Canarias se quiere abrir al exterior tras pasar lo más duro de la pandemia y modifica las reglas para la entrada en las Islas. El objetivo es recuperar los flujos turísticos a medida que los países emisores vayan abriendo sus fronteras y se normalice el transporte aéreo. Además de la necesidad de acreditar la realización de un test o prueba con resultado negativo en Covid, los pasajeros que lleguen al Archipiélago podrán entrar si justifican que están vacunados o si proceden de territorios donde haya una baja incidencia de la pandemia. También se mantendrá que en la entrada en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros se aporte el resultado de una prueba negativa sea PCR o test de antígenos.

«Es posible que en los próximos días, bien a través del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, o bien mediante un acuerdo de gobierno, Canarias adopte una decisión similar a las de otras comunidades autónomas, que serían facilitar la venida de turistas no sólo a quien tenga un test negativo, sino también a quien acredite que ha sido vacunado o provenga de territorios con una baja incidencia de la enfermedad», confirmó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.

El Consejo de Gobierno no tomó ayer la decisión de aprobar estas medidas pero sí las tiene sobre la mesa para darles el visto bueno una vez el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por la Comunidad Autónoma contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que echa por tierra las restricciones planteadas por el Gobierno tras decaer el estado de alarma el día 9. Cabe también la posibilidad de que sea el Gobierno central el que adopte medidas para la circulación de pasajeros, en línea con lo decidido por la UE.

El portavoz del Ejecutivo indicó ayer que si el Supremo se pronuncia en contra del cierre perimetral de las Islas que pasen a fase 3 y 4, tal como el Gobierno canario proponía, el gabinete «ajustará sus decisiones a su doctrina tanto si nos da la razón como si no».

Pérez señaló que el objetivo es que las cifras de vacunación y de incidencia hagan que no sea necesario el cierre perimetral, y en caso de que fuese necesaria alguna limitación a la movilidad, «quizá haya que tomar otras medidas de cierre que no afecten a la isla completa». El consejero de Administraciones Públicas insistió en que hay medidas que no se han puesto en cuestión por la Justicia como el cribado, el control en los hoteles y otras iniciativas que seguirán vigentes y se introducirán aquellas modificaciones necesarias en el caso de que no se autoricen los cierres perimetrales. «Éramos conscientes de las dificultades legales que se derivaban de esta situación» añadió, por lo que se barajan «otras medidas de cierre» más limitadas, aunque admite que conllevará mayores dificultades en Canarias por la diseminación que existe en muchos de sus núcleos poblacionales.

El consejero, abogado de profesión, mostró su extrañeza por la posición favorable del fiscal del TSJC a favor del cierre perimetral planteado por el Ejecutivo y de dos magistrados de la Sala. Sin embargo, en el Supremo este asunto ha topado con el criterio en contra de la Fiscalía. El portavoz del Ejecutivo señaló, no obstante, que la intención del recurso era saber el cauce legal por el que tendrán que discurrir las medidas que adopte Sanidad en el caso de que haya un incremento significativo de las cifras de la pandemia.

Pérez insistió en que el objetivo no es tener que volver a aplicar cierres perimetrales se aprueben o no por el TS y por ahora las cifras de la pandemia en Canarias mejoran, si bien hay cierta preocupación con Tenerife.

Convocatoria de las ayudas

Julio Pérez aseguró ayer que el Ejecutivo prevé aprobar en su sesión de la próxima semana la convocatoria de las ayudas estatales directas a empresas y autónomos por valor de 1.144 millones de euros. «Nuestra previsión es aprobar la semana que viene la norma que permita convocar la concesión de ayudas de 1.144 millones que corresponden a Canarias de las ayudas estatales», observó tras el Consejo de Gobierno. Los fondos tendrán que distribuirse entre los beneficiarios antes del 31 de diciembre. Estas ayudas beneficiarán a todas las empresas y autónomos que puedan acreditar unas pérdidas de más del 30% durante el año 2020, sea cual sea su tipo o clasificación fiscal, lo que fue una de las demandas planteadas por Canarias en abril, que se recogió finalmente en el Real Decreto-ley 6/2021 publicado el 21 de abril, norma que amplió el aprobado el 12 marzo.