El Gobierno y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) retoman la ley de coordinación de las policías locales de Canarias para su reforma, una ley que tiene 24 años –data del año 1997– y que en la legislatura pasada llegó su modificación al Parlamento pero se frustró por las diferencias entre los alcaldes y los sindicatos policiales. Ya la Fecam advierte que no va a permitir que el Gobierno se inmiscuya en la autonomía municipal a la hora de organizar la policía local o que la ley se convierta en un catálogo de reivindicaciones por la parte sindical, lo que motivó el choque de hace dos años. Ahora mismo el escenario es que negocian directamente Ejecutivo y alcaldes, mientras que hace más de dos años que no se convoca la comisión de coordinación de las policías locales que es el órgano donde, al menos teóricamente, se deberían dilucidar estas cuestiones porque en el mismo se sientan todas las partes, es decir, Administración, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de jefes y subjefes del cuerpo.

El vicepresidente de la Fecam Óscar Hernández recuerda que la reforma que se llevó a la Cámara en la anterior legislatura contaba con la “radical oposición” de los municipios, por lo que elaboraron una propuesta alternativa pero se quedó pendiente. Ahora se han retomado los contactos pero con inicio diferente: mientras el anterior Gobierno debatió el texto en la comisión de coordinación ahora se negocia directamente con los ayuntamientos y el Ejecutivo anuncia que también se contactará con los sindicatos pero aún no hay fecha. El argumento utilizado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias para no convocar la comisión es que no se cumple con la paridad por la parte sindical y el hecho es que ni siquiera se ha constituido desde que empezó la legislatura en julio de 2019.

“Nosotros queremos que haya una ley que sirva para la coordinación de las policías locales y su acción en los municipios a fin de que sea más efectiva, pero sin olvidar que son policías de cada municipio. Lo que no puede el Gobierno es pretender organizar el funcionamiento del cuerpo porque los ayuntamientos no vamos a renunciar a nuestras competencias en esta materia”, advierte el representante de la Fecam.

La entidad que representa a los 88 municipios de las Islas acaba de realizar un primer análisis del borrador de ley enviado por el Ejecutivo y prepara un texto con correcciones y con sus pretensiones que remitirá a la Dirección General de Seguridad. Lo que sí aclara Hernández al Gobierno es que en este proyecto de ley “la relación tiene que ser directa entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias porque la ley no debe aprovecharse, como se intentó en el pasado, para plantearla como una reivindicación social del colectivo”.

La Fecam admite que han habido varios contactos con el Ejecutivo previos a que se confeccionara el texto legal que ya se analizado por los alcaldes, pero que también circula entre los policías, asociaciones de jefes y subjefes y dirigentes sindicales. Esta situación ha incrementado el malestar que ya existe desde hace tiempo con la política del Gobierno en el ámbito de la seguridad y, concretamente, en el aspecto referido a las policías locales. Y aquí coinciden los jefes y subjefes del cuerpo con los sindicatos que representan a los agentes: abandono, falta de inversiones, incapacidad para dialogar, ausencia de convocatorias de la comisión de coordinación, cierta preferencia por la Policía Canaria en detrimento del cuerpo municipal y dejadez en la atención a los agentes locales en lo relacionado con la pandemia del Covid y, por último, en la vacunación.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de las Policías Locales de Canarias, Pedro Gordillo, asevera que el cuerpo de seguridad local “está relegado a un segundo, tercer o cuarto plano” por parte del Gobierno y que todas las reivindicaciones se han traslado por escrito al Ejecutivo sin que hasta ahora haya habido respuesta del mismo. El jefe de la policía local de Puerto del Rosario lamenta que “estamos en primera línea y nos utilizan para todo pero no figuramos para nada en las prioridades teniendo medios limitados, hasta un 30% de falta de personal en algunas plantillas e incumpliendo compromisos como la Academia de Seguridad”.

El catálogo de quejas es amplio después de casi dos años de legislatura y esta negociación directa entre el Ejecutivo y la Fecam para reformar la ley está echando más leña al fuego. Los alcaldes son inflexibles: la comisión de coordinación es secundaria en este tema y la ley no se va a aprobar en el Parlamento si no cuenta con el respaldo de los ayuntamientos como ocurrió hace dos años. “El Gobierno no puede entrar en la autonomía municipal pero tampoco los sindicatos pueden imponer el modelo de relaciones laborales y sociales entre el colectivo y cada ayuntamiento”, advierte el también alcalde de Agüimes.

Por su parte, sindicalistas como Armando Martín, del CSIF, y Víctor García, de USPB (Unión Sindical de Policías y Bomberos) se muestran muy críticos con el director general de Seguridad, Gustavo Armas, y exigen su destitución al Gobierno. Cuestionan que el Ejecutivo esté negociando “a espaldas” de los sindicatos una ley que les afecta directamente, critican que no hayan invertido ni un euro en el cuerpo desde que llegaron al Gobierno y que pongan “excusas” como la paridad para ni siquiera constituir la comisión de coordinación que está en la ley.