El Gobierno de Canarias reitera la necesidad de que la Fiscalía dote de los medios necesarios, así como de más efectivos, que permita agilizar los decretos de mayoría de edad para evitar la presencia de adultos en los centros de protección de menores y dispositivos de emergencia, según una nota del Ejecutivo autonómico. Una situación que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud lleva denunciando desde hace más de un año.

El 68% de los 2.534 menores migrantes que tutela el Gobierno de Canarias en la actualidad tienen aún pendiente el decreto que determine su edad, esto es 1.743 jóvenes, según informa la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

El Ejecutivo regional ha añadido que se trata de una situación que está generando problemas de convivencia en los centros y que dificulta la labor de las autoridades y de profesionales especializados en la intervención con menores, y no con adultos.

De igual modo, este retraso provoca también otras dificultades como la imposibilidad de escolarizarlos o de comenzar el trámite administrativo para su regularización.

La Consejería ha recordado que en los últimos meses se ha solicitado priorizar a los perfiles más evidentes de adultos en la realización de las pruebas óseas y, en este sentido, se enviaron listados con estos perfiles tanto a la Fiscalía de Extranjería como a la Policía Nacional.

Actualmente hay unas 250 personas en estos recursos con prueba ósea realizada o con documentación que acredita su mayoría de edad, pendientes de un decreto de Fiscalía que determine su edad. Hay incluso situaciones más graves como el de 16 adultos acreditados en un centro de menores a la espera de ser trasladados por la Policía Nacional.

ANTECEDENTES EN LA SOLICITUD PARA AGILIZAR LAS PRUEBAS

Por su parte, el pasado 10 de febrero de 2021 se mantuvo una reunión, a petición de esta Consejería, con Delegación del Gobierno, Fiscalía de Extranjería, entidades colaboradoras que tienen la guarda delegada de los menores, Instituto de Medicina Legal y Consejería de Sanidad. En la misma se acordó la colaboración y coordinación entre todas las partes para poder desatascar las pruebas de determinación de edad.

En el encuentro se acordó de igual modo priorizar a unos 300 sobre los que no existía duda y son claramente mayores y otras 300 pruebas de los que si ofrecían duda razonable y podrían tener entre 17 y 24 años de edad.

PROCESO PARA DETERMINAR LA EDAD

El proceso para determinar la edad de supuesto un menor comienza con la actuación de la Fiscalía que solicita a Sanidad la realización de las pruebas óseas.

Después, se cita a las personas que son trasladadas por la Policía Nacional hasta el centro hospitalario determinado. Una vez hecha la prueba, se traslada bajo custodia al Instituto de Medicina Legal que emite un informe que posteriormente es remitido a Fiscalía para que, finalmente, emita un decreto de determinación edad.