El sector público canario debe fijar 42.500 empleos para cumplir con Bruselas

El Gobierno de Canarias aún no ha sido capaz de fijar a los 3.000 interinos de la Administración General de la Comunidad Autónoma con los que había alcanzado un acuerdo la semana pasada. Dudas jurídicas de última hora dejaron en stand by la firma del acuerdo en la noche del jueves. Sin embargo, esos 3.000 empleados públicos son solo la punta del iceberg; una mínima parte de todos los puestos que el Ejecutivo, los cabildos y los ayuntamientos isleños tienen que estabilizar para cumplir con Europa. Es verdad que la temporalidad del trabajo público no es un mal exclusivo del Archipiélago, pero no es menos cierto que en Canarias es especialmente alta. Tras décadas sin convocar las pertinentes ofertas públicas de empleo, las instituciones se han llenado de interinos. Los interinos son esos profesionales que ocupan puestos reservados para funcionarios de carrera de forma transitoria. El problema es que la transitoriedad de los interinos canarios no es tal. Son muchos los que llevan diez, veinte o treinta años desempeñando tareas en fraude de ley. Y Bruselas ha dicho basta.

«España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje al 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la Administración pública, incluidas las contrataciones?». Son las preguntas con que la Comisión Europea replicó al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para el uso de los fondos extraordinarios de reconstrucción. Las prisas que Bruselas le ha metido al Ejecutivo de PSOE y Podemos están detrás del compromiso de reducir el alto peso del trabajo temporal desde este mismo año, para alcanzar así el objetivo del 8% de forma escalonada. El horizonte es 2024, tal como avanzó Iceta en El País. La tarea en la región se antoja mastodóntica, máxime tras comprobar las dificultades para estabilizar a esos 3.000 trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

En Canarias hay 174.000 personas que cobran su salario de la Administración pública. Ya sea del Gobierno, de los cabildos, de los municipios, de algún ente dependiente del Estado –en una parte menor– o de cualquiera de sus muchos organismos vinculados. De todos ellos, un total de 71.200 son temporales, la friolera de un 41%. Dicho de otro modo: cuatro de cada diez personas que trabajan en las Islas para el sector público tienen un contrato temporal. El Archipiélago es así, junto con el País Vasco, la única Comunidad Autónoma con más de un 40% de los empleados públicos en el limbo de la interinidad laboral. La temporalidad en Canarias es más bien hipertemporalidad.

No obstante, esos 71.200 funcionarios con contratos temporales –no todo empleado público es funcionario– incluyen a esos varios miles que han sido contratados en los últimos meses para reforzar los servicios ante la pandemia de coronavirus. Descontados estos trabajadores de refuerzo, quedan 55.100 asalariados del sector público –el 35%– con contratos eventuales, según los datos de la Encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. Así pues, el sector público canario tiene que estabilizar a 42.500 profesionales para bajar la tasa de temporalidad a ese 8% que, como máximo, quiere la Unión Europea. Para alcanzar el objetivo en 2024 debe fijar una media de 10.500 empleos públicos al año.

Miguel Quintero, portavoz de la Plataforma estatal de empleados públicos interinos, temporales y eventuales en fraude de ley, cree que el Gobierno de Canarias tiene la oportunidad de resolver buena parte del problema con la normativa exprés para el uso de los fondos extraordinarios europeos. La plataforma de interinos (PI) denunció que el Ejecutivo autonómico haya introducido en el decreto ley para el control de los dineros que vendrán de las arcas comunitarias la modificación de la ley de función pública. El texto recoge que «la selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de oposición o concurso-oposición, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a desarrollar resulte más adecuado el de concurso de valoración de méritos». De este modo, explicó Quintero, el Ejecutivo regional se arroga la facultad de incorporar nuevo personal atendiendo solo a sus méritos. «No nos reconoce la fijeza a los que ya estamos dentro pero sí abre la puerta trasera a más personal temporal», manifestó el portavoz de la PI, que agregó que el Gobierno podría usar el mismo decreto ley «para asegurar los efectivos que ya tiene y salir de un conflicto que también afecta a la gestión de los fondos europeos».

La intención del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres con la modificación de la normativa sobre función pública es precisamente garantizar un número suficiente de trabajadores en la Administración para no desperdiciar ni un euro de los fondos europeos. Hacen falta profesionales para redactar los nuevos pliegos de las licitaciones de obras, por ejemplo, o para tramitar los expedientes y proyectos que saldrán adelante gracias a los dineros de Bruselas. Sin embargo, Quintero considera que tan importante es garantizar un número suficiente de empleados públicos para la adecuada gestión de los fondos como estabilizar a quienes ya forman parte de la Administración autonómica, cuya labor también será fundamental para el buen uso de los fondos extraordinarios.

No tan difícil

En esta línea, el portavoz de la PI entiende que «no es difícil» reducir la temporalidad al 8% que exige Bruselas. Sobre todo en el caso del Gobierno canario por esa posibilidad que, a su juicio, se le abre con los fondos europeos. De hecho es la Administración autonómica, la dependiente del Ejecutivo regional, la que tiene en plantilla a la mayor parte de los interinos. «Solo en la Administración de la Comunidad Autónoma son 26.000 las personas en esa situación, 26.000 entre Justicia, Sanidad, Educación y Administración General», expuso Quintero.

Hay servicios y departamentos en los que la hipertemporalidad es especialmente grave. En el servicio para la atención a las personas dependientes llega al 90%, según las cifras que manejan en la plataforma, y en el Servicio Canario de Empleo (SCE), más de la mitad de sus trabajadores tienen un contrato temporal. Y a todo ello se suma la situación en cabildos y ayuntamientos. Hay consistorios en los que alrededor del 80% de los empleados –ocho de cada diez– son temporales. Así hasta sumar esas más de 55.000 personas en el limbo de la interinidad.

Respetar el acuerdo

De momento ni siquiera está resuelta la situación de esos 3.000 asalariados de la Administración General. El comité de empresa se reunirá hoy para estudiar nuevas medidas de presión tras comprobar que la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige el socialista Julio Pérez, no va a firmar el acuerdo alcanzado la semana pasada sin el «informe jurídico» que valide su legalidad.

Rafael Rodríguez, portavoz de Intersindical, aseguró que una vez alcanzado el acuerdo, los trabajadores no van a permitir que el Gobierno se lo salte para ganar tiempo, para no adelantarse al ministro Iceta –que busca su propia fórmula para bajar la temporalidad en las plantillas públicas– o para desandar el camino ya recorrido. «La clave está en el acuerdo», afirmó Rodríguez, el mismo que el Ejecutivo ha «incumplido», añadió.