Juan Luis Lorenzo Bragado (Zamora, 1962), tomó posesión la semana pasada como presidente del TSJC tras los casi dos años que tardó el Poder Judicial en lograr un consenso y elegir a quién ocuparía la plaza

Por fin toma posesión del cargo tras un largo proceso de casi dos años, ¿por qué cree que se tardó tanto?

Yo creo que ha sido consecuencia de la provisionalidad en la que estaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por lógica, en la necesidad de buscar consensos para alcanzar la mayoría requerida para este tipo de nombramientos, que es de trece votos.

¿La falta de consenso que generó un conflicto político dentro del CGPJ?

No creo. Es parte del proceso habitual de la toma de decisiones de un órgano en el que no existe una mayoría suficiente para sacar adelante, por cualquiera de las tendencias o grupos, un nombramiento. Ha costado llegar a ese acuerdo de tener los trece votos. Hubo una primera votación en la que no se alcanzaron los tres quintos y se logró finalmente pasado el 4 de marzo.

¿Qué le parece el fin del estado de alarma?, ¿las decisiones judiciales y el varapalo al Gobierno canario?

Lo que ha habido es una actuación de los tribunales dentro del marco del Estado de derecho. Es decir, decayó el estado de alarma y el Gobierno de Canarias solicitó la aplicación de una serie de medidas y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha respondido en tiempo y forma, por lo que poco más hay que añadir. Yo en lo que me congratulo es que el Estado de derecho está actuando y se ha resuelto con arreglo y plazos de la legalidad vigente. No voy a entrar a valorar el contenido de la resolución judicial, porque es una decisión soberana y que sólo incumbe a los integrantes de la Sala que lo han razonado y explicado suficientemente en su sentencia y después precisado en su auto de aclaración. Por lo que no tengo más que añadir

Al que el Gobierno de Canarias ha recurrido...

Lo hace en determinados aspectos ante el Tribunal Supremo y nada. Simplemente en lo que tenemos que congratularnos es que vivimos en un Estado de derecho. Que hay unas normas que se observan y se respetan por todos los operadores jurídicos y nada más. Eso es lo que realmente debe satisfacernos como ciudadanos.

¿La disparidad de criterios sobre estas medidas entre los distintos Tribunales Superiores podría perjudicar la imagen de la Justicia?

Era previsible que existiese esa disparidad porque es consustancial a la idea de independencia del Poder Judicial. En primer lugar porque las resoluciones cuya autorización se somete a consideración de los tribunales son diferentes, así como las circunstancias de los territorios y los avales o informes en los que se sustentan esas medidas que se pretendían ratificar. Entonces lo que no se puede esperar es una respuesta mimética de todos los tribunales porque el Derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas y ahí intervienen consideraciones jurídicas que son puestas sobre la mesa. Incluso dentro de cada Tribunal ha habido votos discrepantes, casi nunca han sido decisiones tomadas por unanimidad de las Salas, es algo que forma parte de la naturaleza de la actividad judicial en un país democrático y con arreglo de un Estado de derecho, y creo que eso tampoco debe suponer un signo de alarma o preocupación. Ahora bien, sí que era previsible que cuando el estado de alarma decayera se podía producir esta situación de discrepancia entre las resoluciones por lo que no debe sorprendernos a nadie.

Por lo que queda en manos del Supremo...

Cuando el Supremo conozca de los recursos contra las sentencias de los TSJ que sean recurridas tratará de unificar las doctrinas en lo posible, sobre todo porque yo creo que es bueno preservar la seguridad jurídica ya que es un alto valor, y evidentemente, no va a poder ser de manera inmediata porque está toda la competencia en los Tribunales Superiores. Pero bueno, seguimos en un periodo de incertidumbre, aunque afortunadamente por poco tiempo ya que por el plazo que se habilita en el nuevo diseño de recurso de casación, de cinco días, en poco tendremos una línea más firme.

La justicia tardía y ralentizada no es justicia, esperar una resolución causa una aflicción psicológica

¿Considera que el toque de queda vulnera los derechos fundamentales aún en pandemia?

En las cuestiones que tienen que ver con el fondo de un asunto que está sub judice prefiero no pronunciarme. Yo puedo tener una opinión como ciudadano pero como en este caso han sido mis compañeros los que han hecho la ponderación de las concretas circunstancias que concurren en el ámbito de la Comunidad Autónoma en relación con una resolución o un acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias y que ha sido explicitado suficientemente en su sentencia, yo no tengo nada más que añadir sobre ese particular. Como ciudadano puedo tener mi parecer pero como presidente del TSJC debo mantener mi más absoluto respeto por el contenido de esa resolución judicial.

