La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala la resolución del expresidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC) Santiago Negrín que declaró desierta la licitación para dar soporte técnico a los informativos del canal autonómico. Los magistrados confirman así el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que ya había rechazado el recurso interpuesto por Videoreport Canarias.

Las actuaciones judiciales se refieren a la decisión adoptada en 2018 por el entonces presidente del ente público, Santiago Negrín, quien actuando como órgano de contratación de Televisión Pública de Canarias –una de las dos sociedades dependientes de la RTVC–, declaró desierta la licitación para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de los programas informativos, al inadmitir todas las ofertas. Al concurso se habían presentado tres empresas, y el argumento para inadmitir las ofertas fueron fallos formales no subsanables referidos a la información incorporada en los distintos sobres. Videoreport Canarias recurrió la decisión al entender que su oferta no incurría en defecto alguno. El TSJC ha desestimado el recurso «con expresa condena en costas de la apelante».

La publicación de la sentencia, contra la que cabe recurso de casación, coincidió ayer con la comparecencia del actual administrador único de RTVC, Francisco Moreno, en la comisión parlamentaria de control del ente autonómico. Moreno acaba de ser renovado en su cargo de administrador único por el Consejo de Gobierno de Canarias, que le ha dado vía libre para prorrogar el contrato de medios técnicos para los informativos precisamente a Videoreport.

El administrador único de RTVC afirmó ayer que con el decreto ley de medidas extraordinarias que lo mantiene en el cargo habrá un proceso «lo más transparente posible» para resolver cuestiones pendientes, como las instalaciones, que confía en que no se demore más allá de diciembre de 2022. En la comisión de control, los representantes de los grupos en la oposición, Mixto, Popular y Nacionalista, arremetieron contra el decreto ley elaborado por el Gobierno, que calificaron de «chapuza y tropelía» y respecto al cual acusaron a Moreno de pasar de «colaborador necesario a cómplice» del Ejecutivo.

Francisco Moreno replicó a las críticas de la oposición que él «solo vino a ayudar» a resolver los graves problemas que padecía la RTVC en octubre de 2019, y recordó que él no vota a los candidatos a la Junta de Control sino los diputados, a los que reclamó «consenso político» y que si no están de acuerdo con el actual administrador único, dijo, «busquen a otro». Mientras, añadió, él no rehuye sus responsabilidades y ayer firmó con Videoreport la prórroga correspondiente del contrato de las instalaciones «porque si no mañana no habría televisión». En realidad, lo que no habría es informativos; pero televisión sí habría.

En cualquier caso, prosiguió Moreno, el decreto persigue acabar con situaciones que vienen de legislaturas anteriores, y para ello se está intentando «no seguir dando una patada hacia adelante». Apuntó, en relación con las instalaciones, que se hará una licitación «con máxima transparencia».

Por el grupo Mixto la diputada Vidina Espino, de Ciudadanos, afirmó que hay una clara falta de respeto del Gobierno de Canarias hacia el Parlamento porque en el decreto ley otorga al administrador único la facultad «de hacer y deshacer a su antojo», y acusó a Moreno de ser colaborador necesario de este desprecio «brutal». Añadió que Francisco Moreno se ha convertido «en un mandado» del vicepresidente Román Rodríguez, a cuyo partido, NC, y a Sí Podemos responsabilizó como los culpables de que no se haya elegido a la Junta de Control para poder «manejar la tele a su antojo».

El diputado del grupo Nacionalista Canario José Alberto Díaz-Estébanez recriminó a Moreno «el papelón» que está haciendo «y las tragaderas» que tiene para aceptar «este pozo sin fondo de trapisondas y pantomimas» que debería finalizar, añadió, si reúne «lo que le queda de dignidad personal y profesional». El administrador, dijo, cargará con las responsabilidades y las consecuencias de decisiones que llevarán su firma, no la del presidente o vicepresidente.

Para la diputada del grupo Popular Luz Reverón el decreto significará seguir «sine die» con el bloqueo a los órganos rectores de RTVC al cambiar las reglas de juego «por la puerta de atrás» y criticó el que se hable de situación heredada cuando el Ejecutivo lleva dos años gobernando.