El Gobierno recabó ayer el respaldo de agentes económicos y sociales, ayuntamientos y cabildos a su propuesta de mantener el toque de queda y las restricciones de la movilidad a partir de mañana tras la finalización del estado de alarma. Sin embargo la incertidumbre por lo que pueda decidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se mantiene ante las diferencias de criterios en los fallos judiciales que se han conocido hasta ahora en varias comunidades autónomas que también han decidido seguir con el toque de queda. El Ejecutivo regional está convencido de que el tribunal canario validará el decreto que se publicó ayer en el BOC porque es similar al de Baleares y está avalado por la Justicia, pero el revés del tribunal superior del País Vasco conocido ayer deja la puerta abierta a que la Sala de lo Contencioso del TSJC pueda no refrendar aquellas restricciones que afectan a derechos fundamentales, lo que podría generar una inseguridad jurídica que solo tiene capacidad de resolver el Tribunal Supremo.
Las prisas se han impuesto en este proceso y es muy probable que hoy mismo el tribunal canario emita su fallo aunque tiene tres días naturales para hacerlo, es decir, hasta el lunes. El Ejecutivo remitió ayer el decreto a la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC en la sede de Santa Cruz de Tenerife. De inmediato se dio traslado a la Fiscalía para que emita su informe y que el pleno de la Sala pueda reunirse hoy mismo para tomar una decisión en consonancia con lo que está ocurriendo en otras comunidades, cuyos tribunales han resuelto con celeridad las medidas de los gobiernos autonómicos antes de que entren en vigor. El jueves resolvió el tribunal de Baleares y ayer se conocieron los fallos de Valencia, Euskadi y Cataluña, si bien en esta última comunidad no se ponía en cuestión el toque de queda sino las limitaciones en las reuniones de grupos. Canarias ha esperado al límite del plazo porque el estado de alarma finaliza a las 0.00 horas de hoy, lo que incrementa la presión sobre el TSJC para que decida cuanto antes aunque tenga de plazo hasta el lunes, en medio de las dudas jurídicas que se ciernen sobre este asunto.
«Espero que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique la propuesta y el acuerdo que hemos aprobado. Hemos estado en contacto permanente con el Gobierno balear arbitrando mecanismos conjuntos, hemos hablado con el Gobierno los dos archipiélagos y tenemos similitudes. ¿Por qué se tiene que dar una cosa distinta en Canarias que lo que se ha dado en Baleares, donde el TSJ ha avalado sus propuestas que son similares a las que nosotros hacemos», aseguró ayer el presidente Torres ante la decisión que pueda adoptar el TSJC.
Canarias es una de las cuatro comunidades autónomas que han decidido mantener el toque de queda, junto a Baleares, Valencia y Navarra, mientras que País Vasco ha desistido tras el rechazo del tribunal. Las Islas y Navarra son las que esperan los dictámenes judiciales tras los pronunciamientos positivos en Baleares y Valencia, pero los criterios van por territorios y la mayoría de los expertos han mostrado sus dudas sobre la competencia de las autoridades autonómicas para restringir derechos fundamentales sin la cobertura del estado de alarma decretado por el Gobierno central y el Parlamento nacional. El resto de las comunidades han optado por levantar el toque de queda y el cierre perimetral y lo que han hecho es regular el cierre de los restaurantes y locales de ocio.
«Lo ideal sería que no tuviéramos toque de queda, ni que hacer controles en los puertos y aeropuertos, que no tuviésemos que restringir los grupos... es lo que querríamos pero por encima de eso queremos que no se nos vaya la pandemia de nuevo de las manos con nuevos picos y tener que llevar a islas a niveles de 3 o 4», aseveró. Torres hizo especial hincapié en que actualmente las cosas van «bien», por lo que ha instado a no «echar por la borda» el esfuerzo realizado por precipitarse.
En relación con los problemas judiciales que está ocasionando esta situación, la Asociación de Fiscales (AF) critica a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por su actuación y le advierte que la ausencia de criterios en este asunto es especialmente preocupante porque la materia a que está referida esta modalidad de recurso de casación «incide directamente en los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas que se verán limitadas por disposiciones normativas autonómicas carentes de la condición de ley orgánica y dictadas sin el paraguas del estado de alarma».
Respaldo general
El jefe del Ejecutivo regional se reunió ayer con su Consejo Asesor, donde se sientan las patronales y los sindicatos, y con los alcaldes y presidentes de cabildos para explicarles la decisión de mantener las restricciones y recabar su apoyo. Todos respaldaron la iniciativa del Gobierno para evitar nuevos descontroles de la pandemia y solo el presidente de turno de la Fecai, Mariano Hernández Zapata, se quejó de que Torres no hubiese consultado antes con los cabildos si no cuando ya el decreto estaba publicado en el BOC y se dio a conocer a la opinión pública.
Por parte de los miembros del Consejo Asesor, el presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, señaló que «se necesita que el Gobierno tenga en su poder algunas herramientas para controlar la situación si se desvía de los parámetros normales». El control de fronteras, los toques de queda y las reuniones son medidas necesarias, según coincidieron en respaldar las organizaciones empresariales CEOE y CCE y los sindicatos UGT y CCOO en el encuentro. Francisco dijo que el Consejo Asesor confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale la decisión del Gobierno canario porque, en caso contrario, el Ejecutivo se quedaría sin herramientas para el control sanitario, y «si no hay control sanitario tampoco hay control de la economía».
Por parte de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) su presidenta, Mari Brito, resaltó la «tranquilidad» que supone para los ayuntamientos que se mantengan las medidas para controlar el virus. «La Fecam había solicitado esta reunión ya que nos preocupaba con qué medidas de control se iba a contar a partir de la finalización del estado de alarma», indicó Brito.
La representante de los ayuntamientos canarios manifestó su confianza en que el TSJC dé su ratificación jurídica a las medidas del Ejecutivo para que continúen «el tiempo que sea necesario» con revisiones de las mismas de forma semanal.
Los presidentes y representantes de los cabildos también recibieron la información del jefe del Ejecutivo sobre la continuidad de las restricciones. Sin embargo, aunque las corporaciones insulares también respaldan estas iniciativas, el presidente de turno de la Fecai, Mariano Hernández Zapata, cuestionó que Torres no consultara con los cabildos antes de aprobar y dar a conocer el decreto. El presidente del Cabildo de La Palma, del PP, trasladó al presidente del Gobierno que les «hubiera gustado tener conocimiento de estas medidas antes» de que se informara a la opinión pública para «poder ser partícipe de esa cogobernanza que siempre» han solicitado los cabildos.
Los grupos de la oposición parlamentaria al cuatripartito criticaron no tanto que continúen las restricciones a la movilidad sino que el Gobierno haya esperado a última hora y no cuente aún con el aval de la Justicia. La presidenta regional del PP, Australia Navarro, acusó al presidente regional de «improvisar y esperar a última hora para anunciar medidas que no tienen ninguna validez si no las ratifica la Justicia, y eso todavía no sabemos cuándo va a ocurrir ni en qué sentido se pronunciarán los jueces». También Coalición Canaria cuestiona la decisión del Gobierno de Canarias: “nos preocupa que el Gobierno mantenga las restricciones, en las que se ven afectados los derechos fundamentales, sin garantizar la seguridad jurídica necesaria».