¿Cree que a los jueces se les deba identificar con las distintas corrientes políticas?

Yo creo que lo importante para la ciudadanía es que el juez cuando se enfrenta a un caso lo haga sin prejuicios, con imparcialidad, objetividad y con independencia para que esa resolución no esté de ninguna manera condicionada de antemano y en Canarias todos los jueces son profesionales porque tenemos una magnifica carrera judicial, algo que nadie puede cuestionar.

Pero no significa que no tengan su ideología...

Cada uno tiene en su foro interno su propia forma de ver la vida y de cómo debe organizarse la sociedad, eso es algo innato y no se le puede pedir al juez que sea una especie de ser extraterrestre desvinculado de lo que es la realidad. Que en algunas ocasiones se diga que no pertenecemos a la sociedad porque nos dedicamos a estudiar y que estamos abstraídos de la realidad cuando no es así, estamos en la sociedad y cada uno tiene su forma de ver las cosas y eso no empaña ni debe condicionar su ejercicio profesional que debe realizarse siempre con objetividad, independencia e imparcialidad.

Aunque las asociaciones tienen su tendencia política...

Cada uno tiene su forma de ver la vida y, efectivamente, en lo que es la carrera judicial se agrupan en torno a ciertas sensibilidades y se conforma a través de las asociaciones judiciales a las que la opinión pública cataloga o etiqueta con un determinado calificativo y como eso está extendido ni usted ni yo vamos a hacer que eso cambie. Pero sí que le garantizo y aseguro que, conociendo como conozco por dentro la carrera judicial, no necesariamente por el hecho de estar alguien asociado a una de ellas va a tener esa tendencia, orientación o ideología.

Es decir, ¿hay corrientes dentro de cada una de ellas?

Sí, incluso individualidades y gente que simplemente está ahí porque considera que es un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos y expectativas profesionales pero eso no quiere decir que tenga una especie de marchamo que diga que va a resolver en tal sentido, para nada.

¿A qué se refería en su discurso de toma de posesión con que la Justicia en Canarias es mejorable?

Va enlazado a los indicadores de actividad. Somos teóricamente los que más pleiteamos, tenemos 154 asuntos por cada 1000 habitantes, casi doblamos los registros de las comunidades que mejor están como Navarra, La Rioja y el País Vasco. Eso es preocupante, tenemos que ver por qué. También me refería a los indicadores del año 2020 de tasas de resolución, congestión y pendencia, que no estamos entre los peores pero tampoco en los mejores. Y yo quiero que las Islas encabecen las tasas de funcionamiento ágil y rápido, además de bajar la ligitiosidad. Tratar de conseguir menos pleitos, resolver más rápido y que los juzgados estén menos congestionados.

Para lo que se necesitan medios...

Los jueces no tenemos en nuestras manos los medios materiales y personales, ni siquiera la capacidad de autoorganización, ni dependen de nosotros ni lo controlamos directamente pero sí debemos trasladar las necesidades, problemas y carencias, así como proponer en lo posible las soluciones para remediarlas. Por eso es mejorable.

Habló también del colapso en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana por la migración irregular, ¿cómo lo solucionaría?

Son circunstancias bastantes difíciles incluso de analizar. En los casos en los que se constaten que hay un nivel de entrada de asuntos que exceden de los objetivos habituales pedimos más juzgados y en el caso de San Bartolomé de Tirajana creo que está más que justificada la creación de un Juzgado de Instrucción. Más y sobre todo, por el fenómeno de la inmigración irregular, que es una problemática de carácter coyuntural y que quizá requiera de otras medidas, no lo sé. Pero como no se puede prever cuando se va a producir digamos esa oleada de llegadas, difícilmente se puede tener una infraestructura permanente para atenderlos. Lo que sí se pueden arbitrar son los mecanismos necesarios y previsiones necesarias para que cuando se produzca se pueda dar una respuesta adecuada a ese fenómeno garantizando los derechos de los inmigrantes por supuesto. Al margen de esto, hay también motivos suficientes para la creación de otro órgano en San Bartolomé.

En Canarias todos los jueces son profesionales y tienen una magnífica carrera judicial

Juan Luis Lorenzo Bragado - Presidente del TSJC

¿Y los órganos en los que los tiempos de respuesta son elevados?

