Canarias mantiene el toque de queda y las restricciones de la movilidad pendiente del TSJC

El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, dijo tras el Consejo de Gobierno que las medidas que se han tomado han dado resultado en el control de la pandemia «por lo que no debemos cambiar nada» y recalcó que, tal y como ha ocurrido hasta ahora, todos los jueves se evaluará la situación y se adoptarán decisiones al respecto en función de cómo evolucionen los niveles de contagios en cada isla.

El jefe del Ejecutivo regional no tiene dudas de que el TSJC dará su conformidad a las decisiones adoptadas por la Comunidad Autónoma en la línea del fallo judicial conocido ayer en Baleares, ya que las medidas son similares y ambas comunidades archipielágicas se han coordinado al contar con situaciones similares. Por ello aseguró que todas las decisiones se hacen en base a informes científicos y técnicos y consideró que el precedente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares hacen pensar que en Canarias puede suceder lo mismo, según Torres.

Sin embargo, el presidente en funciones del TSJC, Antonio Doreste, señaló ayer que desde el punto de vista jurídico se trata de una cuestión «difícil» porque colisionan derechos fundamentales con las decisiones que adopte la autoridad gubernativa para controlar la situación sanitaria. Ante estas dudas Doreste da por hecho que serán problemas que tendrá que resolver el Tribunal Supremo. En declaraciones a Canarias Radio, el aún presidente del TSJC cree que se producirán discrepancias entre los distintos tribunales de Justicia autonómicos, por lo que será el alto tribunal el que tendrá que unificar doctrina.

Según Doreste «en primera instancia seremos nosotros, el TSJC, el que resuelva. Pero eso tiene recurso y muy probablemente alguien recurrirá la decisión que se tome y será el Tribunal Supremo el que resuelva». En su opinión «lo que se discute es la competencia de la autoridad autonómica para restringir derechos fundamentales. Lo sabremos rápidamente porque la ley impone unos plazos muy cortos para decidir». El Supremo dirimirá a nivel estatal, por lo que Doreste garantizó que «esto no va a tardar meses y meses».

Ante la posible avalancha de recursos que puedan haber a partir del domingo y la responsabilidad que le ha dado el Gobierno central para decidir sobre las restricciones de las comunidades autónomas, el gabinete técnico del Tribunal Supremo ha emitido un primer informe sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en el que plantea una serie de problemas procesales y apunta a una «posible insuficiencia» de este tipo de norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales. El Supremo también se queja de la sobrecarga de trabajo que va a suponer esta situación, por lo que considera «urgente» que se le dote de «medios personales y materiales», denunciando que su personal ya está «saturado de trabajo».

Sin ‘lagunas’ legales

En este sentido Antonio Doreste advirtió ayer que «si se considera ilegal la decisión de la autoridad autonómica tendría que levantar las restricciones, sin perjuicio de que el Gobierno del Estado pudiera retomar el estado de alarma».

El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno entrará en vigor de inmediato una vez que finalice el estado de alarma estatal para que no haya lagunas legales ya que el sábado a las 23.00 empieza el toque de queda y a las 0.00 horas termina el estado de alarma, por lo que este riesgo se corta con la aplicación a partir de esa hora de las restricciones impuestas por la Comunidad Autónoma, que entrarán en vigor sin esperar a que resuelva el TSJC en el caso de que no haya una resolución judicial el mismo sábado. El presidente Torres abrió la puerta a recurrir al Tribunal Supremo en el caso de que el tribunal canario eche para atrás algunas de las medidas indispensables para mantener las restricciones de la pandemia, como es el caso del toque de queda o la limitación de las reuniones sean en lugares privados o públicos.

El presidente regional se mostró confiado en que, «por comparación y similitudes», el Tribunal respalde la decisión porque, entre otras cosas, el Ejecutivo ha coordinado sus medidas con el Gobierno de Baleares, que el miércoles aprobó unas restricciones muy parecidas por su condición insular y ayer fueron respaldadas por el Tribunal Superior de esa comunidad. En caso contrario, y según anunció, lo recurrirán ante el Tribunal Supremo. Ambos gobiernos le han remitido al Ejecutivo central sus acuerdos y le han pedido que tenga en cuenta sus singularidades compartidas.

