Los canarios podrán seguir comprando vía online sin tener que pagar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) siempre que la operación no supere los 150 euros.

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Román Rodríguez, anunció este miércoles que se mantendrá la franquicia fiscal del IGIC para el comercio electrónico en artículos y servicios de 150 euros o menos. Es decir, que las adquisiciones por Internet, que a efectos fiscales se consideran importaciones –un comprador del Archipiélago trae un bien o recibe la prestación de un servicio desde el exterior–, no implicarán el pago del impuesto que grava el consumo en la Comunidad Autónoma. En este sentido, las Islas se convierten en una excepción, ya que la franquicia del IVA –el gemelo del IGIC en el resto del territorio español–, fijada en 22 euros, se eliminó el día 1 de este mes. Canarias, en cambio, mantendrá su bonificación, avanzó Rodríguez en una comisión parlamentaria en la que también anunció que se van a simplificar los trámites de autodespacho para los consumidores, de modo que las empresas transportistas no puedan unilateralmente generar sobrecostes.

El vicepresidente respondió de esta manera a preguntas del diputado del PSOE Iñaki Lavandera y la diputada de Ciudadanos Vidina Espino, quien responsabilizó a la burocracia y a unos trámite aduaneros que son «un infierno» de que cientos de páginas web de venta de productos excluyan a las entregas en Canarias, informó Efe.

Espino propuso la creación de una comisión en la que participen operadores de comercio electrónico y comercio tradicional, junto a los consumidores, para buscar soluciones que permitan la coexistencia de los dos sistemas. Por su parte, Lavandera dijo que los problemas con el comercio electrónico obedecen a que Canarias es un territorio fiscal diferente, y defendió que se adopten medidas para facilitar el autodespacho.

El vicepresidente y consejero de Hacienda indicó que la nueva normativa de Canarias, que hasta el 15 de noviembre coexistirá con la antigua, permite al consumidor emitir el documento de levantamiento de la mercancía de forma automática sin intermediarios, algo que hasta ahora correspondía a los transportistas. Este nuevo sistema se adopta de acuerdo con la Agencia Tributaria estatal y se tardará unos meses en ajustar, pero finalmente se consigue simplificar y eliminar el riesgo de especulación, de manera que Canarias empiece a recuperar el «prestigio» ante los vendedores.

En el transcurso de la comisión parlamentaria, Román Rodríguez, en respuesta al diputado del PP Fernando Enseñat, reiteró que el Gobierno de Canarias no tiene previstos cambios en la fiscalidad durante esta crisis por la pandemia –es decir, que no subirá impuestos–, más allá de algunos ajustes puntuales, porque su prioridad es mantener un gasto «expansivo» para mantener los servicios públicos y facilitar ayudas directas a las empresas y autónomos. Enseñat instó a Rodríguez a «copiar» lo que se hace «bien» en otros territorios, «como Madrid», y baje los impuestos, en particular los cuatro últimos tramos de la cuota autonómica del IRPF, para reactivar el consumo, la inversión y el empleo.

Medidas «correctas»

El vicepresidente, en respuesta a la diputada de CC-PNC Rosa Dávila, señaló que las medidas de orden económico adoptadas contra la crisis generada por la pandemia son «las correctas», tanto en Europa como en España y en Canarias, y citó los ERTE, la liquidez a las empresas y las ayudas directas.

Dávila acusó al Gobierno de Canarias de «dar palos de ciego» y reclamó medidas urgentes para los lugares con mayor incidencia de la pandemia, como el alivio fiscal a los sectores más afectados, porque las ayudas directas a las empresas «llegan tarde y mal». La nacionalista también acusó al Ejecutivo canario de «castigar y penalizar» a la hostelería sin motivo, «como ha dejado patente» el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, puesto que, según dijo Dávila, el interior de los bares y los restaurantes son solo responsables del 6% de los contagios.