La Comunidad Autónoma ya tiene vía libre para repartir los 1.144 millones del Estado para ayudas a pymes y trabajadores autónomos entre todos los sectores golpeados por la crisis del coronavirus. La Consejería de Hacienda firmará en los primeros días de la próxima semana el convenio que le ha remitido el Gobierno central para regular la transferencia y el uso de los fondos. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a librar el pago en cuanto reciba el convenio con la rúbrica de Román Rodríguez, vicepresidente y consejero del área. Los 1.144 millones de euros estarán en la cuenta bancaria de la Comunidad Autónoma en los diez días siguientes a la firma del acuerdo entre Gobiernos. La portavoz del Ejecutivo estatal, la también ministra de Hacienda María Jesús Montero, pidió ayer celeridad a los Gabinetes regionales en la tramitación de los convenios. Se trata de que el dinero llegue a la economía real cuanto antes, y hay que tener en cuenta que los Gobiernos autonómicos aún tendrán que publicar las convocatorias de ayudas una vez cerrado el acuerdo con Madrid. La mayor o menor velocidad en los trámites puede suponer la diferencia entre la supervivencia o el cierre definitivo de muchos negocios.
Canarias es la Comunidad Autónoma que se ha quedado con el mayor trozo del pastel. El Estado distribuirá un total de 7.000 millones de euros, de los que hasta un 16,3% –esos 1.144 millones– vendrá a las Islas. No obstante, la distribución de los fondos no es caprichosa, sino que sigue el criterio de dar más dinero a aquellas regiones a las que la crisis ha golpeado con especial saña. Es decir, el Archipiélago recibirá la cuantía más alta del país porque su economía ha sufrido como ninguna otra los embates de la covid-19, que ha hecho tambalearse a la industria turística mundial hasta reducir las llegadas a Canarias a mínimos históricos. Sin embargo, y pese a que en las Islas todos los sectores de actividad se han visto afectados por la crisis en mayor o menor medida, el Gobierno central limitó el reparto de las ayudas a 95 sectores. Y, además, prohibía el acceso a las subvenciones a las pymes y autónomos que hubieran cerrado en pérdidas el ejercicio de 2019 –el último de normalidad antes de la pandemia– con independencia de que estuvieran en esos 95 sectores de actividad. En definitiva, se quedaban fuera de las ayudas muchos negocios.
Con la suma de los fondos propios, el Ejecutivo regional dará subvenciones por 1.309 millones
Tras los cambios en el real decreto ley aprobados ayer por el Consejo de Ministros, el Gobierno de Canarias ya puede incluir otros sectores entre las actividades subvencionables y establecer excepciones a la prohibición de que los negocios en pérdidas en 2019 reciban ayudas. La propia María Jesús Montero, como ya hiciera la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en su visita el lunes a Lanzarote, puso como ejemplo el caso de las empresas que, en Canarias y Baleares, sufrieron en 2019 la quiebra del turoperador Thomas Cook.
Con la anterior redacción del real decreto ley, y por más que las pérdidas obedecieran a una circunstancia tan extraordinaria como la muerte del gigante de la turoperación, ninguna de esas empresas podría haber recibido ni un solo euro. Ahora, en cambio, “circunstancias extraordinarias” como la caída de Thomas Cook podrán ser tenidas en cuenta por los Ejecutivos autonómicos para levantar la prohibición de dar ayudas a pymes y trabajadores autónomos que estuvieran en números rojos antes de la crisis.
Así pues, la patronal pide dar ayudas a “todas” las actividades “esenciales” para la economía.
Las subvenciones “deben incluir todas las actividades que resultan esenciales para el desarrollo de la economía en su conjunto ante el especial estado de fragilidad en el que permanece”, explicó la Confederación Canaria de Empresarios, la patronal de la provincia de Las Palmas, en línea con el parecer en la CEOE-Tenerife, la patronal de la provincia tinerfeña.
Hay que recordar, eso sí, que las subvenciones están condicionadas a que la pyme o el autónomo haya sufrido una caída de ingresos de más de un 30% con respecto a 2019 y también al mantenimiento de la actividad al menos hasta el 30 de junio de 2022. Cumplidos estos dos requisitos, los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva podrán recibir hasta 3.000 euros, y el resto de autoempleados y empresas, entre 4.000 y 200.000.
A los 1.144 millones de euros que el Estado transferirá en los próximos días se suman los 165 millones de los fondos propios de la comunidad. En total son 1.309 millones de euros los que entre los dos Gobiernos –el central y el regional– se destinan para ayudas directas al tejido productivo. El equivalente, tal como apuntó Román Rodríguez, a casi un 3% del Producto Interior Bruto de las Islas en el último año precrisis.
