Como los periodistas ya no podemos pasillear por el Parlamento –el covid es una coartada perfecta para estabularnos– y hoy en día a la mayoría de los diputados se le antoja una extravagancia perfectamente superflua hablar con los periodistas –nunca como ahora sus señorías han sido antes funcionarios del partido que políticos en activo con un fisco de autonomía propia– solo llegan tenues ecos de sus chismorreos. Curiosamente el notición del milenio –la elección de la Junta Directiva de la Radiotelevisión Canaria– no despierta demasiadas excitaciones verbales. Ese es el terreno para la amargura o la venganza en los ámbitos de la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno. El paisito atlántico suma cientos de muertos y varios miles de enfermos a causa de la pandemia en el último año, apenas asoma el pescuezo sobre la ruina económica, su cohesión social se desarticula y sus perspectivas a corto y medio plazo resultan bastante oscuras, pero la gestión de la televisión autonómica vibra como un acontecer de trascendental relevancia, un poco más extraordinaria que la desaparición de los dinosaurios y un poco menos cataclismática que la Revolución Francesa. Un esquema de gestión –el definido por una ley maniáticamente pormenorizada– que cuenta con una Junta Directiva con amplias competencias cuyos miembros son propuestos por los partidos políticos no es, en esta coyuntura, un camino fácilmente transitable hacia el consenso sobre un modelo de televisión pública. Lo más razonable no es que se designe (o torpedee) una junta para alcanzar un acuerdo que satisfaga intereses políticos o comerciales, sino que los dirigentes políticos lleguen a un acuerdo –un calendario jurídico y contractual aceptado por todos– para que la Junta Directiva no se convierta en una bomba de relojería que pueda estallar antes incluso de ponerse en marcha. Un acuerdo político cerrado y explícito que asuman las fuerzas del gobierno y las de la oposición y que convoque el propio presidente Torres. De verdad que no está en horno para bollos, ni siquiera el horno de la televisión canaria, cuya mejora organizativa y profesional bajo la dirección de Francisco Moreno es incuestionable.
En pleno parlamentario que acabó ayer, por supuesto, ofreció otras cosas para solaz del respetable. Por ejemplo, la psocialista Patricia Hernández hizo otra pregunta en el pleno, despreciando valientemente su propia integridad física, y le pidió información al consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, sobre el calendario de Cepsa para terminar de desmontar lo que queda –mucho– de la antigua Refinería de Petróleos de Santa Cruz de Tenerife y proceder a la descontaminación de su suelo. Valbuena le contestó que la operación comenzará en 2021, pero que Cepsa no le había precisado el mes exacto, y aseguró que su departamento estaría vigilante para que las cosas se hicieran debidamente “y sin que intervenga ninguna extraña operación urbanística”, porque como es obvio se trataba de contestar a su señoría y hacerle un guiño solidario. Hernández puso cara de que había esperado algo más sabroso, como informaciones sobre José Manuel Bermúdez enterrando gatitos en los terrenos de la Refinería en las noches de luna llena. La consejera de Educación, Manuela Armas, le dio un disgusto al diputado de Podemos, Francisco Déniz, porque le explicó que el contrato de los profesores de refuerzo que se habían contratado por la pandemia no se extendería más allá del 30 de junio. Sí, son 3.000 profesores de los que el Gobierno autonómico ha presumido como de 3.000 medallas, pero que dentro de un mes y medio ya no estarán en las aulas. Otra intervención de Román Rodríguez interpretando El polvorete para explicar de nuevo las ayudas directas a pymes y autónomos, quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racatapun chinchín y él (el gallo) se sacude. Varias comparecencias de Elena Máñez, consejera de Economía, una de ellas para explicar las políticas contra el desempleo juvenil. Parlamentariamente la señora Máñez es como un vaso de agua. A nadie molesta un vaso de agua clara, pero no deja de ser inodoro, incoloro e insípido. Como Máñez lee siempre sus respuestas –incluso cuando no las está leyendo– es muy difícil enterarse de algo. Invariablemente parece que ha venido de visita por si alguien estaba enfermo, que no quiere incordiar a los presentes e intenta causar la mejor impresión. Cuando acaba sus intervenciones se acomoda en el escaño como un jilguero se posa en su rama y asiente lentamente, una y otra vez, mientras escucha a los distintos portavoces. La consejera Máñez es como la música indie, que no irrita demasiado a casi nadie, pero sin entusiasmar al resto.
Tal vez la intervención más raruna a juicio de un servidor fue la pregunta de la diputada socialista María del Pino González dirigida a la consejera de Educación, Cultura y Deportes. La señora González se dirigió a la consejera para reclamarle algo que es público: el presupuesto que el departamento de Armas destinará al sector cultural en este año. Pues las cifras están en la ley de presupuestos. Como es obvio, se trataba de una pregunta estrictamente pelotera, con el objetivo de proclamar que jamás y nunca se han dedicado tantos recursos económicos a la cultura en Canarias, lo que, por lo demás, es esencialmente inexacto. El negociado de Juan Márquez no ha hecho ningún cambio significativo en el modelo de política cultural desarrollado e incentivado por el Gobierno autonómico en los últimos veinte años. Ciertamente –y es de agradecer- se– toma más en serio la gestión que sus predecesores. Pero nada que ver con las fantasías de la diputada González. Canarias no vive una explosión de creatividad intelectual y artística paternalmente tutelada por un Gobierno ilustrado, pero si uno escuchaba crédulamente a la diputada socialista terminabas viendo a Márquez envuelto en una toga y soltando dracmas y convocatorias desde el tejado del Partenón.
