El Plan de Vivienda 2020-2025 se pone en marcha con el primer paquete de casas públicas en régimen de alquiler del programa. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un gasto de 2,8 millones de euros para contratar la redacción de los proyectos de 437 nuevas viviendas correspondientes a 10 promociones en diferentes islas, concretamente Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

A este lote se suman otras promociones de menor entidad que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ya tiene en sus planes desde hace varias semanas. Se trata de proyectos que fueron redactados antes de la aprobación del nuevo plan pero necesitan ser actualizados para adaptarlos al programa de construcción previsto en el nuevo plan y sacar a licitación la ejecución de las obras.

La autorización del Consejo de Gobierno supone iniciar el proceso de contratación de la redacción de los proyectos, que tendrán que estar finalizados y entregados a los tres meses de su adjudicación para evitar demoras en los plazos. El Icavi pondrá en marcha la licitación de estas promociones una vez reciba los proyectos, un procedimiento que comenzará a finales de este año o principios de 2022.

Los municipios donde irán ubicadas las promociones de estas viviendas son Arrecife, en Lanzarote; Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Teror, en Gran Canaria. Las tres promociones más destacadas y con más viviendas son las que se edificarán en la urbanización Los Geranios del barrio de Maneje, en Arrecife, ya que supone la construcción de 200 viviendas protegidas en una isla donde hacía 26 años que no se edificaba pisos protegidos en régimen de alquiler por parte de la Comunidad Autónoma.

En Puerto del Rosario se construirán dos promociones que suman 80 casas protegidas nuevas. En Telde será en el barrio de Jinámar donde se ubicarán tres promociones con 109 pisos, mientras que en la capital grancanaria se edificarán 28 casas y en Teror otras 20 viviendas.

El Plan de Vivienda 2020-2025 fue aprobado definitivamente en diciembre de 2020 después de lograr la unanimidad del Parlamento y un amplio consenso entre los agentes sociales y económicos de las Islas. Entre las acciones más destacadas que contempla está la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler; incentivar la salida al mercado de 600 viviendas vacías para su alquiler; más de 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural, beneficiar a cerca de 72.000 familias con ayudas al alquiler o la construcción de más de 600 viviendas nuevas en municipios poco poblados para combatir la despoblación. Además, se estima que las intervenciones relacionadas con la edificación generarán la creación de más de 28.300 empleos.