Los trabajadores más vulnerables de las Islas afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) recibirán un mínimo de 100 euros más al mes provenientes de la Comunidad Autónoma como complemento de la prestación que ingresan del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). El Gobierno regional destinará 30 millones de euros de los fondos europeos REACT-EU a este fin y ha solicitado al Sepe que le facilite los datos de los trabajadores que cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –que está en 950 euros brutos al mes–, que es el principal criterio que se va a utilizar para aprobar esta ayuda complementaria. La cantidad mensual podría oscilar hasta los 150 euros en función del nivel de ingresos.
La consejera de Economía y Empleo del Ejecutivo autonómico, Elena Máñez, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Inocencio González y Manuel Navarro respectivamente, definieron ayer algunas de las principales líneas en torno a esta prestación y la petición al organismo estatal. Máñez aclaró que no se trata de una “ayuda social” sino un complemento a aquellos trabajadores en ERTE más vulnerables por cobrar por debajo del umbral del SMI. Ni la consejera ni los sindicatos dieron datos concretos sobre el número de empleados que se podrán beneficiar de estas cantidades hasta que el Sepe no facilite los datos, pero podrían situarse entre 25.000 y 30.000 trabajadores aproximadamente, según las cifras que barajan las organizaciones sindicales.
Ingresos y sectores
La titular de Economía también aclaró que la distribución de las cuantías no se hará por los sectores de la actividad económica más afectados por la crisis provocada por la pandemia sino por los ingresos y las cantidades subirán desde los 100 euros como mínimo, en función de la situación de vulnerabilidad del trabajador, hasta los 150 euros de media. La consejera enfatizó que “es de justicia” que el principal criterio sea el del nivel de ingresos, con independencia del sector al que pertenezca cada trabajador, y también subrayó que ésta “no es una ayuda social” sino una forma de “acompañar en este tránsito” a los trabajadores que mayor precariedad padecen.
El Sepe facilitará los datos de los trabajadores más precarios, que podrían ser 30.000
Los sindicatos demandaron premura al Sepe para que facilite los datos con el fin de que la mesa de trabajo creada entre el Gobierno canario y las centrales pueda analizar los mismos y aprobar las ayudas de inmediato, aunque las propias centrales calculan que no estarán antes de dos meses.
El secretario general de CCOO en las Islas, Inocencio González, lamentó que no se dispusiera de estas ayudas en los presupuestos autonómicos de 2021 pese a que están contempladas en el Plan Reactiva, firmado hace casi un año, y ahora, una vez que están consignadas a los fondos europeos de reactivación, espera agilidad en la tramitación.
También el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, reclamó inmediatez una vez que el Sepe dé los datos que se le han pedido para comprobar el volumen de trabajadores afectados por esta situación.
Los sindicatos han compartido que el criterio de la vulnerabilidad es el más adecuado para definir a los beneficiarios de estas ayudas, pues “sabemos que de momento no podemos llegar al conjunto de trabajadores afectados por ERTE”. Eso sí, se han propuesto trabajar codo con codo con el Ejecutivo canario para que “ni un euro de esos 30 millones sobre”.
A la espera de los datos del Sepe, González recalcó que los trabajadores en ERTE llevan “mucho tiempo” perdiendo poder adquisitivo “al menos un 30%”, y se están dando situaciones en las que, según constatan diversas organizaciones sociales, “lo están pasando mal”. CCOO aspira a que estas ayudas se repartan “lo antes posible. Si podemos hacerlo en dos meses”, deslizó.
Elena Máñez destacó que con esta línea de ayudas también se complementa las subvenciones públicas destinadas a respaldar a los sectores, es decir, por un lado las empresas y autónomos con los fondos canarios y estatales y ahora también los trabajadores.
Repercusión amplia y compleja
Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la crisis económica y social derivada del Covid y los últimos datos oficiales conocidos reflejan el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el mercado laboral de las Islas. Unos 86.000 trabajadores se encuentran suspendidos temporalmente de empleo y la provincia de Las Palmas es la que cuenta con más expedientes de este tipo por la afección del sector turístico y es que la repercusión en Lanzarote y Fuerteventura supera la media. En el Plan Reactiva impulsado por el cuatripartito que preside Ángel Víctor Torres hace casi un año se recoge el complemento de las prestaciones de desempleo a aquellos trabajadores con menores ingresos, pero el presupuesto autonómico de 2021 no dispuso de ninguna partida pese a las demandas sindicales y el Ejecutivo emplazó a los fondos del superávit o europeos para articular esta ayuda complementaria. Al final serán 30 millones de euros provenientes de las partidas comunitarias destinadas a la recuperación. La casuística es amplia y compleja porque muchos trabajadores no solo tienen una prestación baja sino que, además, no tienen más ingresos en la familia y cuentan con menores a cargo. |
