La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, reconoció ayer en el pleno del Parlamento la implicación del Gobierno para buscar una solución que permita la continuidad de la actividad de la empresa JSP y de sus trabajadores. Un día después de que la compañía presentase la declaración de concurso voluntario de acreedores, Máñez defendió la mediación del Ejecutivo para que el pasado 2 de julio se alcanzara un acuerdo entre los representantes de la empresa y los empleados «en aras de buscar esa garantía de futuro para una empresa estratégica para Canarias».
Unas actuaciones que para la diputada de Coalición Canaria (CC), Rosa Dávila, han sido claramente insuficientes. «No mediaron en la quita, ni han ofrecido aval», destacó y recalcó que «un buen presidente se hubiera puesto al frente del rescate de esta importante industria canaria».
