El Gobierno central mantiene sus dudas sobre cómo y cuándo concretar su anuncio de convertir en “permanentes” o “estructurales” parte de los espacios de emergencia habilitados en los últimos meses para la acogida de los migrantes llegados a Canarias. El Ministerio de Migraciones, que dirige el ministro José Luis Escrivá, asegura que en estos momentos sigue evaluando cuáles de los campamentos hasta ahora considerados temporales se quedarán como instalaciones fijas para dar cabida a miles de personas si se reproducen las llegadas masivas que se dieron en 2020 y que, tras un descenso en los meses de invierno, vuelven a repuntar con la aparición del buen tiempo.

Fuentes del Ministerio de Escrivá recuerdan que el Plan Canarias –puesto en marcha desde el pasado mes de noviembre– contemplaba la creación de 6.000 plazas adicionales, como recursos de emergencia, a las 1.000 que ya estaban en funcionamiento previamente y que la mayor parte de ellas se reconvertirían en estables, aunque ello no implicaría que tuvieran que estar ocupadas de forma permanente. Señalan en este sentido desde el ministerio que el proyecto es “valorar cuáles de estos espacios son reconvertibles a espacios estructurales, con expectativa de perdurar en el tiempo como plazas de acogida”. Y añaden que “en el momento actual continúa la evaluación para decidir los espacios que serán idóneos para mantenerse como plazas estructurales”.

En todo caso, según el esquema de actuación previsto en el Plan Canarias, de las más de 7.010 plazas totales, hasta 6.450 se convertirían en lo que se llamó “soluciones estables”. En concreto, el plan ha habilitado durante los últimos meses 3.250 plazas temporales de acogida en Tenerife, 1.950 en Gran Canaria, y 700 en Fuerteventura, y las previstas como estables serán 2.600 en la la primera de ellas, 2.050 en la segunda, y las mismas 700 en la tercera.

Lo que asegura de manera categórica el Ministerio de Migraciones es que no contempla ampliar el número de plazas de acogida, rechazando la interpretación que CC ha dado a una respuesta parlamentaria por escrito al senador de esta formación, Fernando Clavijo. En esa respuesta, de manera algo confusa, el departamento de Escrivá asegura que “se están impulsando los trabajos para habilitar más de 6.000 plazas de acogida, adicionales a las que se habían habilitado ya a mediados de 2020, en Canarias”, añadiendo que “una parte de las cuales tendrá carácter permanente para afrontar en el futuro hipotéticas llegadas sin necesidad de acudir a los dispositivos de emergencia”.

Repartir los ‘menas’

El senador nacionalista consideró que esa respuesta daba pie a interpretar que el Gobierno contemplaba “duplicar” las plazas de acogida, y expresó su “inquietud” por lo que considera “un elemento más sobre la falta de transparencia” en la política migratoria del Ejecutivo central y su “persistente voluntad” de mantener en las Islas los “macrocentros de retención”, y sin hacer caso a las denuncias y recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre las malas condiciones de algunas instalaciones, y la “ilegalidad” que supone impedir que los migrantes se desplacen con libertad al resto del Estado cuando han cumplido el tiempo legal de retención sin ser devueltos a sus países de origen. CC sospecha que el Gobierno busca nuevas ubicaciones en Fuerteventura para incrementar las plazas al menos en esta isla.

El también secretario general nacional de CC lamenta además que el Gobierno de Pedro Sánchez “renuncie” a liderar la distribución solidaria de los más de 2.700 menores menores no acompañados que permanecen en las islas, según se desprende de la respuesta a una pregunta por escrito que le ha dado el Ministerio de Migraciones en la que se asegura que “se trata de un asunto complejo que requiere un estudio profundo respecto a su posible aplicación”.

Clavijo critica que el Gobierno “rehúse activar las herramientas administrativas y legales que existen para coordinar un proceso de distribución que permita aliviar la grave situación que se vive en Canarias y garantizar que los niños y niñas reciban una atención social y educativa adecuada”. Añade que “las Islas no pueden asumir en solitario el desafío que supone la acogida y la integración de más de 2.700 menores” y recuerda que “en la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006, los menores llegaron en un plazo de tiempo más dilatado y, sin la existencia de un protocolo, se logró que fueran trasladados a la península a buena parte de los que llegaron a las islas”.

Clavijo cree que hay normativa suficiente, a través de la Ley de Extranjería, para actuar en este campo y considera por ello “inadmisible” que el Estado “se niegue a aplicarla”, asegurando que en ella “se establecen tres vías para activar la derivación de los menores cuya tutela corresponde en estos momentos a Canarias”. Esas tres herramientas, según el senador nacionalista, son la elaboración de un plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados, impulsado por el Estado; el reparto entre las comunidades autónomas de los menores que han llegado a Canarias, y la firma de convenios con fundaciones y otras entidades para la asunción de la tutela ordinaria.

El dirigente de CC espera que, “ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno del Estado, sea el Gobierno de Canarias el que solicite la convocatoria de la mesa interterritorial de asuntos migratorios para que se aborde con urgencia un asunto fundamental en la gestión de la crisis migratoria”. El senador autonómico recuerda que el Defensor del Pueblo ya advirtió la semana pasada que en los próximos meses se prevé un crecimiento en la llegada de jóvenes migrantes a Canarias. Si se cumplen las previsiones del Defensor del Pueblo, la situación relativa a la atención de menores se agravará aún más.

Convenio con Cataluña

La Generalitat de Cataluña aprobó ayer el acuerdo con el Gobierno canario para acoger a los 43 migrantes menores que llegaron solos a las costas del archipiélago y que están desde el pasado jueves en tierras catalanas. En un comunicado, explicad que la acogida de estos 40 chicos y tres chicas «fue un compromiso que tomó el Govern para contribuir en la respuesta a la emergencia migratoria de Canarias y sobre todo garantizar los derechos de las personas emigradas», e insta al Estado a abrir vías legales y seguras para los inmigrantes que llegan de África, a través de hacer efectivos compromisos de reasentamiento. La distribución de las plazas a ocupar por estos menores se hace a lo largo del territorio catalán en función de la estrategia que busca garantizar un reparto «equitativo capaz de facilitar la inclusión». | EP