Los trece ocupantes del cayuco que fue escoltado hasta el puerto de Los Cristianos, en el Sur de Tenerife, el pasado 8 de abril solicitaron asilo en España porque huyen de la situación de esclavitud a la que todavía hoy son sometidos por pertenecer a la etnia hartani o haratin, como mauritanos negros, por parte de los biwani o bidan, los mauritanos blancos, descendientes de árabes y bereberes. Así lo argumentaron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona el pasado sábado, donde negaron que su viaje a Canarias lo organizara una mafia para lucrarse con su dinero. En las diferentes declaraciones recogidas en sede judicial, aclararon que, como conocidos y amigos naturales del mismo pueblo, un día se reunieron y acordaron coger un cayuco para llegar a Europa. Y, con ese objetivo, todos aportaron dinero a un fondo común, gracias al cual pudieron comprar el barco, el motor, el combustible, la comida, los salvavidas o las mantas, entre otras cosas. El considerado líder de la expedición se llama Mohamed Fall y fue el encargado de recoger las diversas cantidades para pagar los elementos necesarios para el arriesgado viaje. Varios testigos en el procedimiento señalan que el objetivo de Fall nunca fue enriquecerse con el proyecto, sino coordinar los recursos, así como timonear la embarcación y gestionar los víveres, junto a otros tres colaboradores. A petición de la fiscal, el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de los cuatro jóvenes.
Trabajar sin cobrar.
En su declaración final en la sala de vistas, Mohamed Fall afirmó a la intérprete: “Nosotros, siendo de Mauritania, pero de raza negra, seguimos siendo esclavos de los mauritanos blancos”. Aclaró que “no venimos a delinquir ni a favorecer la inmigración; somos un grupo de amigos, que vivimos juntos, que sufrimos porque los mauritanos blancos nos tienen trabajando sin pagarnos”. En palabras de Fall, de 31 años, “hemos venido para estudiar y trabajar, para tener algo más de lo que teníamos”. Ante el juez, la fiscal y la abogada defensora, comentó: “todo lo que hemos querido desde pequeños no lo hemos logrado, que es estudiar”, porque “los biwani no nos permiten hacerlo”. En su opinión, el resto de los compañeros de viaje lo escogieron como líder porque “soy el más responsable, ya que tengo familia, mujer e hijos”, a los que dice que no es capaz de alimentar. Para subsistir, en Mauritania se dedicaban a la pesca. Su condición de esclavos la obtienen por vía materna; es decir, con independencia de quién sea su padre, la esclavitud la heredan de su madre, como ocurría en España y Canarias hasta que se abolió dicha figura en el siglo XIX.
Según una información publicada en Atalayar, hace tres años la Fundación Walk Free, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), cifró en 90.000 las personas que vivían en Mauritania en régimen de esclavitud. Esa cantidad es una estimación, puesto que la cifra real o aproximada se desconoce, entre otras cosas porque el Gobierno no recopila datos en este ámbito, a pesar de las recomendaciones hechas por la Organización de Naciones Unidas.
Pervivencia.
Mauritania fue el último país del mundo que prohibió la esclavitud hace cuatro décadas. Pero hasta el 2007 el Gobierno no decidió penalizarla y en la Constitución se incluyó en el 2012 como un crimen de lesa humanidad. Hace seis años se aprobó una ley en la que se incluyen los delitos tipificados a nivel internacional contra tales prácticas. Sin embargo, a pesar de esas medidas, su completa erradicación no se ha logrado. Y es que no es fácil acabar con un régimen que se ha mantenido durante siglos por parte de la minoría blanca árabe-bereber (biwani) hacia los hartani. Estos últimos suelen efectuar trabajos domésticos no remunerados y, a veces, tareas despreciadas por los mauritanos blancos. Los descendientes de esclavos representan en estos momentos entre el 40 y 50 por ciento de la población mauritana, según algunas informaciones.
Hasta 3.000 euros.
Mohamed Fall, Mohamed Salah, Tar Beyid y Sidy Mohamed, junto a sus nueve compañeros, realizaron las aportaciones de dinero para poder cumplir el sueño europeo. En base a sus testimonios, unos pusieron 130.000 ouguiyas (moneda marroquí), que al cambio son unos 3.000 euros, mientras que otros entregaron 100.000 (2.300 euros), o 40.000 (cerca de 1.000); cada uno colaboró con lo que pudo. Así consiguieron adquirir el cayuco de fibra, el motor, el combustible, los salvavidas o el localizador vía satélite (GPS). También compraron bebida y comida suficiente para soportar la larga travesía, como arroz, macarrones o espaguetis. Pero los consultados negaron en sede judicial que Mohamed Fall se llevara un porcentaje de todo ese dinero como organizador. Su salida de la capital mauritana, Nuakchot, se produjo el pasado 1 de abril. Su barco medía 14 metros de eslora y dos de manga. Para ellos, era una embarcación “grande”, que les daba seguridad. El estado del mar, del viento y de la climatología les permitió navegar sin complicaciones tras más de siete días. No pasaron hambre ni sed. Llevaban mantas para el frío y un toldo para las fuertes jornadas de sol. Según las declaraciones de varios de los migrantes que iban en el cayuco, quienes estuvieron al timón del mismo fueron Mohamed Fall, Tar Beyid, Salah y Sidy Mohamed. Los dos últimos se encargaron, de forma principal, de preparar y distribuir la comida durante la travesía. Otros testigos aclararon que todos colaboraron alguna vez en efectuar tales tareas. A unos les daba miedo el estar en esas condiciones en alta mar; a otros no les intimidaba quedarse sin agua o comida, sino las grandes olas que se pudieran encontrar. Pero no hubo oleaje. A lo largo de la semana que se prolongó el viaje, tampoco se efectuaron amenazas por parte de los presuntos responsables de la expedición al resto de los jóvenes. Pasadas las 14:00 horas del 8 de abril, su barco fue interceptado por la tripulación del Salvamar Alborán y acompañado al puerto de Los Cristianos.
Protección internacional.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona denegó el internamiento de estos 13 mauritanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros y estimó su puesta en libertad por la infracción administrativa de entrar de forma irregular en el país. Tuvo en cuenta la petición de protección internacional hecha por todos ellos, en la medida en que afirman huir de la esclavitud, por lo que determinó que ahora se debe notificar a la Oficina de Asilo y Refugiados tal condición, para que tramite la solicitud oficial de asilo expresada en sede judicial. Todos reconocieron que carecen de familiares en Europa o en España.
Sin embargo, el mismo día emitió el auto de ingreso en prisión para Mohamed Fall, de 31 años; Tar Beyid, de 22; Sidy Mohamed, de 28, así como Mohamed Salah, de 34 años. La autoridad judicial considera que el envío a la cárcel de los cuatro está justificada en un riesgo de fuga y en la posibilidad de reincidencia delictiva. Afirma que hay indicios “más que notorios de la comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que puede conllevar penas de hasta ocho años de prisión”. Y este argumento pesa más que la falta de arraigo familiar, laboral o domiciliario de los investigados.
Vidas en peligro.
Según agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional, los cuatro acusados sabían de las limitadas dimensiones del barco (14 metros de eslora y dos de manga). Además, los funcionarios recuerdan en su informe que no llevaban medios de comunicación náutica, deflector de radar y luces de posicionamiento, lo que pudo poner en serio peligro la vida e integridad física de todos ellos. Para el Ministerio Público y el juez, un factor a tener en cuenta para privarlos de libertad, al menos de forma temporal, es que en el viaje no llevaran una embarcación auxiliar en la que salvarse si surgía algún problema con el cayuco.
