Las voces de alarma por parte de las organizaciones de ayuda humanitaria o asistencia social sobre la situación de emergencia social que se vive en Canarias siguen activadas. Ayer fue Cáritas Diocesanas de Canarias la entidad que dio un toque de alerta, en este caso sobre la dificultad de muchas personas en exclusión para acceder a los servicios sociales de las administraciones públicas y, en definitiva, a las ayudas de las que en muchas ocasiones dependen para su subsistencia. La organización asegura en este sentido que en un momento en que muchas personas están pasando “necesidad, urgencia y desesperación”, el modelo de gestión y tramitación de estas ayudas está impidiendo a muchos ciudadanos llegar hasta ellas.

Cáritas menciona tres ámbitos en los que considera que se presentan estas dificultades. En primer lugar señala que el acceso a la cita previa para información, orientación, gestión de documentación y prestaciones no está al alcance de todas las personas que lo necesitan, bien porque la agenda es limitada y no se consigue cita o porque la cita se retrasa, en algunos casos, hasta 3 meses. También considera que el acceso a la información por vía telefónica “supone un coste que, en muchos casos, no pueden asumir”, tal como ocurre en los casos de las llamadas al 010, 012, y los teléfonos 901, mientras que respecto a la información a través de correo electrónico asegura que “se retrasa en el tiempo o no se obtiene contestación, sin que existan canales alternativos”.

La organización enfatiza igualmente en que “los mecanismos de tramitación de prestaciones vía telemática requieren unos medios técnicos y conocimientos que muchas personas no tienen, por lo que es necesario el apoyo durante la gestión y tramitación de las ayudas”. La entidad asegura que está intentando ayudar en esta labor apoyando a las personas que acuden a sus servicios, pero que “el acceso al sistema es excesivamente lento, lo que determina que muchas familias no puedan obtener ningún tipo de ingreso durante muchos meses”.

Frente a esta “cruda situación”, reclama la “habilitación de los medios, las vías y la organización necesarias” para que los recursos públicos de atención a la ciudadanía, “que son esenciales en este momento”, puedan gestionar con celeridad tramitación de ayudas en plazos razonables y a través de vías de acceso ajustadas a las posibilidades de cada familia.

La secretaria general de la entidad, Caya Suárez, aseguró ayer que se ha trasladado a los servicios municipales “en infinidad de ocasiones la dificultad que tienen las personas que se acercan a Cáritas, que en cierta medida acuden a nosotros porque no reciben una respuesta de los ayuntamientos”. Una de las razones que alegan, según explica Suárez, es que la tramitación telemática se hace necesaria como medida de prevención por la pandemia sanitaria, pero advierte que “se deben poner herramientas suplementarias al servicio de la ciudadanía para el acceso a derechos, que no pueden estar invalidados o limitados” por la situación actual.

Sin respuesta municipal

Suárez desvela que algunos ayuntamientos ofrecen la posibilidad de que Cáritas sea el canal de comunicación con los servicios sociales para situaciones de emergencia que necesiten una respuesta inmediata, pero desde la entidad se entiende que “eso deja fuera a las personas que no utilizan nuestros servicios, mientras que por otro lado el acceso a un derecho deber gratuito, público y con las herramientas públicas apropiadas para ello”.

“También para Cáritas esos teléfonos municipales están colapsados y los correos sin respuesta”, asegura.

Las administraciones canarias señalan en este sentido que son conscientes de esta situación y destacan el esfuerzo que están haciendo durante todo el último año, tanto en el incremento de las ayudas sociales para hacer frente a la actual situación de emergencia, como en facilitar todo lo posible el acceso a ellas. Desde la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se aclara que la principal ayuda de su competencia, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) depende de un trámite previo en los ayuntamientos y asegura que “el personal de atención al público [en la consejería] está de forma presencial” y que, por tanto, “no ha habido una reducción en la atención a la ciudadanía”. Tras asegurar que esta materia ya se ha debatido en el ámbito de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), destaca que, “siendo conscientes y conociendo esta realidad, este año se ha hecho un gran esfuerzo para incrementar el plan concertado (que financia la contratación de personal para cuestiones en servicios sociales y otras como ayudas de emergencia o ayuda a domicilio) que este año asciende a 32 millones”, lo que supone 11,3 millones más que en 2020 y un incremento del 55%. Ya está ultimado además, aseguran fuentes de la Consejería, el reparto de 12 millones a los ayuntamientos que proceden de fondos de apoyo a las prestaciones básicas – que podrán destinar a la contratación de personal- y a los que se sumará otra cuantía por determinar de los 30 millones del Plan Estatal contra la Pobreza de 2021.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que “estamos poniendo todos los recursos para atender a las personas vulnerables” y que, de hecho, en el primer trimestre de este año el área de Servicios Sociales, que dirige Carmen Luz Vargas, ha entregado 1.543 prestaciones económicas que han supuesto un gasto de 1,24 millones, el 25 % del presupuesto anual. Se ha incrementado además el Servicio de Ayuda a Domicilio, pasando de 3.300 usuarios a 3.541, y se han destinado más de 14 millones a prestaciones económicas de especial necesidad en alimentación o ayudas al alquiler de vivienda.

“Ha sido un año muy excepcional en el que ha habido un incremento de demanda, pero desde el Ayuntamiento se están poniendo todos los recursos para atender a las personas que peor lo están pasando”, señala un portavoz municipal de la capital grancanaria.

Otro de los grandes ayuntamientos canarios, el de La Laguna, asegura que su concejalía de Bienestar Social comparte la preocupación de Cáritas y que “estamos haciendo todo lo posible para, ante la gran demanda social existente, disponer del máximo de recursos económicos y técnicos y del personal adecuado con los que simplificar el acceso a la atención y hacer más ágil nuestra capacidad de respuesta”. Entre las medidas que menciona que se están poniendo en marcha, junto al incremento de personal para “reforzar la atención directa a la ciudadanía”, destaca varios proyectos para aumentar la capacidad de atención en los que se incluyen un sistema de aplicación de citas que permitirá mejorar el sistema de respuesta.