Una parte significativa del cine hecho en Canarias abandonará el ‘plató isleño’ si no se reforma la norma que mantiene en estos momentos en 5,4 millones el tope de deducciones en el Impuesto de Sociedades a que pueden acceder las productoras que rueden en las Islas, frente a los 10 millones de bonificación que se les ofrece desde hace un año en la Península y Baleares. Será un cambio radical en la fisonomía de la industria audiovisual canaria, que había mantenido en los últimos años al Archipiélago como uno de los territorios más interesantes y competitivos para las grandes producciones nacionales e internacionales, sobre todo para las series que prolongan en el calendario el tiempo de rodaje, y para los proyectos de mayor inversión y gasto.

Si, como ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Hacienda accede a elevar a 18 millones el tope en las deducciones, la cantidad con la que se garantizaría mantener el 80 % de diferencial fiscal reconocido en el REF respecto al resto del Estado, Canarias se consolidará como destino de algunos de los principales proyectos made in Hollywood o de las plataformas televisivas. De lo contrario, “nos vamos a quedar con ‘peliculitas’ medianas o trocitos muy pequeños de series y producciones”, según advierten desde el sector en las Islas, que da empleo de forma directa a más de 2.000 personas.

Las productoras canarias que trabajan con los grandes grupos de la industria del entretenimiento para los rodajes en las Islas coinciden en señalar que en estos momentos hay proyectos importantes y series que están a la espera de conocer la normativa finalmente aplicable para tomar decisiones de futuro. Algunos, sin embargo, ya volaron a otros ‘platós’ ahora más competitivos como los de la Península, Malta o Italia. Por eso es fundamental que de manera urgente, como acaba de aprobar el Congreso a través de una iniciativa presentada por la diputada de CC, Ana Oramas, y respaldada por los demás grupos parlamentarios, el Gobierno central restituya el diferencial fiscal canario antes de que las empresas del sector liquiden, el 26 de julio, el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2020.

Tendrá que ser aprovechando la actual tramitación en el Congreso del proyecto de ley por el que se aprueban Medidas de Apoyo al Sector Cultural y de Carácter Tributario para hacer frente al Impacto Económico y Social del covid-19, si logra un inmediato visto bueno parlamentario y entrar en vigor antes de julio o, como alternativa, mediante un real decreto ley específico y urgente,

«Hoy en día que lo que más nos están demandando son las series de estas plataformas como Netflix, Apple TV, Amazone Prime o HBO. Ellos no pueden venir como venían antes Warner, Universal o Disney para dos semanas de rodaje porque son macroproducciones que en ese tiempo, más los dos meses de preproducción, se gastan el dinero, sino que esto son series de TV, que se trasladan a Canarias y necesitan buscar localizaciones que sirvan para una temporada, diez capítulos por ejemplo, metiendo más semanas de rodaje. Si solo tienen una bonificación de 5,4 millones, ni se mueven», asegura Juan Antonio Cano, productor ejecutivo de la compañía Surfilm Canarias.

Según este productor, «el daño no es que cada producción pierda 10 o 15 millones, el daño es que como le pase a una, aquí no viene ni Dios, porque ya hubo un engaño de este tipo cuando en 2018, se trajo Wonder Woman 1984 y se había subido el límite en Península de 2,5 a 3 millones sin compensar el diferencial canario». Recuerda que Warner (la productora) reclamó, pero que «no se resolvió el problema, y no ha vuelto a Canarias, ni quiere volver. Esa es la imagen que estamos dando al exterior».

Surfilm es precisamente la responsable de traer a las Islas el rodaje de la serie Foundation, de Apple TV, cuya primera temporada se acabó de rodar en abril pasado y que en estos momentos se encuentra a la espera de conocer qué deducciones podrá aplicarse en el Impuesto de Sociedades de 2020 y si Canarias recuperará su diferencial fiscal para decidir dónde rodar la segunda temporada. «Pensamos que iba a salir, hemos traído más semanas de rodaje quitándoselas a Malta y ahora solo nos dan 5,4 millones cuando lo previsto eran 18. Esa producción está dañada y además, tenemos montada la ciudad en Fuerteventura para rodar la segunda temporada, pero como no le hemos solucionado el problema de la primera temporada, acabarán yéndose a otro lado», asegura Cano.

Recuerda que el proyecto arrancó en enero de 2020, se paralizó en marzo por la pandemia, se reinició en septiembre, y se acabó en abril de 2021. «Les prometimos que lo de la deducción se iba a solucionar porque se trataba de un ‘fallo técnico’ cuando aprobaron el decreto ley porque se les olvidó reconocer el diferencial para Canarias, pero ha pasado un año, tenemos que presentar el Impueso de Sociedades en julio y no está solucionado”, se lamenta.

En desventaja

Algo parecido relata el presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, José Ángel Alayón, quien resalta que «el diferencial canario incide más en la inversión que venga de fuera que en el ahorro que supone para las productoras que operamos en Canarias. Lo que se pone en peligro son proyectos grandes, los que pueden acecder al incentivo de 18 millones». Señala en este sentido que la actual bonificación «no solo no respeta el diferencial fiscal reconocido por el REF, sino que quedamos en desventaja y nos impide sobre todo atraer grandes producciones”.

José Ramón Barrera, de la firma de servicios profesionales Assap, asegura que «las productoras se han dejado aquí un gasto pensando en obtener más bonificación que los 5,4 millones que tenemos de tope, y que si no se modifica van a sentirse estafados». Asegura que la inversión y el gasto medio de las películas y series rodadas en Canarias es de 50 millones, y que el cambio de tope en las deducciones consolidará a las de mayor tamaño y tiempo de rodaje.

En relación con el principio de acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda, el sector ofrecía ayer un moderado optimismo sin abandonar del todo los recelos tras un año sin que se le hiciera caso respecto al efecto del real decreto aprobado en mayo de 2020. Juan Antonio Cano, de Surfilm, es el más escéptico al señalar que “no veo que desde el Gobierno de España quieran resolver la situación porque si no ya se hubiese resuelto”.

José Ángel Alayón, por su lado, asegura sin embargo que “hemos hablado con todas las instituciones y parece que hay voluntad de solucionarlo, esperemos que sea así porque lo contrario sería una locura”, aunque expresa su preocupación por el hecho de que “el incentivo siempre está en cuestión si no es de una manera, es de otra y siempre tenemos que estar apagando fuegos”.

Por su parte, Juan Antonio Barrios resalta la unanimidad con la que se pronunció el Congreso el martes “para instar al cambio” y se muestra convencido de que “sí se va a producir y parece que está todo el mundo empujando en ese sentido”. “Confío en que sí se apruebe. No podemos pensar que por el hecho de que se haya perdido un año para realizar el cambio no se vaya a poder solucionar en el tiempo que queda hasta la liquidación del Impuesto de Sociedades”.