El Gobierno regional y los sindicatos abrieron ayer la vía para que el personal interino en abuso de temporalidad que trabaja para la Administración autonómica se pueda quedar fijo sin necesidad de someterse a oposiciones. El Ejecutivo se muestra dispuesto a dar una “salida excepcional” a este personal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, lo que afecta a más de 3.000 trabajadores, algunos con más de 20 años desarrollando su labor en el sector público. Este principio de acuerdo lo asumen el Gobierno regional y los sindicatos convocantes –Sepca, Intersindical y Co.bas– al margen de lo que decida el Estado en la legislación básica que regula la función pública.
Está previsto que el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, y los representantes sindicales firmen el acuerdo la próxima semana. Como principio ambas partes buscan “conseguir la permanencia del personal no fijo del sector de la Administración General de la Comunidad Autónoma que se encuentra en situación de abuso de temporalidad”. Para ello se deberá “identificar y catalogar” a los empleados afectados por esta situación y establecer “los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la extinción de su vínculo contractual con la Administración u organismos autónomos”, recoge el acuerdo. Esto significa que las plazas vacantes que ocupan los interinos que realizan tareas estructurales en la Administración no se sacarían a ofertas de empleo público, de tal forma que estos trabajadores mantendrían sus puestos de trabajo hasta su jubilación o baja.
En el pacto alcanzado entre Gobierno y sindicatos se contempla la constitución de dos grupos técnicos de trabajo cuyas propuestas serán llevadas a las reuniones entre el comité de huelga y la Administración para su aprobación. Uno de los grupos se dedicará a identificar a los empleados que se encuentran en situación de abuso de temporalidad en los diferentes departamentos de la Administración General. Los sindicatos reclaman que el personal que se había incluido para los procesos de estabilización y consolidación se amplíe a los que están en la Administración después de diciembre de 2014 y que lleven más de tres años consecutivos realizando labores en puestos cuyas vacantes no se han sacado a concurso-oposición, por lo que los afectados superarían los 3.000. El otro grupo de trabajo estudiará las medidas administrativas y jurídicas legales necesarias para garantizar la permanencia de este personal.
El Ejecutivo regional y los representantes de los trabajadores trabajarán en los próximos meses paralelamente a la decisión que adopte el Estado en la reforma que prepara del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Tanto unos como otros esperan encontrar una solución antes del verano.
El comité de huelga “relaja” el conflicto
El comité de huelga valora “relajar” la huelga mientras duren las negociaciones con el Gobierno tras el principio de acuerdo cerrado ayer. Se trata de un pacto que no garantiza aún nada, según los dirigentes sindicales, pero sí es el inicio de un trabajo que puede llegar a buen puerto si hay voluntad de las partes. Por eso no se va a desconvocar totalmente el conflicto laboral pero sí suavizarlo. De esta forma como acto de “buena voluntad” por parte del comité de huelga se dejan sin efectos las jornadas de paro y movilizaciones previstas para los días lunes 26 y martes 27 de abril. El resto de convocatorias y las jornadas completas de huelga se irán valorando mes a mes en función de como se desarrollen los acontecimientos. Tras el primer trimestre de conflicto con unas negociaciones que se estancaron, el comité de huelga presentó a principios de abril un preaviso que se extiende hasta diciembre y que incluye, además de paros parciales, jornadas de huelga de hasta cuatro días a finales de cada mes excepto agosto. Ahora el proceso abierto la semana pasada, en el que ha habido un acercamiento para buscar fórmulas que posibiliten la estabilidad de miles de interinos, abre la vía para bajar el tono del conflicto.
