El PSOE canario atribuye a Montero del desaguisado creado con el REF

Malestar entre los diputados y senadores socialistas por el papel al que han

jugado en las Cortes frente al de sus compañeros en el Parlamento regional

María Jesús Montero pasa junto a la bandera canaria en la Delegación del Gobierno de Canarias en febrero.

María Jesús Montero pasa junto a la bandera canaria en la Delegación del Gobierno de Canarias en febrero. / J. C. Castro

J. Anastasio

Los diputados y senadores socialistas canarios se han visto sometidos en las dos últimas semanas a la contradicción de haber tenido que respaldar desde sus escaños el recorte al REF aplicado por el Ministerio de Hacienda al proyecto de ley de medidas antifraude, mientras sus compañeros en las Islas se sumaban a la rebelión del Parlamento de Canarias contra esta reforma unilateral del fuero que conlleva pérdida de derechos. La incoherencia que supone esta doble posición ha provocado un evidente malestar entre los parlamentarios socialistas en Madrid, muchos de los cuales reconocen un error la enmienda del Senado para subir el tope de las deducciones a las producciones audiovisuales en Canarias, pero con el efecto secundario de propiciar una rebaja del diferencial fiscal respecto a las del resto del Estado.

Ese malestar se dirige sobre todo hacia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por forzar una enmienda «con calzador» en el Senado a un proyecto de ley, ya en vigor desde su aprobación definitiva el pasado martes en el Congreso, que nada tiene que ver con las deducciones fiscales al sector. Además, esa enmienda incurría en lo que llaman un ‘error técnico’ porque no servía para el ejercicio fiscal de 2020, que es lo que las productoras demandaban con urgencia ante la inminente liquidación del Impuesto de Sociedades de ese año, entre el 1 y el 26 de julio.

Los socialistas canarios en las Cortes consideran «un error» haber utilizado ese proyecto de ley para la necesaria reforma del REF con la que se pretendía corregir del decreto, de mayo de 2020, en el que se subió de 3 a 10 millones el tope de deducciones para el sector en el conjunto del país sin hacerlo paralelamente para el caso de Canarias, donde se mantenía en 5,4 y perdiendo así la ventaja fiscal reconocida en el REF. Subirlo hasta 18 millones y recuperar así el 80 % de deducción fiscal en las Islas era el objetivo que las productoras audiovisuales y el Gobierno de Canarias pretendían en su negociación desde hace meses con el Ministerio de Hacienda, que sin embargo se cerró en banda desde el principio a admitir esa cantidad.

Ante la premura de tiempo, el sector dio por buena una solución parcial y temporal como es la de subir el tope hasta los 12,4 millones, manteniendo así la diferencia de 2,4 millones respecto al de Península y Baleares, pero con la idea, compartida por el Ejecutivo canario, de que la corrección definitiva de la situación supondrá devolver el diferencial fiscal del 8% en las condiciones que establece el artículo 94.1 de la ley 19/1994 de modificación del REF. Los socialistas canarios apostaban por llevar a cabo esa corrección y recuperación del margen fiscal isleño en el proyecto de ley de medidas de ayuda al sector cultural, que estaba tramitándose desde hace meses en el Congreso y al que varios grupos habían presentado enmiendas en ese sentido.

Si esa tramitación no llegaba a tiempo para primeros de julio, contaban con que un real decreto de urgencia del Consejo de Ministros sirviera para que las productoras de las Islas pudieran salvar el problema. Pero se contaba con que, en todo caso, la recuperación del diferencial fiscal respecto al resto del Estado quedaría garantizado a futuro en ese proyecto de ley de ayudas al sector de la cultura, que precisamente acaba de ser aprobado en el Congreso y ha sido remitido al Senado.

Lo que ocurrió, sin embargo, fue que el Ministerio forzó esa enmienda en el Senado a la ley de medidas antifraude, que suponía una reforma del REF de forma unilateral, sin consulta previa a la Comunidad Autónoma y que provocó gran preocupación en el Ejecutivo regional.

