Una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años en Canarias en 2035

Un rompecabezas que se agrava si se tiene en cuenta que entre la población mayor de 65 años crecerá también el sobre envejecimiento y los que superen los 80 representarán un mayor porcentaje. En Canarias este colectivo aumentará en 15 años un 62,4% hasta alcanzar las 162.152 personas, 62.312 más de las que existen en estos momentos. Un grupo de población en el que la dependencia y la necesidad de cuidados suele ser más habitual y que tratará de acceder a un sistema de ayudas y prestaciones que ya está saturado en estos momentos.

La población en Canarias es ligeramente más joven que la del conjunto del Estado español, ya que la edad media del Archipiélago es de 42,83 años, frente a los 43,85 del territorio nacional. Si bien, el proceso de envejecimiento de las Islas es bastante acelerado, ya que en los últimos años las tasas de natalidad y de fecundidad se han visto reducidas significativamente. La tasa de fecundidad en Canarias -relación entre el número de nacimientos y la población en edad fértil- es la segunda más baja del país, solo por detrás de Asturias; y la tasa de natalidad en la región -relación el número de nacimientos y la población total- es la quinta más baja de España, por detrás de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. “En la última década se registraba un balance positivo entre nacimientos y defunciones en el Archipiélago, con alguna excepción en las islas occidentales, pero ahora el indicativo es negativo en todas”, apunta Josefina Domínguez, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El hecho de que la población de las Islas esté envejeciendo implica que se deberán afrontar una serie de retos, pero también ofrece nuevas posibilidades como la creación de nuevos nichos de empleo en el sector asistencial. “No tenemos que pensar que es una población necesariamente dependiente, se puede pensar en una población activa dentro de las edades más jóvenes de los ancianos, entre los 65 a 80 años”, explica Domínguez. Quien también invita a buscar alternativas para involucrar a los mayores en determinadas actividades que puedan ser beneficiosas para ellos y que les permitan seguir contribuyendo a la sociedad.

Además de la baja natalidad y el envejecimiento de la población, las jubilaciones anticipadas, señala Domínguez, suponen un peligro para el mantenimiento de las pensiones. “Si la edad de jubilación se adelanta mucho, se desperdicia a personas que podrían seguir trabajando en el sistema productivo y se pierde su aportación a la caja del sistema de la Seguridad Social”, explica.

Diferentes necesidades

Ver a la tercera edad como un grupo homogéneo es otro de los errores que comete la sociedad hoy en día. Así lo expone Rosa Elena Rapp, profesora de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (ULL). “Desde un punto de vista sociológico no podemos entender la vejez como un grupo social homogéneo”, valora, ya que no lo constituyen “ni por edad ni por clase social”, porque dentro de este colectivo también son patentes las desigualdades respecto a formación, ingresos o nivel de dependencia. “Es una población heterogénea, con necesidades diferentes”, determina y fomentar su participación social es para ella “fundamental”.

Rapp identifica el sistema de cuidados como uno de los principales retos de la sociedad de cara al envejecimiento de la población. “Es verdad que se llega a los 65 años en un mejor estado de salud”, concreta, pero no es menos cierto que cada vez habrá un mayor sobreenvejecimiento, personas de más de 80 años, mayoritariamente mujeres debido a su mayor esperanza de vida, que sí necesitarán más atención. “Hay que darle calidad de vida a esos años que vamos ganando”, señala esta experta en sociología de la vejez y el envejecimiento.

Para ello, según Rapp se debe primero “dignificar la vejez”, ya que recalca que para cumplir años de forma saludable se deben tener también unas condiciones dignas. “No es igual cobrar una pensión de 600 euros con la que solo puedes pagar el alquiler y los gastos que percibir una pensión máxima”, evidencia.

Además, insiste en que también se debe “dignificar los cuidados”, no solo respecto a mejorar la cualificación de los que ejercen esta profesión sino también asegurar que cobren un salario digno, algo que según Rapp no ocurre, “al menos en el sector privado”. Bajo su punto de vista, mejorar sus condiciones repercutirá “en la atención que van a recibir los mayores y en su calidad de vida”.

En España ha existido hasta ahora una tradición “familiarista” de los cuidados, explica Rapp, es decir que son las propias mujeres o hijas las que se encargan de este tipo de tareas. Y debe escribirse en femenino, ya que las mujeres son las que de forma mayoritaria acaban dedicándose al cuidado de los mayores. “Ese papel siempre recae en ellas, lo que en muchas ocasiones les impide tener una carrera profesional o incluso insertarse en el mercado laboral”, una situación que hará que después tengan dificultades para cobrar una pensión en su vejez o que sus prestaciones sean más bajas.

