Canarias reclama que se institucionalice el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Tras la entrada de más de 1.500 niños por la frontera con Ceuta, el Ministerio de Derechos Sociales convocó una reunión interterritorial de urgencia en la que se acordó desviar a 200 menores desde la ciudad autónoma hacia el resto de regiones. El próximo martes está programado un nuevo encuentro en el que se votará si se acepta el baremo por el que se distribuirá a los menores y que tiene en cuentan el impacto en acogida, la población, la situación económica, la renta per cápita y la tasa de paro. «El documento que se está elaborando es para dar respuesta a esta emergencia, pero nosotros seguiremos trabajando para que esos criterios se conviertan en un protocolo de reparto equitativo, solidario y estable», apunta la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez. Quien subraya que las Islas exigen al Estado «las mismas medidas excepcionales» que tomó para Ceuta, incluida la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el mismo día en el que se produjo la avalancha de llegadas se trasladó a la ciudad norteafricana, mientras que a las Islas solo han venido ministros.

En el Archipiélago hay actualmente 2.641 menores migrantes no acompañados bajo la tutela del Ejecutivo autonómico. Hasta ahora, gracias a los acuerdos bilaterales de Canarias con otras comunidades, se ha derivado a 101 niños y se han acordado un total de 208 plazas. Castilla y León (8), Extremadura (25), Navarra (15) y Cataluña (43) ya han recibido a menores procedentes de las Islas. Por contra, hay regiones como Murcia, Andalucía, Baleares y La Rioja, con las que no se ha logrado establecer una alianza.

En la reunión interterritorial, presidida por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, todas las comunidades mostraron inicialmente su disponibilidad a acoger migrantes procedentes de Ceuta. Y Martínez alega que esta reacción exprés ante la crisis ceutí se debe, en parte, a «la labor pedagógica» que ha hecho Canarias con las autonomías, ya que fue la primera comunidad en poner sobre la mesa el problema de los menores extranjeros no acompañados. «Llevamos meses concienciando. Nos complace que, después de ese trabajo, la gente tenga el tema a flor de piel y ante la crisis hayamos sido capaces de dar una respuesta rápida», explica la viceconsejera canaria de Derechos Sociales. Quien puntualiza que «no es casualidad» que a Ceuta se le hayan ofrecido 200 plazas, las mismas que ha logrado el Archipiélago en sus negociaciones bilaterales.

Martínez destaca que no se puede solo apelar a la solidaridad de la comunidades autónomas, porque muchas veces el problema no es la falta de capacidad o de voluntad, sino la falta de recursos económico. Por esto, insiste en reclamar apoyo financiero del Estado y, sobre todo, de la Unión Europea. Según detalla, el único Ministerio que ha destinado una partida a la atención de los menores no acompañados de Canarias es el de Derechos Sociales, que en diciembre asignó 10 millones de euros. Los ministerios de Inclusión y de Interior han recibido 72 millones de la Unión Europea para la gestión migratoria, pero no han destinado nada a los menores. «Los niños vienen en las mismas pateras y forman parte del mismo fenómeno migratorio, por lo que entendíamos que nos asignarían una parte de ese monto, pero no nos respondieron favorablemente», lamenta la viceconsejera. Quien afea la inacción de la UE, a la que le han solicitado, hasta en dos ocasiones, que renueve el plan de acción sobre los menor extranjero no acompañado, que se terminó en 2014.

La crisis de El Tarajal no es «imaginable» en las Islas

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, señala que no es «imaginable» que se repita en las islas una situación similar a la ocurrida en Ceuta en los últimos días con la llegada de unos 8.000 migrantes procedentes de Marruecos en pocas horas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, reiteró las palabras que dijo el presidente, Ángel Víctor Torres, quien apuntó que es «clave» para el Archipiélago que existan unas buenas relaciones entre España y el país alauita. «Desde el punto de vista político la posición del Gobierno se ha expresado con una frase del presidente: Para Canarias es clave que las relaciones sean buenas», aseveró. Pérez hizo especial hincapié en que las informaciones técnicas que el Ejecutivo regional ha recibido «permiten pensar que no es imaginable que una situación como la de Ceuta se reproduzca en el Archipiélago». Por su parte, el portavoz insistió en que Canarias ha trasladado su solidaridad a las autoridades de la ciudad autónoma y destacó que se ha puesto sobre la mesa una petición que venía haciendo el Archipiélago para que la atención de los menores no acompañados no sea una carga que deba asumir en exclusiva el lugar fronterizo en el se reciben. Por esto, añadió, que lo relevante es que se ha puesto de relieve que es importan y necesario abordar este problema con el resto de regiones.