Colectivos defensores de los animales han acusado este jueves al Gobierno de Canarias de presupuestar más de 273.000 euros para contratar una empresa que capture y ejecute gatos y hurones asilvestrados, y ha anunciado que estudian acciones legales para frenar "esta matanza".

Las asociaciones Amigos de los Animales El Juaclo, SOS Felina y el partido animalista se han reunido con representantes del Ejecutivo canario para defender métodos alternativos éticos y eficaces para controlar las poblaciones de animales asilvestrados, afirma PACMA en un comunicado, en el que alude a la decisión del Gobierno autonómico de usar la "ejecución" como método de control.

En el comunicado se indica que el Gobierno de Canarias ha establecido un presupuesto de más de 273.000 euros para colocar jaulas trampa no selectivas, capturar a gatos y hurones y ejecutarlos con inyección letal o arma de aire comprimido.

"La empresa Gesplan será la ejecutora de la masacre de estos animales, una crueldad a la que las asociaciones animalistas se oponen radicalmente e intentarán evitar", añade el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA).

Esta semana se ha celebrado una reunión telemática entre representantes de la Asociación Amigos de los Animales El Juaclo, con la asistencia de SOS Felina y el partido animalista como asesoramiento especializado, y miembros del área de Medio Ambiente y de Gesplan, con el objetivo por parte de los animalistas de defender métodos alternativos no lesivos para el control de las poblaciones de gatos y hurones.

Sin embargo, aseguran los colectivos, el Gobierno canario se niega siquiera a evaluarlos y PACMA acusa al Ejecutivo autonómico de optar sistemáticamente por métodos violentos y letales para gestionar las poblaciones, ya que en agosto de 2020 se adjudicó a la misma empresa, Gesplan, un contrato de 599.263,74 euros para erradicar a los animales que consideran invasores en la isla de Tenerife.

Las entidades animalistas critican todo el procedimiento, ya que «ni siquiera han realizado un censo oficial, que es siempre el primer paso para averiguar la población de cualquier especie».

Además de dudar de este procedimiento, resaltan las irregularidades administrativas y legales, puesto que «los gatos no están recogidos en el catálogo de especies invasoras, deben ampararse bajo una normativa aplicable a animales vagabundos o abandonados, incluso los que denominan como ‘asilvestrados'», aseguran desde el partido animalista.

«La muerte de animales nunca es la solución, existen métodos alternativos, éticos, no lesivos y eficaces y seguiremos presionando para que se apliquen en Canarias y en todos los territorios«, concluyen los colectivos animalistas.