Los senadores del grupo Popular Asier Antona y Borja Pérez Sicilia reclaman a la directora general de Costas la paralización de las órdenes de derribo de notificadas a 50 familias de Puntalarga y El Faro, en La Palmas. Además de solicitar una reunión urgente con Ana María Oñoro para tal fin, el PP presentará una Proposición de Ley para que el Gobierno de España modifique la Ley de Costas y de respuesta a los poblados costeros amenazados en la actualidad por la piqueta.

Los populares tratan con ello de que se permita la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Concretamente, apunta Antona en un comunicado, en esta proposición se pide que se tenga en consideración y que se añada, en la Ley, una disposición adicional para salvar a núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, a aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o residencias que cumplan con una serie de características como, «que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados».

Dichos valores, según la idea del PP, se acreditarían por el ayuntamiento en el que se ubiquen, que lo solicitará al Ministerio que tenga la competencia atribuida en costas acompañando un dictamen favorable de la Comunidad Autónoma en el que radiquen.

Además, la propuesta requiere que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico y que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.

Por su parte, Pérez Sicilia señala que esta proposición también recoge que los núcleos urbanos catalogados por la Administración de Estado como zonas urbanas con especiales valores etnológicos, «serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección», señala.