El Gobierno de Canarias dio ayer un paso definitivo para situarse en contra de la modificación del REF prevista por el Ministerio de Hacienda y el PSOE en el Senado para recortar las deducciones en el Impuesto de Sociedades (IS) a las producciones cinematográficas en el Archipiélago. El Ejecutivo del pacto de las flores, en su conjunto, no desdeña la «mejora temporal» que supone la ampliación del tope de gastos sobre el que se deben aplicar las bonificaciones desde los 5,4 millones actuales a los 12,4 que propone el Estado a las que se podrán acoger las empresas para el año fiscal de 2020, pero asegura seguir «batallando» para que esa cantidad se amplíe hasta los 18 millones, cifra con la que se respetaría el diferencial del 80% que recoge el fuero isleño respecto a la de 10 millones contemplada para los rodajes en el resto del territorio nacional.

Dentro del Ejecutivo canario el objetivo es unánime pero no todos sus representantes se expresan con la misma contundencia ni exige la misma premura. Algo que ocurre también entre los partidos que lo integran. Mientras el PSOE y Podemos son más moderados en el análisis de la posición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y más posibilistas respecto al incremento de siete millones en el tope de las deducciones, NC y ASG adoptan un tono más crítico y exigente con el Estado y con lo que interpretan como una reforma del REF «por la puerta de atrás».

El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, explicitó de manera clara el rechazo de la consejería que lidera Román Rodríguez, a su vez vicepresidente del Ejecutivo, a la posición del Estado tanto en relación con la reforma del REF instada de manera unilateral, como al «recorte de derechos» que dicha modificación contempla. «Lo que nos corresponde es lo que dice de forma clara la ley, y es que el límite a las deducciones por inversiones en Canarias debe ser un 80 % superior al resto del territorio nacional», afirma Delgado, recordando que «esto ha sido así en todas las modificaciones que ha habido hasta hora de la ley del IS y su repercusión inmediata en la disposición adicional 14 del REF».

Según él, «si hubiera alguna discusión jurídica hay antecedentes de que la modificación de esta disposición siempre se corresponde con un incremento del 80% para Canarias», razón por la que asegura no entender «que se nos aplique un porcentaje inferior, porque eso sí que no tiene ningún anclaje legal». Explica en este sentido que «anclaje legal tendría mantener los 5,4 millones porque no quieren modificar el tope; o subirlo a 10 para igualarlo con el resto del territorio; o incrementarlo 18 millones para respetar el diferencial del 80%». «Cualquier otro porcentaje es como una especie de gracia por parte del Estado que no aceptamos. No estamos hablando de generosidad o de mano amplia, sino de derechos, y los derechos no se negocian», recalca.

«No estamos discutiendo una partida o una dotación presupuestaria, estamos hablando de fueros y de derechos y esto no se negocia. Se solicitan, se piden y se exigen. Si el Ministerio no quiere darnos el 80 % creo que va a tener un problema porque creo que el conjunto del Gobierno va defender que se cumpla el REF, que dice de forma indubitada que el tope para las deducciones tienen que tener un incentivo diferencial de un 80% respecto de las del régimen general para las producciones cinematográficas», insiste el viceconejero de Hacienda.

Delgado, con todo, considera que aún puede haber margen para negociar en el marco de la tramitación en el Senado del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal al que el PSOE ha presentado la enmienda que reforma el REF a instancias del ministerio de Hacienda sin contar con Canaria spara ello.

Por parte del PSOE canario, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, insiste en que el Gobierno regional «seguirá batallando por lograr lo que consideramos que soluciona el asunto de forma clara y definitiva», que es la modificación de la disposición del REF donde ahora se establece el tope de deducciones para consignar en ella el diferencial del 80 % reconocido ya en el artículo 94 de la ley 20/1994. «Eso elimina los problemas interpretativos que genera la redacción actual», asegura Olivera, quien deja ahora en manos de las Cortes la posibilidad de que haya cambios respecto a lo que ha propuesto el Ministerio a través de la enmienda a la ley de fraude fiscal.

El viceconsejero afirma que el Gobierno regional «mantiene la misma posición desde mayo de 2020 [cuando se reformo el IS y se elevó a 10 millones el tope de deducción en la Península y Baleares], y pasado el trámite de las Cortes seguiremos insistiendo en ese sentido. Nuestra obligación es defender lo mejor para Canarias». El viceconsejero asegura además que «todos en el Gobierno pensamos igual» y que aunque «esta es una competencia del Gobierno central y de las Cortes, en el de Canarias todos pensamos lo mismo y defendemos la mayor».

Olivera reconoce que la propuesta de la ministra «es una mejora respecto a la situación actual y da mayor seguridad jurídica», pero señala que «no acaba de cumplir lo que demandamos desde Canarias». «En la urgencia que tenemos ahora, este incremento sirve para no desperdiciar el 2020 pero seguiremos trabajando para una solución más adecuada». «Ahora habría que determinar jurídicamente si ese cambio y esa mejora del límite máximo en la deducción es un incumplimiento o no del REF», asegura Olivera.

Intolerable

Respecto la posible resolución del conflicto en los tribunales, señala que «primero habrá que tener una decisión en firme y luego habrá que valorar si hay incumplimiento o no». «El Gobierno de Canarias, todo lo que sea incumplimiento del REF no lo va a tolerar».

Como NC también se expresa en términos rotundos de rechazo al recorte del REF en esta materia el líder de ASG, Casimiro Curbelo, quien asegura que dentro de los partidos del pacto de Gobierno regional «hemos comentado la necesidad de que el Gobierno de España le diera a este asunto una respuesta satisfactoria». Recuerda que modificar cualquier aspecto del fuero isleño «no se puede ir haciendo en función de lo que interese a esta ministra a cualquier miembro de este Gobierno o de cualquier otro», y subraya que «si queremos convertir a Canarias en un gran plató entra en contradicción con que se recorten de una forma concreta la fiscalidad de las producciones y rodajes que se hacen aquí».

El líder de ASG afirma que «hace falta una respuesta contundente, seguridad jurídica y que los procedimientos se respeten» y que «hay una diferencia muy clara de los topes que plantea la ministra de lo que realmente se reconocen en el REF». «Tenemos que aspirar al máximo y a que se respete el REF porque si cada vez que interviene alguien vamos perdiendo posiciones, mal vamos». Tras asegurar que «tenemos que aspirar al máximo», dio por hecho que el Ejecutivo regional «seguirá batallando» e insistió en que «no comparto el camino elegido ni la fortaleza de la respuesta» independientemente del trabajo hecho por el presidente al respecto.

El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez (Podemos), defiende por su lado que «hay que seguir reivindicando ese diferencial y hay que trabajar para que se recupere ese 80%», pero aclara que «consideramos positivo que dada la incertidumbre que hay en el sector a la hora de poder atraer estos rodajes necesitamos una solución inmediata». Por ello, asegura que «independientemente del trabajo que se está haciendo para lograr los 18 millones y ese 80 % de diferencial, sí vemos positivo que podemos aumentar la cifra de 5,2 a 12,4 millones». Según él, «esto nos ayudaría a disipar las incertidumbres que tenemos ahora y no perder producciones en los próximos meses. Ambos objetivos no son incompatibles».