Las entidades sociales que firmaron el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias hace un año advierten que sus medidas no terminan de llegar a las personas más vulnerables porque no hay continuidad en las políticas sociales que se ponen en marcha y leyes como la de Servicios Sociales no están siendo útiles porque no se aplican. Ven «poco protagonismo» de las acciones sociales con iniciativas genéricas cuya concreción no se ve en la ciudadanía que peor lo está pasando. Según la aplicación de seguimiento del Plan Reactiva, los fondos del primer año del plan destinados a medidas como la extensión de la educación de 0 a 3 años o las ayudas al alquiler no se han ejecutado en su totalidad.

Además de los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio también firmaron el Plan Reactiva las entidades del Tercer Sector –ONG y organizaciones que trabajan con los colectivos más vulnerables y personas en exclusión– y los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias, Antonio Rico, admite que la gestión sanitaria y social de la pandemia en el último año ha sido «demasiado compleja» y las organizaciones que trabajan con los colectivos sociales se encuentran en una situación de «desequilibrio» financiero por el «sobreesfuerzo» que han tenido de realizar ante el fuerte incremento de la pobreza y de las necesidades de las familias más vulnerables. «El Plan Reactiva es positivo pero hay que terminar por llegar a todas las personas con necesidades, hay medidas que no tienen continuidad y muchos se quedan fuera de las ayudas», advierte Rico, también presidente regional de Cruz Roja.

Para Antonio Rico el objetivo del plan debe incidir en que nadie se quede atrás, que haya una inserción real de las familias y personas que han quedado excluidas por la crisis de la pandemia y que en la economía postcovid haya una mejor redistribución de la riqueza. Asimismo, Rico lamenta que leyes como la Servicios Sociales no se estén aplicando por lo que «no es útil». Por ello espera que esta norma no se quede en «papel mojado» como otras leyes anteriores.

La patronal advierte que es a partir de ahora cuando el plan empieza la etapa «más complicada»

Por su parte la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, cuestiona que las entidades sociales sean «convidados de piedra» en el seguimiento del Plan Reactiva porque, aunque son convocadas a las reuniones, «no se incluyen nuestras propuestas y no vemos avances en el ámbito social». En su opinión las políticas sociales tienen «poco protagonismo» porque se trata de medidas genéricas, sin planificación suficiente y la gente termina «muy frustrada». «Anuncian que hay mucho dinero pero mi sensación es que no lo veo en la ciudadanía», cuestiona.

Monroy asegura que los trabajadores sociales «están desbordados» y que se han incrementado las llamadas al Colegio porque las ayudas no llegan a quien tienen que llegar. «Les hemos pedido que en vez de medidas generalistas concreten iniciativas que faciliten a las personas y familias acceder a las ayudas y a su tramitación», añade la presidenta del Colegio de Trabajo Social. En este sentido indicó que seguirá yendo a las comisiones de seguimiento del Plan Reactiva pero «hemos perdido la fe».

Por otro lado, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló que es a partir de ahora cuando empieza la etapa «más complicada» en la gestión del plan de recuperación de la actividad económica con la llegada de los 1.144 millones del Estado para ayudar a las empresas y los fondos europeos destinados a la recuperación de la economía tras la pandemia. En el primer año del Plan Reactiva poco se ha podido concretar, si bien Manrique cree que el Gobierno podría haber sido más diligente en la aprobación del decreto de agilización administrativa para permitir las nuevas inversiones en la era postcovid.

Por parte de los sindicatos, el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, aseguró que, según el aplicativo cedido por el Gobierno a los firmantes del plan, hay epígrafes, sobre todo los sociales, cuyos fondos no se han ejecutado al cien por cien en las previsiones del primer año. El dirigente sindical reclama un acceso detallado a los niveles de ejecución del plan, además de «más transparencia, claridad y participación» cuando se convoque la comisión de seguimiento, prevista para este mes.