El Gobierno de Canarias está pisando a fondo el acelerador para abonar a finales de junio las primeras ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos con cargo a los 1.144 millones de la Línea Covid habilitada por el Ministerio de Hacienda. El Archipiélago figura entre las nueve Comunidades Autónomas que aún no han recibido su parte del dinero, pero no porque no esté disponible, sino porque la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ejecutivo regional irá solicitando cantidades según las vaya pagando a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de las Islas. El escollo para poder abonar ya en junio las primeras subvenciones no es la disponibilidad de los fondos, que según la Consejería de Hacienda está garantizada, sino los trámites administrativos. No en vano, y por más que la pandemia haya obligado a la Administración pública a flexibilizar al máximo los procedimientos, la concesión de las ayudas exige aprobar el decreto que regulará las subvenciones –eso en primer lugar– y abrir luego la convocatoria. Y Canarias aún no ha dado el primer paso, es decir, todavía no tiene el decreto regulador aprobado.
El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, avanzó en el pleno del Parlamento autonómico celebrado la semana pasada –«me voy a tirar a la piscina», dijo– que el decreto para el reparto de los 1.144 millones de euros estará aprobado antes de fin de mes. Rodríguez miró a la consejera de Economía, Elena Máñez, cuando se tiró a la piscina. Es el departamento dirigido por la socialista el que lleva el peso en la redacción del marco regulador. Cumplir o no ese primer plazo que se ha impuesto el Gobierno de Canarias determinará si las pymes y los autónomos recibirán los primeros pagos antes de que acabe junio. De momento, la hoja de ruta no se ha modificado: el primer paso será aprobar el decreto antes de que mayo termine; luego habrá que publicarlo en el boletín oficial –lo normal es que sea al día siguiente–; y ya vendrá luego la convocatoria de las subvenciones, lo que se producirá entre una semana y diez días después de la publicación del decreto. A partir de ese momento, empresas y autónomos tendrán un plazo de treinta días ampliable en otros quince, según ha podido saber este diario, para solicitar las ayudas.
La intención del Gobierno de Canarias es ir abonando las primeras subvenciones con el plazo de solicitud aún abierto, con lo que se irán dando ayudas mientras se seguirán recibiendo peticiones. De modo que «si todo marcha bien», antes del 30 de junio ya habrá pymes y trabajadores autónomos con el dinero en sus cuentas corrientes, una inyección de liquidez que en muchos casos puede significar la diferencia entre mantener abierto el negocio o cerrarlo para siempre.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera pedirá así los fondos al Ministerio de Hacienda cuando se abra la convocatoria y empiece a recibir las primeras solicitudes. La consejería de Román Rodríguez ya adelantó la semana pasada que los 1.144 millones están «disponibles», lo que no quiere decir que estén ya en la cuenta corriente de la Comunidad Autónoma. El Independiente informó ayer de que el Ministerio dirigido por María Jesús Montero aún no ha transferido a once regiones –a nueve comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– un total de 4.644 millones de euros de la Línea Covid. En esa cantidad están incluidos los 1.144 que le corresponden a Canarias, que es la autonomía que recibe el mayor trozo del pastel –lo que por otro lado implica que también es la más castigada por la crisis del coronavirus–.
Sin embargo, el hecho de que la Hacienda estatal todavía no haya enviado los 1.144 millones –a pesar de haberse comprometido a hacerlo en los diez días siguientes a la firma del convenio con el Gobierno regional, que se celebró el pasado día 12– no se debe a retrasos, sino al ahorro de costes.
Los dineros de la Línea Covid han de destinarse íntegramente para el pago de ayudas directas a pymes y autónomos, no son de libre disposición. Y como Canarias no podrá empezar a abonar las subvenciones hasta finales de junio, el dinero se quedaría ocioso en las cuentas de la Comunidad Autónoma, de ahí que no se pedirá su transferencia hasta que se inicien los pagos a las empresas. Una decisión no menor porque los bancos, en general, no solo no están pagando por los depósitos de los clientes, sino que incluso están cobrando por ello, es decir, están cobrando por guardar dinero, un efecto perverso de la política monetaria europea. En definitiva, se trata de evitar que los bancos se queden un pellizco de los fondos.
En cuanto a las ayudas directas propias del Gobierno de Canarias, tan solo se han distribuido hasta el momento alrededor de 15 millones de un total de 84. A estos se suman otros 80 millones para bonificar el recibo del IBI a las empresas de alojamiento turístico: hoteles, apartamentos... La Consejería de Hacienda está trabajando con la patronal para consensuar el decreto regulador, para lo que está habiendo algunas dificultades pendientes de resolver.
