El Ministerio de Hacienda sigue sin aclarar el límite a las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades (IS) al que pueden acogerse la grandes productoras que ruedan en Canarias. De hecho, el departamento que dirige la ministra María José Montero ha provocado en los últimos días una gran confusión en el sector al difundir información contradictoria con algunas de las iniciativas en marcha a solo unas semanas de que las empresas tengan que presentar su declaración de IS correspondiente al 2020.

De un lado, la Agencia Tributaria comunicó hace algunas semanas a las productoras que el tope de las deducciones por gastos en producciones audiovisuales extranjeras es de 18 millones (de 20 en el caso de las que se rueden en La Palma, La Gomera y El Hierro), lo que supondría aplicar un diferencial fiscal del 80 % (del 100 % para la islas mencionadas) respecto a los rodajes en el resto el territorio nacional, establecido en 10 millones desde la reforma del IS hace más de un año. Dicha reforma obviaba el REF canario y mantenía en 5,4 millones el tope de la inversión a la que aplicar las bonificaciones en el Archipiélago, perdiendo así la ventaja fiscal que hasta ese momento se reconocía respecto a las producciones en Península y Baleares y razón por la que el Gobierno de Canarias negociaba con el Ministerio recuperar ese diferencial.

Sin embargo, Montero ha impulsado desde su departamento una reforma del REF en la que limita a 12,4 millones ese gasto sobre el que aplicar las ayudas, una propuesta que se contradice con la información facilitada a las productoras por la Agencia Tributaria. La propuesta del Ministerio para la modificación del REF se realiza a través de una enmienda del PSOE al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, que se tramita actualmente en el Senado y cuya aprobación definitiva en el Congreso se prevé para la primera semana de julio. Según fuentes socialistas, la misma enmienda se incluiría en el proyecto de ley medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del covid-2019, que aún está en fase de ponencia en la Cámara Baja. En la justificación de la enmienda se señala que se trata de «actualizar el límite absoluto de la deducción de 5,4 a 12,4 millones, siguiendo los cambios que se han introducido en el límite a nivel estatal de manera que Canarias mantenga el diferencial respecto al límite de deducción en la península».

La enmienda socialista establece además que este retoque a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF de Canarias que incrementa en 7 millones el tope de gastos para las deducciones del cine tendrá efecto «para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021», es decir, que no sería de aplicación en la declaración del IS correspondiente al 2020, ejercicio en el que las productoras sólo podrían deducirse hasta el límite de 5,4 millones actualmente en vigor. Fuentes socialistas participantes en la negociación aseguran sin embargo que el Ministerio acepta dar retroactividad a la medida para que sea de aplicación «desde que dejó de estar en vigor el diferencial anterior» y que las productoras puedan por tanto beneficiarse de la misma ya en su inminente presentación del impuesto antes del 26 de julio. Esta corrección respecto del texto original de la enmienda socialistas deberá realizarse a través de alguna autoenmienda o enmienda transaccional con algún otro grupo parlamentario durante la tramitación en el Senado del proyecto de ley que la soporta, y será la misma que en su caso se traslade también al proyecto de ley sobre ayudas culturales.

Otra redacción

El Gobierno de Canarias sostiene que la decisión de fijar en 12,4 millones el tope de gasto para las deducciones es únicamente del Ministerio de Hacienda y que no hay al respecto ningún acuerdo tácito entre ambas partes. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, asegura que «nosotros defendemos que la mejor forma de resolver esta situación de inseguridad jurídica es incluir una redacción en la Ley 19/1994 que diga con claridad que todas las deducciones en las que existe un máximo en el ámbito estatal, dicho importe se incrementar en un 80 % en Canarias». Sería la forma de garantizar un límite de gasto para deducciones que respete el diferencial fiscal que mantenía canarias hasta el año pasado. En este sentido van las enmiendas presentadas por CC y NC al proyecto de ley de ayudas al sector de la cultura.

En todo caso, la información facilitada por la Agencia Tributaria a las productoras internacionales que rodaron el año pasado en Canarias sobre las deducciones aplicables para ese ejercicio fiscal crea confusión y mantiene esa inseguridad jurídica dado que hasta ahora se ha estado manteniendo que el tope a aplicar es 5,4 millones, no los 18 a los que se refiere la respuesta de la entidad oficial de información y vigilancia fiscal. Según fuentes de la negociación, ese documento de la AEAT, que el propio Gobierno regional ha estado utilizando en sus negociaciones con Hacienda, no se corresponde con la interpretación que hace la dirección general de Tributos del Ministerio, y que incluso se estaba ya «corrigiendo o retirando».

En concreto, a la la pregunta sobre «¿cuál es el importe de la deducción por gastos realizados en Canarias por producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades?», la entidad responde que «con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020 los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales, realizadas en Canarias, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción por los gastos realizados en territorio español del 54 % respecto del primer millón de base de la deducción, y del 45 % sobre el exceso de dicho importe. «El importe de esta deducción no podrá ser superior a 18 millones de euros (20 millones en La Palma, La Gomera y El Hierro donde se incrementa en un 100%), por cada producción realizada», recalca.

Las productoras extranjeras que rodaron durante el pasado año en las Islas y que tienen derecho a deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades desconocen en qué cuantía hacerlo. De un lado, la Agencia Tributaria les ha comunicado que el tope es tá cifrado en 18 millones de euros (documento de la derecha) y, de otro, Montero impulsa una reforma del REF (izquierda) para que quede en 12,4 millones.