El ministro de Política Territorial y Función Pública afronta esta entrevista al término de una semana clave para el Gobierno y para su departamento. El portazo del Tribunal Supremo a los indultos del procés ha dejado a los líderes del 1-O en manos del Ejecutivo. Además, expone cuáles van a ser sus planes de reforma del empleo público y los interinos, que han provocado suspicacias entre los funcionarios.
¿No teme que se instale una sensación de cambio de ciclo en España después de las elecciones madrileñas? PP y Vox, según algunas encuestas, podrían alcanzar ahora la mayoría.
Voy a decir la verdad de lo que siento: no creo que haya una mayoría de españoles partidarios de que el futuro Gobierno esté formado por el PP y Vox. Lo que hemos de hacer es acertar nosotros. No creo que sea generalizable el resultado de las elecciones en Madrid.
Son 300.000 los interinos cuyas plazas pretende estabilizar con oposiciones nuevas o en curso. ¿Cree que muchos de ellos, con largas carreras, a los que les es difícil trabajar y estudiar, y muchas de ellas mujeres, podrán consolidar su plaza?
Sí, porque en el proceso de estabilización, a falta de ajustar las cifras, la experiencia en la Administración pesará un 40%. Eso va a favorecer mucho la estabilización de plazas. Vamos a dar una buena solución a un problema que se ha ido acumulando en el tiempo y vamos a impedir que se reproduzca de cara al futuro. No vamos a permitir que haya plazas ocupadas por interinos por un periodo superior a tres años, y esa va a ser la reforma que vamos a enviar al Congreso de los Diputados en junio.
¿Sigue sin contemplar indemnizaciones para aquellos que pierdan la plaza?
No nos lo hemos planteado. No puede ser que se acumule, como pasa en algunas administraciones, una interinidad superior al 40%. La interinidad que hay en la Administración del Estado es la razonable, de un 8%.
¿No se pueden disparar las denuncias judiciales?
No podemos hacer a nadie funcionario por ley, porque nuestra Constitución establece que se tienen que cumplir criterios de igualdad, de mérito y capacidad. Ahí no hay atajos.
Le queda por negociar la oferta de empleo público de este año. ¿Tiene en mente alguna cifra?
Va a ser la más importante de la historia, pero no está cerrada la cifra. En junio la sacamos. Será superior a la del año pasado [que fue de 28.055 plazas].
¿Congelará sueldos de los funcionarios o les quitará pagas extras, como hizo el Gobierno del PP en la anterior crisis?
No. Lo que nos gustaría, pero no hemos empezado todavía a trabajar en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, es conseguir unos crecimientos salariales similares a los de este último año, en función de la evolución de la economía. Queremos una función pública bien pagada.
¿Merecen el indulto los condenados que no han mostrado «ni el más débil indicio de arrepentimiento», según palabras del Tribunal Supremo?
La ley del indulto, de 1870, no exige ese arrepentimiento. Cuando los condenados dicen «lo volveremos a hacer», siempre he entendido que volverán a intentar que Catalunya sea un país independiente.
El independentismo catalán no descarta el regreso a una ruptura unilateral.
No creo que se vayan a saltar la ley sabiendo qué consecuencias tiene hacerlo. La unilateralidad fue derrotada. Aquí solamente se saltaron la ley cuando gobernaba el PP. Desde que gobierna el PSOE eso no ha sucedido, y estoy convencido de que no sucederá.
Felipe González señalaba que no indultaría a los presos del ‘procés’ en estas condiciones, porque no hay arrepentimiento.
Me quedo con lo que González dijo al final. El problema aquí no es de arrepentimiento, sino que es que uno se tiene que comprometer a cumplir con la ley. Y eso está asegurado porque no creo que vuelvan a incumplirla. Y si eso sucediera, el Estado volvería a demostrar su fortaleza. El Estado demostró su fuerza y en estos momentos está en condiciones de demostrar si quiere su magnanimidad.
El Supremo considera los indultos una «solución inaceptable». ¿No deja muy poco margen al Gobierno para hacerlo?
Respetamos la opinión del Supremo, pero no tenemos por qué compartirla. Si el Gobierno decide indultar, no enmienda la plana al tribunal. Es una consideración política de interés general, no jurídica.
¿Y los indultos son la oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva en Catalunya?
Borrón y cuenta nueva sería una amnistía, que no es el caso. Borrón no, porque lo que ha pasado ha pasado, y la gravedad de los hechos de 2017 permanecerá para siempre en la historia. Los indultos no la borran. ¿Nos permiten avanzar? Sí, pero eso no es borrón y cuenta nueva. Es desbrozar el camino.
¿En qué permiten avanzar?
En un diálogo dificultado con líderes independentistas en prisión
¿Va a pedir el Gobierno un gesto al independentismo?
Pere Aragonés ha insistido en la búsqueda de soluciones [al conflicto] acordadas y en sus palabras no aparece un solo atisbo de voluntad de saltarse la legalidad.
Puede pedirle que afiance la estabilidad parlamentaria.
Esto no es si tú me das estabilidad, yo te indulto. Lo único que ha pedido el Gobierno es que en Cataluña haya estabilidad, disposición al diálogo y cumplimiento de la ley. Y Aragonés no está hablando de discordia, sino de concordia.
En el Partido Socialista hay temor al coste político y electoral de los indultos.
Sí, pero gobernar siempre implica tener que tomar decisiones, que no todas son pacíficas o unánimes, y que pueden tener costes. Yo creo que una mayoría de españoles verá que lo que mueve al Gobierno es un objetivo que se puede compartir, que es el deseable.
¿Cuál es el punto de acercamiento en la mesa de diálogo? ¿Un nuevo Estatut?
Una profundización en el autogobierno es el camino, pero hay posiciones distintas. Lo normal sería fijarse en las prioridades en las que todos los catalanes coinciden: lucha contra la pandemia, recuperación económica, escudo social... Por ahí se pueden empezar a tejer relaciones de confianza mutua y complicidad que permitan abordar otras cosas.
Dijo que la reforma de la sedición quizá no era aconsejable porque no habría votos suficientes para poder sacarla adelante, ni por parte de los grupos de la derecha ni tampoco por las fuerzas independentistas.
Oportuna es. Lo que no será es viable. Si el Gobierno cree que merece la pena impulsar esa reforma, tiene perfecto derecho a proponerla. A lo que no está obligado es a que se apruebe, porque el Gobierno por sí solo no tiene mayoría suficiente.
Si Esquerra y Junts rompen, ¿el PSC estaría dispuesto a apoyar a Aragonés?
Queremos de presidente de la Generalitat a Salvador Illa. No ha podido ser, pero si ese esquema de funcionamiento fracasa, habría que replantearlo todo. Si el Govern que ha salido no es capaz de continuar, tendría que convocar elecciones.
¿Los socialistas no se plantean entrar en el Govern o apuntalar a Aragonés?
Él ya ha dicho que no quiere contar con los socialistas. En política, la libertad manda. Y ERC ha querido gobernar con Junts. Si eso fracasa, no tiene mucho sentido ir a otra cosa.
