La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) acusa al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, de "dejar tiradas a más de 30.000 familias" dedicadas a ese negocio, a las que su Ejecutivo "da la espalda" al establecer ayudas para compensar las pérdidas originadas por la Covid-19 en la economía, según ha anunciado este jueves.

Y es que la Comunidad Autónoma, pese a prever repartir una "lluvia de 1.144 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia" -argumenta la organización en un comunicado-, "destina las ayudas sólo a autónomos y empresas", cuando "un propietario de una vivienda vacacional no tiene por qué ser autónomo o empresario", sino que "puede tributar sus ingresos a través del IRPF como renta complementaria".

Pero, aun así, "paga igualmente sus impuestos y cumple con la normativa vigente", hasta el punto de que "nuestro sector genera tan sólo en IGIC (el Impuesto General Indirecto de Canarias) aproximadamente 70 millones de euros a las arcas públicas", destaca en palabras de Doris Borrego, presidenta de la Ascav.

Quien insiste en subrayar que la vivienda vacacional es "un alojamiento reglado de pleno derecho que también ha sufrido los efectos directos de la pandemia" y, en consecuencia, debería tener el mismo derecho a compensaciones que otros operadores del sector turístico de las Islas.

Sobre todo -señala en alusión directa a Torres- porque se trata de "un sector que, le recuerdo, le tendió la mano en un primer momento de angustia y emergencia", cuando "le apoyamos a muerte en todas las reivindicaciones y en su lucha contra el Gobierno Central, como la obligatoriedad de presentar PCR, etc".

Prueba de ello -prosigue- es que "estas familias de las que se olvida usted ahora, desde el minuto uno, mostraron su solidaridad, poniendo a disposición sus viviendas vacacionales gratuitas o a precios irrisorios para albergar a los sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para que pudieran descansar tras maratonianas jornadas de trabajo".

La Ascav plantea que la vivienda vacacional "representa a más del 23 % de todas las camas turísticas regladas de Canarias" y, sin embargo, quienes se dedican a ello, "hasta la fecha no nos hemos podido acoger a ninguna ayuda pública y la necesitamos".

"¿O acaso no somos parte del turismo afectado?", agrega su presidenta.

La cual apostilla: "en cambio, para otorgarnos toda la responsabilidad sanitaria de control de la pandemia sí se vuelve a acordar de nosotros. Y obliga a familias canarias que controlen, ya no sólo PCR, sino certificados o cartillas de vacunación, certificados médicos de inmunidad, etc., en cualquier idioma y formato".

Y concluye: "teníamos la esperanza de que, igual que estamos para todo lo malo, también se nos considerara para todo o, al menos, para algo bueno, pero parece que no es así".