Sin embargo, Rapp advierte de que los cambios sociales hacen que las familias ya no pueden encargarse como antes de los cuidados de estas personas. La reducción del número de hijos provoca que cada vez haya menos descendientes con potencial de cuidadores, lo que hace determinante implementar un tejido de recursos sociales. Pero, no solo de horas puntuales para prestar ayuda en las tareas básicas, sino que esto “debería ir acompañado de actividades para fomentar la participación social de los mayores”.

Alternativas que ayudarían a paliar otro de los retos que se presentan, el de la soledad de los mayores. En Canarias 66.300 personas de más de 65 años viven solas y el número de hogares que están formados solo por un miembro en edad de jubilación se han incrementado en casi 5.000 en apenas cuatro años. El 62% de los mayores que viven solos son mujeres, frente al 38% de los hombres, algo que de nuevo responde a la mayor esperanza de vida de ellas. Una situación que las vuelve a dejar en desventaja, ya que sus pensiones son más bajas, lo que provoca que sus condiciones de vida puedan no ser las más adecuadas.

Si no se actúa desde ya para poner remedio a los desafíos que tiene Canarias respecto al envejecimiento “el problema nos engullirá como una ola, porque no será algo progresivo y de repente serán miles las personas mayores que tendremos que atender”, asegura José Arnay, profesor del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y director de los Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores de la Universidad de La Laguna.

A pesar de que Canarias cuenta con la ventaja de no tener una población tan envejecida como en otras partes del país, puede perderla si se tiene en cuenta que en el desarrollo de la red de cuidados asistenciales “tiene un punto de partida muy malo”. Arnay detalla que la comunidad autónoma “está por debajo de otras regiones en lo que se refiere al gasto público en población potencialmente dependiente”, por lo que el esfuerzo que deberá hacer para ponerse a la altura tendrá que ser mayor.

Según un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto por dependiente en Canarias es un 7% inferior a la media nacional, situándose en los 6.028 euros anuales, mientras que si se tiene en cuenta el gasto público por habitante en esta materia la diferencia se eleva hasta el 56%, 67,2 euros en el caso de las Islas, frente a los 152,8 de la media estatal.

Arnay advierte de que “no van a salir las cuentas” si las administraciones no aumentan la inversión. “El grueso de la población mayor va a cobrar pensiones bajas” y tendrán dificultades para poder pagar la atención que precisarán.

Sistema de pensiones

El sistema nacional de pensiones y su sostenibilidad es una materia recurrente en los debates políticos y económicos desde hace años. En 2008, la crisis exprimió la caja de la Seguridad Social, como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea, y se evidenció que el actual modelo no resistiría si la tendencia se consolida. A este problema se suma el envejecimiento de la población, por lo que cada año se recorta el número de trabajadores que aporta a la “hucha” común. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la salud de las pensiones, España pasará de tener a dos trabajadores cotizando por cada pensionista a poco más de uno en 2050. Una ratio que proyecta un futuro poco esperanzador.

Los ‘boomers’, la generación nacida entre 1958 y 1975, pronto llegarán a su edad de jubilación y ejercerán una fuerte presión sobre el sistema. “Son personas que vienen de un modelo de trabajo anterior, en el que las retribuciones eran proporcionalmente mayores y, por tanto, sus pensiones serán más elevadas de las que obtendrán los empleos actuales”, destaca la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna (ULL), Margarita Ramos. Quien alerta de que las jóvenes cohortes entran en un mercado laboral con empleos precarios y mal retribuidos, un escenario que dificulta el sostenimiento del sistema.

Sin embargo, Ramos defiende que hay una fórmula viable para mantener el sistema de reparto. “El Estado, a través de los Presupuestos Generales, tiene que asumir una mayor responsabilidad en la financiación de las pensiones”, subraya la catedrática y añade que “para esto pagamos impuestos”. En este sentido, destaca que “constitucionalmente no hay ningún impedimento para que el Estado utilice sus propios ingresos hasta que la economía remonte y el empleo pase a ser digno y bien retribuido, de manera que el sistema vaya poco a poco reencontrando la lógica de su equilibrio”. Ramos destaca que mientras esté en vigor el artículo 41 de la Constitución, tal y como está redactado, es un deber público asegurar el mantenimiento del régimen público de Seguridad Social para atender las necesidades de los ciudadanos, “por lo que nunca podríamos ir a un régimen privado de pensiones”, lo que no quita que los trabajadores opten por garantizarse un complemento particular. La pensión media en Canarias es de 942,35 euros, un 10,35% más baja que la media nacional, que se sitúa en los 1.030,96 euros.