El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reclamó ayer de forma directa al Ministerio del Interior que cese ya en “prácticas policiales” que impiden a migrantes tomar un vuelo desde Canarias a la Península, y aseguró que estas medidas no son justificables ni por el argumento del control de la inmigración, ni por de el de evitar un “efecto llamada”, tal como sostiene el Gobierno central.
Durante su comparecencia en el Senado para presentar el informe que la institución realizó sobre la crisis migratoria de Canarias y explicar el resultado de las inspecciones realizadas en las últimas semanas, el comisionado aseguró que en lo que va de año se han “mejorado” las condiciones de acogida en los campamentos habilitados a tal efecto, pero que sigue siendo una asignatura pendiente la gestión de la salida de los migrantes que quieren seguir ruta desde el Archipiélago, al tiempo que clamó por un “reparto solidario” entre todas las comunidades autónomas de los 2.776 menores no acompañados que a día de hoy está tutelando la comunidad canaria en una situación que calificó de “emergencia sin precedentes”.
Nuevos perfiles
Fernández Marugán cifró en 3.780 los migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año hasta mediados de este mes, lo que supone 2.610 personas más de las que llegaron en el mismo periodo de tiempo el año pasado, es decir, que se confirma la tendencia de los últimos meses. Además, aseguró que “hay un deterioro importante del estado de salud de las personas que llegan” y que se están incrementando la llegada de mujeres y niños. En lo que va de año, las mujeres suponen el 13% de estas llegadas, y los niños y adolescentes el 20%. “Aquí hay un nuevo reto. La migración era fundamentalmente masculina, sin grandes problemas de salud y con se trataba de migrantes económicos. Hoy no hay esa migración tan homogénea”, aseguró.
Para Marugán, la “limitación de movimiento de los migrantes es uno de los problemas del fenómeno migratorio”, asegurando que “no se pueden defender estas limitaciones desde la perspectiva del control migratorio o evitar el efecto llamada”. “Hay que ir por otro lado. Las resoluciones judiciales han ordenado al Ministerio del Interior que cesen en esta práctica”, recalcó el comisionado.
Recordó que la mayoría de los nacionales marroquíes están provistos de pasaporte y con una resolución de devolución que, sin embargo, “no son ejecutables porque están cancelados los vuelos de repatriación”. Por otro lado, los migrantes de otro origen “son inexpulsables hacia sus países porque está cerrada esa vía en estos momentos”, como es el caso de Senegal. “El sistema de retorno es hoy impracticable”, subrayó.
Marugán insistió en que “es profundamente inadecuado convertir determinadas zonas de España o Europa en lugares de privación de los derechos, como el derecho a la libre circulación”, y que “los lugares de acogida no pueden convertirse en simples sitios donde se espera la devolución”. “Hay que ir sin mas demora a evitar ese limbo jurídico y ver en qué medida estos ciudadanos tengan resueltas mínimamente sus condiciones de futuro”, insistió.
El comisionado denunció también el hecho de que las mujeres y los niños que llegan a Canarias pasen los primeros días tras su llegada retenidos en dependencia policiales y dijo que son “técnicas policiales” que se deben desterrar. Consideró además un “hecho lamentable” la permanencia de menores en centros de adultos “por la aplicación inadecuada de unos protocolos que deben ser resueltos”.
También se refirió a los casos de niños que han sido separados de sus madres en estos primeros días de llegada. “Es un acto muy duro y hay que ver cómo se resuelve esta cuestión”, afirmó. “Los niños ya no vienen de País, vienen de África y tenenos que hacer todo lo posible para que estas personas sean acogidas con la mayor dignidad posible”, recalcó.
Unos de los temas sobre los que más incidió Marugán fue el de los menores no acompañados, reclamando insistentemente en la distribución entre el conjunto de comunidades autónomas. “Los menores no pueden caer exclusivamente en la tutela de la autoridades canarias. Todas las Administraciones deben acordar un reparto solidario”, afirmó. “A la vista de las cifras, no es razonable que Canarias asuma en solitario el reto que supone esta protección”, demandó.
Respecto a las últimas inspecciones de varios funcionarios de la institución entre los días 11 y 17 de este mes –en seis centros de acogida y de menores en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y El Hierro–, apuntó que se ha detectado que “se ha hecho un esfuerzo y se ha sabido encontrar soluciones de emergencia para hacer frente a una planificación que no siempre había sido la más adecuada”.
En concreto, los técnicos del Defensor han inspeccionados los centros de internamiento de Barranco Seco (Las Palmas) y Hoya Fría (Tenerife); los centros de gestión compartida –en donde se aísla a los migrantes positivos por covid-19– la Nave del Queso (Fuerteventura), Palmera Mar (Gran Canaria) y Albergue Frontera (El Hierro); y los centros de menores en Tindaya (Gran Canaria) y La Cañada (Tenerife). Además han visitado los centros de Canarias 50, Colegio León y Nave Bankia en Las Palmas; Las Raíces y Las Canteras en Tenerife; y El Matorral en Fuerteventura. Todos ellos habilitados en el marco del Plan Canarias del Gobierno.
“El Plan Canarias era la búsqueda de una respuesta a la carencia de centros de emergencia. Hay que mejorar la coordinación pero no partimos ya de la nada como pasaba hace meses”, aseguró Marugán. “Hemos iniciado el camino para resolver el problema de las llegadas, pero persisten problemas por resolver”, enfatizó Fernández Marugán.