En cuestiones que no justifiquen la creación de más órganos pero que sí se constate que tenemos un problema porque el tiempo de respuesta es muy elevado, algo inasumible, la única solución que cabe con arreglo a los mecanismos que están arbitrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial es la petición de refuerzos y la iniciativa le corresponde a la Sala de Gobierno en cuanto a la detección del problema y las propuestas de soluciones. El mecanismo habitual para estos casos es la comisión de servicios, es decir, ofertar a compañeros que están destinados a otros órganos la posibilidad de fijación de objetivos con una especie de prolongación de jornada a tiempo parcial, hasta la posibilidad de nombrar jueces sustitutos, sin prejuicio de que si en el momento en el que se produzca esa situación hay disponibilidad de jueces de adscripción territorial y así lo autoriza el consejo del Ministerio, se les adjudique ese refuerzo. Esto es con lo que cuenta el TSJC y que habrá que activarlo de la mejor manera posible para tratar de conseguir una disminución del tiempo de respuesta que es el objetivo que fundamentalmente nos incumbe a los órganos de gobierno en cuanto a que la respuesta que obtienen los ciudadanos de los tribunales sea ajustada a los parámetros razonables en el tiempo.

Los pleitos judiciales suelen tardar años...

Queremos que no se demoren los tiempos de respuesta durante años porque al final, como se suele decir, la justicia tardía y ralentizada, no es justicia. A parte de la aflicción psicológica que supone esperar una resolución. Es que si te resuelven un asunto en el que se te va la vida en ello por cuatro o cinco años, cuando llega, te preguntas para qué te sirve. Y eso es lo que creo que tenemos que trasladar a todas las instancias para colaborar a fin de que tengamos unos tribunales ágiles con respuestas adecuadas en tiempo.

Cuando dijo que los Juzgados de lo Social eran los más afectados por la crisis sanitaria, ¿se refería a que estaba saturados por los ERTE?

Los Juzgados de lo Social ya arrastraban una carrera importante pero con la pandemia la tasa de pendencia ha aumentado en una manera más que sobresaliente. Entonces, quizá, es la jurisdicción más afectada por las consecuencias de la pandemia, además, de la crisis económica derivada de ella y sí, es en materia de las prestaciones sociales, ERTE, ERE, en fin.

¿Y los Juzgados de lo Mercantil?

Tenemos una especie de bomba que puede estallar en cualquier momento que es la de estos juzgados, ya que están paralizadas las solicitudes de los concursos necesarios, por lo que en cualquier momento, cuando se alce la moratoria, puede haber una avalancha de asuntos. Pretendo adoptar primero medidas en lo Social que están ya planteándose por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial a través de los equipos de asignación dinámica a raíz de la petición de nuestro TSJC para reforzar los juzgados tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria y estamos a la espera de que se arbitren las soluciones para ir reduciendo la pendencia y que los ciudadanos tengan una respuesta a tiempo en una materia tan sensible, porque está afectando muchas veces a la propia subsistencia.

¿Incluye la creación de nuevos juzgados demandados por los magistrados de lo Social?

Sí, en Santa Cruz de Tenerife se creó el Social número 9 que todavía no ha entrado en funcionamiento porque no hay local donde ubicarlo, el Ministerio de Justicia decidió que debía entrar en funcionamiento en junio de este año y acaba de salir la licitación para trasladar a los Juzgados de lo Mercantil y así tener espacio para este órgano por lo que va a ser imposible que llegue esa fecha con el local donde ubicar el nuevo Social 9. En Las Palmas de Gran Canaria pasa igual hay petición de creación de órganos y de refuerzos y estamos en ello para que se pongan en marcha y acortar el tiempo de respuesta.

Extendería a Tenerife el Juzgado de Violencia contra la Infancia una vez que concluya la prueba piloto

A Santa Cruz de Tenerife y otros partidos judiciales, ya que es una experiencia pionera en toda España y muy interesante auspiciada por el decanato de Las Palmas de Gran Canaria, radicada en el Juzgado de Instrucción número 3 por parte del magistrado Tomas Martín y tenemos que felicitar esa iniciativa porque contribuye a que un sector especialmente vulnerable como los menores víctimas de cualquier delito reciban un trato adecuado y acorde a sus circunstancias para evitar la revictimización derivada de tener que acudir a los Juzgados.

Pionero como la sala Gessell

Sí, la primera la tuvieron aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Me he ido del decanato de Santa Cruz de Tenerife sin conseguir que arranque la de allá, tenemos la sala pero faltan los equipos técnicos. A parte de esto, se necesitan equipos de atención específica para los menores con protocolos de acompañamiento y eso es lo que se ha diseñado en el partido judicial de la capital grancanaria y tenemos que sentirnos orgullosos de esa iniciativa que trataremos de exportar siempre que sea posible y contemos con los medios adecuados.