Torres recordó que las comunidades autónomas son «autoridades competentes» para arbitrar mecanismos de controles y restricciones ante posibles repuntes de contagios y mientras sigan existiendo positivos en Covid. Torres recordó que el 16 de marzo de 2020 Canarias demandó un trato singular cuando se inició la pandemia para cerrar puertos y aeropuertos tanto entre las islas como con el exterior y, en su opinión, esa decisión «fue un éxito» para controlar la emergencia sanitaria.

El presidente canario insistió en que las medidas de control en los puertos y aeropuertos se mantendrán como hasta ahora, de tal forma que para entrar hay que mostrar un test negativo o guardar cuarentena hasta que el viajero se lo haga, mientras que a los residentes en Canarias la Comunidad Autónoma seguirá abonando el coste de la prueba por desplazamientos necesarios fuera de las Islas. Torres resaltó que, en los actuales niveles (1 y 2), «los canarios podemos movernos por todas las Islas sin problema» y que ni el Gobierno ni la sociedad isleña quieren toques de queda o restricciones, pero para eso aún hay que cumplir las normas, avanzar en la vacunación y mantener la buena tendencia actual. «No queremos volver para atrás, por eso necesitamos herramientas para que no decaiga el estado de alarma, los informes de Salud Pública exigen claramente que mantengamos las restricciones durante un tiempo en función del desarrollo de la contagiosidad».

Sin embargo, frente a Canarias y Baleares otras comunidades autónomas han empezado ya a avanzar las medidas que regirán en sus territorios a partir del próximo domingo. La mayoría de ellas pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral al acabar el estado de alarma, salvo Canarias, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y Baleares, que quieren mantener la limitación nocturna a la movilidad.

El presidente volvió a mostrarse como un ferviente defensor del certificado digital en la UE para garantizar una movilidad segura, de manera que, como ocurre ahora con los controles en Canarias, se pueda viajar a las Islas si se está vacunado totalmente y así se certifica, si se ha pasado la enfermedad o si se porta un test PCR negativo. “Así se lo hemos trasladado al Gobierno de España y también lo he dicho en la última conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP)” celebrada hace unos días.

Canarias afronta este nuevo escenario a partir del domingo con una tendencia a la baja en los contagios, según los últimos datos debatidos ayer por el Consejo de Gobierno. La incidencia acumulada en el Archipiélago ha confirmado su línea descendente en los últimos días y ayer jueves se ha fijado en 44,6 casos por 100.000 habitantes a siete días y en 92,6, a 14 jornadas. Según remarcó el jefe del Ejecutivo autonómico, se trata de una «buena noticia» que debe seguir confirmándose, pero que deja ya a Canarias por debajo de los 50 casos en 7 días que pone como límite Alemania para permitir a sus ciudadanos viajar a un destino, lo que resulta clave para el principal sector económico del Archipiélago. Torres informó de que también se ha decidido mantener los mismos niveles de ese semáforo que tenían hasta ahora las distintas islas. Así, Fuerteventura, La Gomera y La Palma permanecerán en el uno, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro seguirán en el nivel dos.

También detalló los datos de vacunación en las Islas, subrayó que ya hay 213.212 personas inmunizadas, que más de 460.000 cuentan con una dosis y que se mantiene el objetivo del 70% de vacunados en los meses de este verano.

Ángel Víctor Torres se reunirá hoy con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación de Islas (Fecai) porque tanto ayuntamientos como cabildos son autoridades sanitarias. La Fecam había manifestado hace unos día su preocupación por el final del estado de alarma y solicitaron al Ejecutivo regional que aclarara las medidas a adoptar ya que los ayuntamientos tienen competencias en materia de seguridad y sanitaria, esenciales para el control de la pandemia y la vigilancia en el cumplimiento de las normas.