Canarias lleva desde 2003 contratando aviones medicalizados obsoletos, fabricados en 1979 y 1981, para realizar los traslados urgentes de pacientes entre islas y a la Península. El actual aparato que cubre este servicio tiene más de 40 años de antigüedad y el pasado lunes tuvo que desviar su ruta por una avería que provocó que las mascarillas de oxígeno se desplegaran. El concurso para modernizar esta flota lleva más de una década sin celebrarse pese a que en 2011 se publicó el pliego de condiciones que ninguna de las dos últimas aeronaves cumplirían. El Gobierno de Canarias confía en sacarlo adelante durante este 2021.
La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), encargada del transporte sanitario terrestre y aéreo, ha tenido desde al menos 2003 como cliente principal para este servicio a Urgemer Canarias, una compañía especializada en los traslados de pacientes que con los años ha conseguido instalarse en otras comunidades españolas donde ha ganado concursos públicos. En aquellos años, el avión que surcaba los cielos era el Beechcraft King Air 200, entregado a su primer propietario (NFD Luftverkehrs AG) en agosto de 1979 y que estuvo matriculado como D-IFOR hasta que, en 1996, fue adquirido por Transportes Aéreos del Sur y se rematriculó con EC-GHZ. Esta aeronave, cuya librea combinaba los colores blanco azul y amarillo que por entonces era asociado al Servicio Canario de Salud, estuvo operando más de una década en el Archipiélago.
El Ejecutivo regional pretendía renovar la flota en 2011. En enero de aquel año publicó las bases del concurso para el servicio de transporte sanitario aéreo mediante avión de soporte vital avanzado en el que se recogía, entre otras exigencias, que la aeronave tuviera como máximo 15 años de antigüedad, así como una velocidad de crucero de al menos 500 kilómetros por hora o una autonomía de vuelo mínima de 1.400 millas náuticas (2.592 kilómetros) o superior a 5 horas. El importe que estaba dispuesto a pagar era de 691.528 anuales, que se iría aumentando automáticamente un 1% durante los cuatros años que duraría el contrato, más los dos de prórroga, hasta los 726.803 euros. En total, 4,2 millones de euros para los seis años. Aquello se difuminó. El concurso se canceló. Nunca se llegó a celebrar y el avión EC-GHZ seguía cubriendo el traslado de pacientes con los 32 años que tenía por aquel 2011, 17 más de la antigüedad máxima que exigía el concurso al que varias empresas manifestaron su intereses por presentarse.
En los años posteriores el EC-GHZ fue sustituido por su gemelo EC-JJP. El SUC pasaba de un avión fabricado en 1978 a otro construido en 1981. Ninguno de los dos seguían sin cumplir las condiciones del pliego. En ocasiones, entre los años 2018 y 2019, estas aeronaves también eran utilizadas en Melilla, donde Urgemer Canarias había conseguido la adjudicación de los traslados de enfermos a Málaga, según denunció una compañía ante el Consejo de Estado.
Esta denuncia motivó que la ciudad autónoma revocara a finales del año pasado el contrato que tenía con la empresa de origen canario por utilizar aeronaves más antiguas de la que había incluido en su oferta. Esta práctica, la de asegurar que utilizaría aparatos con menos de diez año de antigüedad pero que después sustituía por aviones vetustos, también le hizo perder en 2020 el contrato que había ganado en Baleares. El gobierno regional le sancionó con tres millones de euros por cuatro irregularidades: el uso de aviones con 22 años de edad, cuando se había establecido un máximo de 10; retraso en la puesta en marcha de las aeronaves basadas en Mallorca y Menorca, falta de titulación y licencia de pilotos y copilotos de los helicópteros y por carecer de la habilitación para vuelo instrumental.
En Canarias, mientras tanto, el EC-JJP seguía operando entre islas y con la Península pese a las incidencias que se registraban, como denunció esta semana el comité de empresa del GSC. Entre estas averías estaban un fallo en el tren trasero, ocurrido en abril de 2019; humo en el interior de la cabina cuando se disponían a despegar desde Fuerteventura con un paciente en el interior un mes después, problemas con el piloto automático en abril o «frío extremo» en cabina durante un traslado desde Gran Canaria a Sevilla porque el sistema de calefacción se había estropeado el pasado 2 de mayo.
La última incidencia se produjo el pasado lunes cuando el avión de Eliance -empresa que en abril de 2019 adquirió Urgemer Canarias- se disponía a evacuar a un bebé de 4 meses desde Tenerife Norte hasta Madrid para recibir una segunda valoración del hiperinsulinismo congénito que padece. Cuando llevaba 22 minutos de vuelo, la tripulación escuchó un zumbido y las máscaras de oxígeno se desprendieron del techo por una presunta despresurización. El aparato realizó un descenso inmediato para situarse por debajo de los 10.000 pies con el objetivo de evitar una posible pérdida de oxígeno que les provocaría entrar en inconsciencia y aterrizó en Lanzarote. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (CIAIAC) no había recibido hasta el pasado viernes informe alguno sobre lo sucedido cuando, según el reglamento europeo de aviación, el simple hecho que se descuelguen las mascarilla conlleva investigación. La tripulación tampoco solicitó un aterrizaje de emergencias que hubiese generado una inspección de oficio.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encarga de gestionar este servicio, recalcó esta semana que la aeronave es segura y que ha pasado todos los controles de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Y anunció que se están agilizando los trámites para intentar convocar este año un concurso que se demora ya más de diez años.
