Las empresas que le deben dinero a Hacienda o a la Seguridad Social también tienen la posibilidad de recibir ayuda con cargo a los 1.144 millones habilitados por el Gobierno central para paliar las consecuencias de la pandemia en el tejido productivo canario. El Ejecutivo autonómico, que está ultimando el decreto que regulará la concesión de las subvenciones, no excluirá a estos negocios del procedimiento. Las pymes o trabajadores autónomos con deudas tributarias o con cuotas sociales impagadas podrán presentar sus solicitudes de ayudas como cualquier otra empresa. Esta circunstancia no se tendrá en cuenta de inicio para decidir si la pyme o el autónomo puede o no recibir la subvención. Sin embargo, el negocio sí deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social al menos un día antes de que se dicte la propuesta de resolución para la concesión de las ayudas. De esta forma, el Gobierno regional intenta armonizar tres premisas: que pueda optar al rescate el mayor número de empresas posible; que las subvenciones sean un acicate para ponerse al día con el fisco –en muchos casos son deudas inferiores a las ayudas públicas que las pymes recibirían en caso de saldarlas, con lo que les merece la pena hacer el esfuerzo para no perder el derecho a la subvención–; y que no sufran un agravio comparativo las pymes que sí llevan al corriente sus obligaciones tributarias pese a estar en una situación tan difícil como las que no están al corriente.
El grupo de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico pidió ayer al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres que no se excluya del reparto de los 1.144 millones de euros a esos negocios que figuran como morosos en los ficheros de Hacienda o de la Seguridad Social. CC propone que estas empresas puedan ser beneficiarias aun cuando no hayan saldado la deuda, con lo que los nacionalistas coinciden en este punto con la idea del Gobierno. La diferencia está en que Coalición apuesta por dar un plazo de 30 días tras la concesión de la ayuda para que la pyme o el autónomo se ponga al corriente en el pago de impuestos y/o cuotas sociales, mientras que el Ejecutivo canario quiere que la empresa ya esté al día con Hacienda y la Seguridad Social cuando reciba el dinero.
El borrador del decreto regulador que maneja el Gobierno expone entre los requisitos para cobrar la subvención el de «estar al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social [...] con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión» de las ayudas.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las pymes y autónomos que arrastran deudas con el erario público no son tantas como de entrada pudiera pensarse. Los datos con que cuenta el Ejecutivo muestran que son alrededor del 10%, una de cada diez. No en vano, la gran mayoría de negocios afectados por la crisis del coronavirus ha optado por acogerse a aplazamientos fiscales.
Además, también podrán optar a las subvenciones las empresas que cerraron en pérdidas el ejercicio de 2019, el último de normalidad antes de la pandemia. No obstante, una cosa es haber terminado 2019 en números rojos de forma puntual o por determinadas circunstancias –porque el negocio apenas arrancaba, porque sufrió las consecuencias de la quiebra del turoperador Thomas Cook o porque le sobrevino un revés imposible de prever– y otra bien distinta es llevar años encadenando pérdidas. Dicho de otro modo: las empresas viables podrán cobrar las subvenciones con independencia del resultado contable registrado antes de la pandemia, mientras que no tendrán derecho las pymes en crisis, esas que ya estaban condenadas a cerrar sus puertas para siempre antes de que nadie supiera de la existencia del coronavirus. La no exclusión de las ayudas de negocios viables por el mero hecho de haber tenido números rojos en 2019 es también una de las exigencias de CC.
El principal partido de la oposición le recomendó ayer a Torres que aparte a la Consejería de Economía, que dirige Elena Máñez, de la gestión de las subvenciones, «visto el fracaso en la convocatoria de los 84 millones anunciados a bombo y platillo en el mes de enero, que solo han llegado al 20% de los solicitantes».
Sin decidir la cuantía para las ‘grandes’ empresas
Rosa Dávila y Pablo Rodríguez, diputados de CC en el Parlamento regional, también plantearon ayer la necesidad de rebajar del 30 al 20% el porcentaje mínimo de pérdidas para que una empresa pueda ser beneficiaria de las ayudas directas. Sin embargo, esta es una decisión que no está en manos del Gobierno de Canarias, ni siquiera del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es la Unión Europea la que fija el límite del 30% en la normativa sobre ayudas de Estado. Los nacionalistas sostienen que la Comunidad Autónoma puede defender una excepción en su favor por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), para lo que el Gobierno regional debería ponerse en contacto con el Estado, que en última instancia sería el competente para solicitar esa excepción en Bruselas. El problema, por tanto, es que parece muy muy difícil que Europa pueda dar una respuesta favorable en los plazos que exige el rápido reparto de los 1.144 millones. Además, Dávila y Rodríguez creen necesario ampliar los gastos subvencionables, especialmente en el caso de los trabajadores autónomos, para los que se establecen, según los nacionalistas, apenas 3.000 euros. El Gobierno aclaró ayer, no obstante, que ese máximo de 3.000 euros es para los casos de empresarios o profesionales que tributan en régimen de estimación objetiva, y, de cualquier forma, es un límite que viene fijado en el real decreto ley del Estado. Sí está por ver, en línea con las peticiones de CC, el tope para empresas con más de 50 trabajadores, que puede ser de hasta 10 millones.