Aunque la parte socialista y de Podemos del pacto de las flores sí asumía esta salida de urgencia argumentando que el sector audiovisual la consideraba válida, los socios de NC y de ASG la tildaron enseguida de inaceptable porque la decisión de Hacienda afectaba de lleno al cumplimiento del REF. De esta forma, la discusión sobre una menor o mayor cantidad de deducción fiscal y lo que ello podía afectar al futuro del sector en las Islas, pasó a ser un debate sobre la defensa del fuero y un nuevo caso de vulneración del mismo por parte del Gobierno central.

Contradicción interna

Desde ese momento, la contradicción interna en el PSOIE marcó el debate durante lo que quedaba de tramitación del proyecto de ley que contenía la reforma del REF y dejó en una situación muy comprometida a los diputados y senadores, que se han agarrado sin mucha convicción al argumentario de Hacienda: «que el tope de deducción se pone dos millones por encima de el del resto del Estado como antes, y que es una medida que apoyan las productoras en Canarias». Añaden otro que les llega desde el Gobierno regional: «que apuestan por eliminar del REF cualquier referencia numérica sobre el tope deducible y que debe fijarse como único criterio el diferencial fiscal del 80 %». Así no habrá problemas cuando en el resto del Estado se suba o baje este tipo de bonificaciones fiscales porque en Canarias siempre estarán por encima en ese porcentaje.

Tras la inclusión en el Senado de la enmienda del PSOE que recortaba el REF se inició el otro gran debate que ha marcado este asunto, el de procedimiento sobre la reforma del fuero, en el que, de nuevo, quedan al descubierto las contradicciones socialistas. Así, una vez incluida la enmienda en el texto y aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, se debía abrir el proceso de información y consulta al Parlamento de Canarias, donde el PSOE, aunque sin mucho entusiasmo, se sumó al rechazo expresado por el resto de formaciones del pacto de gobierno, los partidos de la oposición (CC, PP y Cs) y el conjunto de los sectores económicos y sociales canarios.

Desde entonces, el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, y, sobre todo, el diputado tinerfeño Héctor Gómez, miembro a su vez de la Ejecutiva federal del partido, han sido los portavoces más visibles tratando de justificar la “solución temporal” encontrada e insistiendo en que el objetivo de todos los socialistas canarios es el de consolidar en el REF el 80 % de diferencial fiscal. Un objetivo que consideran que se puede lograr a partir de la negociación que se entable en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado a la que ahora se remite el conflicto.

Pero más allá de los formalismos políticos internos a los que están sujetos, los parlamentarios canarios del PSOE en Madrid señalan a Montero como la principal responsable del desaguisado, y creen también que no habría estado de más que la propia ministra explicara personalmente la estrategia seguida, así como un compromiso público en defensa del REF. Algo que debería haber hecho en la visita prevista a Canarias hace dos semanas y que suspendió a última hora sin motivo justificado. La declaración en este sentido que hizo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el miércoles asegurando que “respeta el REF”, no fue contundente porque no asumía lo evidente: la modificación vulnera el fuero sin tener en cuenta el informe de Canarias.

Es un hecho que el Gobierno central trató de evitar que los socialistas canarios respaldaran en la Cámara regional el informe desfavorable a esa modificación, aunque asumiendo también que eso sería poco menos que imposible ante la posición de los socios de gobierno de Torres y del conjunto de fuerzas políticas isleñas. Llegados a este punto, un hipotético conflicto jurídico si el Ejecutivo canario lleva al Tribunal Constitucional la decisión de las Cortes mantendría a diputados y senadores socialistas en Madrid en el punto de mira, y solo un acuerdo rápido y contundente, en la Comisión Bilateral, de reparación del recorte asestado al fuero, les redimiría de su voto a favor de la polémica enmienda del Senado y por ende del recortes a los incentivos y la modificación ‘por la puerta de atrás’ del REF.