Dos meses y cuatro días después de que el Gobierno de Canarias anunciara una ayuda extraordinaria para los asalariados en ERTE con bajos ingresos, la Consejería de Hacienda ha encontrado los 30 millones necesarios para echar una mano a estos trabajadores. El departamento que dirige Román Rodríguez aún buscaba la semana pasada cómo costear el complemento para los asalariados en suspensión de empleo más vulnerables, esos que no solo han perdido su trabajo –en el mejor de los casos de forma temporal–, sino que, además, cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, menos de 950 euros brutos mensuales. Al final, y en última instancia, el dinero saldrá de los 630 millones que le corresponden a la Comunidad Autónoma de los fondos europeos React-EU, con lo que la Hacienda regional adelantará la cantidad –los 30 millones de euros– y luego la recuperará de las arcas comunitarias.

Fue el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, quien ayer avanzó ante el pleno del Parlamento la inminente aprobación del decreto ley que regulará el pago extra a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo con ingresos por debajo del SMI. El Consejo de Gobierno dará el visto bueno al decreto en la reunión que celebrará este próximo lunes. Torres explicó en su primera intervención durante la sesión de control, y en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo mixto Vidina Espino, que la ayuda llegará a un total de, exactamente, 40.712 personas. Aunque el jefe del Gabinete autonómico no entró en los detalles de la medida, esos 40.712 potenciales beneficiarios son bastantes más de los previstos inicialmente. En la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que timonea Elena Máñez y que es el departamento que tuvo la iniciativa de este complemento, calculaban que el número de perceptores oscilaría entre los 22.000 y los 30.000. Sin embargo, finalmente serán unos 10.000 más de la mayor cifra calculada por los técnicos de la consejería. Una cifra considerable por cuanto esos casi 41.000 potenciales beneficiarios equivalen a más de la mitad de los isleños que en estos momentos están atrapados en el limbo de los ERTE de fuerza mayor, un total de 76.761.

Máñez anunció la ayuda para este colectivo de asalariados vulnerables –que de facto están desempleados por más que no figuren tomo tal en la estadística oficial del Ministerio de Trabajo– el 19 de abril, hace más de dos meses. El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, avanzó a este diario solo un par de días después del anuncio que los 30 millones saldrían de los fondos React-EU, tal como Román Rodríguez corroboró ayer en la Cámara regional. La financiación, por tanto, vendrá de donde estaba previsto desde un primer momento, lo que no ha evitado que tengan que transcurrir más de 60 días para aprobar la ayuda. No en vano, Hacienda ha estado buscando de dónde arañar los 30 millones hasta la recepción de los fondos europeos.

Además, y de ahí que el cálculo de los beneficiarios hecho en su momento por la Consejería de Economía haya resultado inferior a la cifra real, en el departamento de Máñez han estado esperando a que el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE –el organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo–, le remitiera la lista de los canarios en ERTE con ingresos inferiores al salario mínimo. Esta es una información de la que dispone el Estado, esto es, el SEPE, y no la Comunidad Autónoma. Y ocurre que el Servicio de Empleo ha soportado en la pandemia una sobrecarga de trabajo como nunca antes y, por si fuera poco, sufrió en marzo un ciberataque que en adelante le dificultó aún más su labor. Sea como sea, lo cierto es que la tardanza en poner en práctica el complemento para los empleados en ERTE también ha tenido que ver con la lentitud del SEPE.

Aunque habrá que esperar hasta el lunes para conocer los detalles de la ayuda, en principio esta se abonará en un único pago y se tramitará como cualquier otra subvención pública. En cuanto a la cuantía de la ayuda, en la Consejería de Economía vienen trabajando sobre la base de un complemento de al menos cien euros mensuales –que podría llegar a 150–, pero está por ver cuántas mensualidades se pagarán. El momento desde el que se empezarán a contabilizar los meses para el cálculo de la subvención es marzo de 2020, cuando el Gobierno central decretó el estado de alarma nacional para contener el avance del coronavirus. Un punto de discusión entre el Ejecutivo canario y los sindicatos era si solo podrían ser beneficiarios quienes se hayan mantenido «ininterrumpidamente» en un ERTE o si también lo serían quienes en algún momento desde marzo del año pasado volvieron a sus puestos de forma temporal.

28 de julio

Al margen del complemento para los asalariados en ERTE, la consejera Máñez también explicó que su intención es que los 1.144 millones de euros que se distribuirán en forma de ayudas directas entre las pymes y los trabajadores autónomos del Archipiélago comiencen a llegar a los beneficiarios antes del 28 de julio. En respuesta a una pregunta del también socialista Iñaki Lavandera, la responsable de las áreas de Economía, Conocimiento y Empleo subrayó que estos dineros, que se podrán ir abonando hasta fin de año, son «vitales» para la recuperación.