Cuatro activistas empapelaron con la lista de los nombres de las personas que han muerto intentando emigrar a la Unión Europea desde 1993 por cualquiera de sus fronteras la fachada del Centro de Coordinación Regional de Canarias, donde trabaja Frontex. Bajo el lema "Más Salvamento Marítimo, menos Frontex" estas personas se han unido así a una serie de acciones coordinadas que van a tener lugar en nueve países para exigir el desmantelamiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a la que culpan de haber "militarizado" las políticas migratorias.

El Gobierno central está desplegando desde hace meses toda un estrategia de presión ante la Unión Europea en materia de gestión migratoria con el objetivo de provocar un salto cualitativo en la implicación de ‘los 27’ y de todas las instituciones comunitarias en la defensa de un política europea común de migración, asilo y fronteras y un reparto equitativo de responsabilidades entre los distintos países miembros que conlleve la distribución de migrantes que llegan a las costas españolas. Esa estrategia, en el marco del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y que los socios negocian en la actualidad, se complementa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez con una ofensiva para ganar poder en Frontex, la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con el objetivo de tener más peso en las decisiones sobre las campañas y operativos de control de la inmigración irregular, que desde hace más dos años se ha recrudecido sobe todo en las costas españolas y muy especialmente durante los últimos meses en Canarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no esconde este interés, del que, de hecho, ha dado cuenta al director de Frontex, el francés Fabrice Leggeri, primero en un reciente encuentro entre ambos en Madrid y, semanas después, mediante una carta remitida a finales de mayo. En estas comunicaciones, el ministro español expresó su intención de continuar negociando en el ámbito operativo y técnico para encontrar el “espacio idóneo que permita elevar la participación española en el futuro de la agencia”. No es un secreto para nadie que España ha mantenido en los últimos tiempos una relación tensa con la cúpula de Frontex por diferencias en las estrategias de lucha contra la inmigración irregular y el escaso nivel operativo y de medios ante la crisis migratoria de los últimos meses en Canarias.

Las tensiones vienen de lejos y son el reflejo de la disputa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y una agencia europea de fronteras con un mandato extendido. En los planes operativos para este año, Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas. El último desencuentro entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la agencia de fronteras se produjo hace solo una semanas con motivo de la crisis en Ceuta, en la que el Ministerio del Interior rechazó la ayuda que ofreció el director del organismo comunitario para tratar de frenar la entrada de miles de migrantes, muchos de ellos menores, por la playa del Tarajal de la ciudad autónoma, sin que las autoridades de Marruecos hicieran nada por contenerla.

Candidato español

Tan solo habían pasado unos días desde la entrevista en Madrid entre Grande-Marlaska y Leggeri, reunión en la que, pese a todo, ambos se comprometieron en intensificar el trabajo con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios para incidir en la prevención y en la lucha contra las mafias que trafican con personas. España apuesta en este sentido por seguir reforzando las capacidades operativas de los países africanos. En la actualidad, hay en marcha tres operaciones conjuntas con Frontex lideradas por Policía Nacional o Guardia Civil. Dos de ellas (Indalo y Canary Islands) están activas desde finales de enero y la tercera (Minerva) se activará a lo largo de este mes. Según distintos medios, España pretende colocar al inspector jefe de Policía Ramón Navarro Franch, que ejerció de enlace de Interior en Nigeria y Libia y en la actualidad actúa como enlace de Frontex en Senegal, al frente de una de las tres direcciones adjuntas de la agencia. Aunque el objetivo no es fácil de alcanzar a corto plazo, sí pone las bases para pelear a medio plazo por hacer del aspirante español un firme candidato a dirigir Frontex coincidiendo con la entrada en vigor del futuro pacto comunitario en política común en esta materia.

Fuentes de la agencia, con sede en Varsovia, señalan en este sentido que el proceso de contratación de los ejecutivos adjuntos corresponde a la Comisión Europea y que la decisión final la tomará el Consejo de Administración de Frontex, que está formado por representantes de las autoridades fronterizas nacionales de cada país y del propio Ejecutivo comunitario. También se recuerda desde la oficina de Leggeri que Frontex ya ha contado con un español en un cargo de relieve precisamente cuando la estructura de dirección de la agencia era menos colegiada y únicamente había un subdirector. En todo caso, el Gobierno central está dirigiendo su estrategia de presión precisamente hacia los miembros del Consejo de Administración en un intento de recuperar la influencia perdida en los últimos años de cara la crucial etapa que se avecina en materia de gestión migratoria en la UE. En concreto, el Gobierno español trata de hacerse con la dirección adjunta que se encarga de la gestión y del mando operacional de los 10.000 agentes armados que Frontex pretende reclutar en los próximos años.

Leggeri realizó una “visita estratégica” a Canarias, solo dos días después de su reunión con Marlaska, donde visitó las instalaciones de la agencia en Barranco Seco. Fue una visita en la que el Gobierno de Canarias expresó su malestar por el que considera nulo despligue de Frontex en las costas africanas para impedir la salida de cayucos. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, se declaró “perplejo” por esta situación pese a que Frontex cuenta con 41 agentes especializados desplegados en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y desarrolla la llamada Joint Operation Canary 2021, una operación conjunta de Frontex y Policía Nacional.

Entre tanto, un informe especial publicado hace solo unos días por el Tribunal de Cuentas Europeo concluye que la actuación de Frontex no ha sido suficientemente eficaz para ayudar a los Estados miembros y a los países asociados a Schengen en la gestión de las fronteras exteriores de la UE. Según los auditores, el apoyo de Frontex en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza es insuficiente. Consideran que Frontex no ha cumplido plenamente el mandato que se le encomendó en 2016 y también cuestionan su capacidad para desempeñar eficazmente la nueva función operativa que se le ha asignado.