El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prepara un plan de atención y acogida a menores migrantes no acompañados que contempla de manera expresa, aunque imprecisa y sin calendario, el reparto de los mismos entre las diferentes comunidades autónomas, pero no establece ninguna medida concreta a corto y medio plazo y se limita al establecimientos de un protocolo compartido entre las distintas administraciones. Aunque paralelamente a ese plan el departamento que dirige la ministra Ione Belarra también aborda en el seno de la conferencia sectorial de Asuntos Sociales el problema de la situación en que se encuentran Canarias, con más de 2.550 menores no acompañados tutelados en este momento por las instituciones de las Islas, y de Ceuta tras la crisis en la frontera con Marruecos de mayo pasado, no contempla un mecanismo específico y permanente para su distribución entre los diferentes territorios del Estado.

Las propuestas y planes que tiene el Ministerio encima de la mesa distan considerablemente por tanto de las medidas que solicita la Consejería canaria de Derechos Sociales, en manos de la compañera de partido de Belarra, Noemí Santana, y los cabildos insulares, y de las propias recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en su informe del pasado mes de febrero derivado de la crisis migratoria en el Archipiélago desde un año y medio. En dicho informe, la institución que preside Francisco Fernández Marugán señala que «no es posible que la entidad de protección de menores canaria asuma en solitario la acogida inmediata y la posterior integración» de los más de 2.600 menores que se encontraban bajo su custodia en el momento en que se elaboró el documento, y solicitaba expresamente un plan concreto y urgente de reparto y derivaciones a otros territorios.

En una reciente respuesta del Ministerio de Belarra al senador de CC, Fernando Clavijo, se asegura que «la situación de la Comunidad Autónoma de Canarias, como la vivida en la Ciudad Autónoma de Ceuta y otras anteriores, ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de una estrategia estable para la integración de los menores extranjeros no acompañados que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso y que asegure la corresponsabilidad de todas las Comunidades Autónomas en la atención y acogida de las niñas, niños y adolescentes que llegan solos a España». Añade que «esta estrategia ha de contener, entre otros aspectos, criterios estables y consensuados de distribución de plazas y de derivación, un protocolo de actuación y de traslado y un modelo compartido de atención».

El senador nacionalista se había interesado por los planes de Derechos Sociales para los menores migrantes no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares y preguntaba si tenía intención de convocar al conjunto de Comunidades Autónomas para adoptar una fórmula de distribución solidaria como había hecho de forma inmediata para los entre 2.000 y 3.000 que se calcula que entraron en Ceuta en la crisis de la frontera marroquí.

La respuesta ministerial asegura que en el plazo de dos meses se presentarán al Consejo Territorial de Servicios Sociales los trabajos concluidos relativos al protocolo de traslados y el Modelo Compartido de Atención Integral a la infancia y adolescencia migrante no acompañada. Este protocolo, según explica la información ministerial, «se encuentra pendiente de su puesta en común con las administraciones competentes, las organizaciones de infancia y los departamentos ministeriales afectados, con el fin de lograr el consenso». El objetivo es que Consejo Territorial aborde, en el plazo mencionado, la discusión y, «si procede», aprobación de la estrategia para la integración de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.

La única referencia expresa a las demandas canarias en este ámbito señala que «la ejecución de dicha estrategia servirá, además, de impulso para atender la situación de los menores migrantes que se encuentran en Canarias y en Ceuta». «El Gobierno no ha dejado ni va a dejar sola a la Comunidad Autónoma de Canarias», resalta la respuesta ministerial a Clavijo, antes de recordar la partida de 10 millones aprobada por el Ejecutivo central para la acogida de menores migrantes no acompañados que tutela la comunidad canaria.

También recuerda que en diciembre del año pasado se convocó una reunión de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial en la que se trató la situación de estos menores y «la disponibilidad de las comunidades autónomas para una acogida solidaria de estos». Esto se concretó en que trece gobiernos regionales se han ofrecido a acoger 217 menores procedentes de Canarias y de cuyos traslados son responsables las entidades públicas autonómicas competentes en protección.

Plan plurianual

El departamento de Belarra asegura que sí se están atendiendo en todas estas iniciativas las recomendaciones que el Defensor del Pueblo le dirigió en mayo y que para ello se han iniciado los trabajos necesarios para la elaboración del Plan estratégico plurianual para la recepción, acogida e integración de los menores extranjeros que llegan solos a España. Según explica el Ministerio, «para la consecución de estos trabajos se tendrán en cuenta los criterios de distribución y reparto de plazas de acogida en las Comunidades Autónomas que se han seguido en las crisis de la Comunidad Autónoma de Canarias y de Ceuta».

Sin embargo, CC cuestiona la efectividad del plan estatal y apela a las herramientas que ya contempla la actual ley orgánica de Extranjería y a la que, recuerdan, se remite también el propio Defensor del Pueblo. Según esta apreciación, son tres las herramientas que la reforma de 2009 establece en este sentido: la elaboración de un plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados, impulsado por la Administración General del Estado; el reparto entre las comunidades autónomas de los menores que han llegado a Canarias; y la firma de convenios con fundaciones y otras entidades para la asunción de la tutela ordinaria.

CCOO exige estabilidad

CCOO exige que el acuerdo estatal para dar estabilidad a los empleados públicos interinos se extrapole al personal de la Administración y las ONG que trabajan con inmigrantes. Las Islas deben contar, desde su punto de vista, con una estructura permanente de personal, alejada de la provisionalidad y la urgencia, que garantice unos procedimientos que respeten los derechos humanos y también la salud y la seguridad de todos los agentes que intervienen en los dispositivos humanitarios que se activan cada vez que arriba una patera.