediato que no sabía si se había prevaricado o no, pero que «tuvimos un gestor de expedientes en la consejería para Dependencia que costó un millón de euros y no sirvió para nada» porque, ahondó, el personal de la consejería lo veía «inútil». «Extraño, como mínimo, me suena», remató.

Con todo, la consejera, que expuso que esto ocurrió en tiempos de Rojas al frente del departamento, no denunció. «Yo no tengo por qué denunciarlo», señaló, «estuvieron dos consejeras antes que yo que si entendían que esto era una irregularidad podían haber denunciado».

Santana también deslizó una pretendida vinculación de determinados «portavoces» del comité de empresa de la consejería con la oposición para desacreditar las críticas del comité a su labor. «No entiendo que cuando estaban las cosas peor no hubiera tanto comunicado», ahondó. La podemita explicó que «otros trabajadores de la casa» le han hablado sobre esos supuestos vínculos.