Poco o nada parece haber cambiado la situación de los migrantes que pretenden salir de Canarias hacia la Península con su situación en regla y billete de avión, pero que se encuentran con el bloqueo al que le somete la Policía en los aeropuertos pese a dos recientes resoluciones judiciales que declaran ilegal esta retención. Esa sigue siendo al menos una de las principales quejas que los afectados han trasladado a los técnicos del Defensor del Pueblo durante las inspecciones realizadas las semana pasada a distintas instalaciones de acogida de las Islas, según trasladó ayer el titular de la institución, Francisco Fernández Marugán, al senador de CC, Fernando Clavijo, en una reunión mantenida en Madrid.
Según explicó el dirigente nacionalista, Marugán le comentó que tras las 14 inspecciones no anunciadas por parte del personal técnico de la institución se siguen constatando “las mismas quejas” que ya se recogieron en el informe difundido el pasado 3 de marzo –en base a investigaciones llevadas a cabo en noviembre–, tanto en relación con las condiciones de acogida y la situación de los campamentos del denominado ‘Plan Canarias’, como con la retención de que son objeto cuando tratan de tomar un vuelo hacia la Península.
Marugán y Clavijo abordaron durante su reunión los efectos que deberían provocar los dos autos judiciales señalando la “ilegalidad” que supone el impedimento por parte del Ministerio del Interior a que los migrantes que disponen de plena libertad no puedan realizar su desplazamiento. Pero, según explicó Clavijo, hasta el momento la situación no ha cambiado.
“Comentamos bastante los dos autos judiciales, que ratifican lo que llevamos meses advirtiendo al Ministerio, que está cometiendo ilegalidades, y que en esta última visita los migrantes siguen quejándose de que no les dejan salir, algo que el Ministerio no ha dejado de hacer pese a todo”, explicó el senador.
El Defensor del Pueblo comparecerá en la Comisión Mixta correspondiente del Congreso y del Senado para presentar el informe ya conocido sobre la emergencia migratoria en Canarias, al que añadirá el resultado de las inspecciones de la semana pasada. “Hemos analizado el informe que, ante tanta opacidad y falta de información [por parte del Gobierno], arrojó mucha luz y puso negro sobre blanco muchas cosas que se decían, pero que hasta que una institución como esta no lo puso en un informe, eran rumores”, declaró ayer Clavijo.
También hablaron de los menores no acompañados, un asunto sobre el que Clavijo considera que “el informe del Defensor del Pueblo arroja parte de la solución”. “El Estado debe liderar un acuerdo entre Comunidades Autónomas para poder dar salida a los menores, que es el eslabón más débil de la migración. No podemos estar mandando cartitas y esperando la solidaridad del resto de los gobiernos porque estamos viendo cómo éstos miran para otro lado”, afirmó Clavijo en referencia a las cartas que está enviando del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a los demás presidentes reclamando su cooperación.
“Hace falta un liderazgo del Gobierno central, que reúna a todas las Comunidades Autónomas y que los menores que tutela Canarias [2.667, según el último dato en poder del Defensor del Pueblo], tengan una respuestas”. “No se puede dejar a Canarias sola en esta crisis migratoria ni a los menores en esa situación”, insistió Clavijo.
El dirigente nacionalista trasladó por su parte a Fernández Marugán su “preocupación” por el efecto de los conflicto en torno a determinados macrocampamentos de acogida en las vecindades de los mismo, y le explicó sus demandas, “porque hay mucha preocupación por el tratamiento a los migrantes, pero la realidad es que, o se da una respuesta rápida, o al final esos pequeños conflictos que hay dentro de los campamentos se pueden extender a fuera”.
Clavijo y el comisionado también coincidieron en que “este problema va a continuar en el tiempo, con mayor o menor intensidad, porque esto no es una crisis puntual”, y que por tanto “hay que trabajar, tener un ‘Plan África’, actuar en origen, pero también regular esta situación y establecer los mecanismos para que Canarias no se encuentre sola y tenga que soportar toda la presión”. Máxime cuando, añadió, “somos un territorio frágil, fragmentado, inmersos en una crisis social, económica y sanitaria y el Estado tiene que dar respuesta”.
El senador de CC y el Defensor del Pueblo coincidieron en señalar la “preocupante” situación derivada de la utilización de la inmigración, y en particular la de los menores no acompañados, en la campaña electoral de Madrid. En este caso por los carteles y mensajes difundidos por Vox. “La criminalización de estos chicos, utilizándolos como arma política en una campaña electoral, genera preocupación, crispación y enfrentamiento y compartimos la necesidad de que haya responsabilidad por parte de los partidos políticos”, afirmó Clavijo. “Son lamentables ese tipo de carteles y ese tipo de mensajes, que además afectan a menores de edad”, recalcó.
