Canarias ve con buenos ojos la armonización fiscal entre comunidades autónomas propuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha anunciado esta semana la intención del Gobierno central de avanzar en este sentido. Su objetivo es evitar disparidades como las que existen en la actualidad en ciertos tipos de impuestos, como el de Sucesiones o Patrimonio, que hacen que algunas autonomías acaben convirtiéndose en grandes polos de atracción de inversiones por sus altos beneficios fiscales.

El consejero canario de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró ayer que Canarias estudiará cualquier propuesta que el Ministerio realice en este sentido y abogó por que en aquellos impuestos que sean de titularidad estatal y estén transferidos a las comunidades autónomas “existieran unas normas claras que eviten el dumping fiscal y la competencia desleal”. En una clara referencia a Madrid, –como también hizo Montero en su anuncio–, Rodríguez argumentó que se debe evitar que se aproveche de su situación de ser la capital de España, para rebajar impuestos y captar inversiones y empresas.

Rodríguez abogó por establecer para aquellos impuestos más controvertidos unos umbrales, determinados por el Estado, de los que no puedan salirse las comunidades autónomas. Con esto se evitaría, por ejemplo, que algunas regiones subvencionen al 100%, o casi en ese porcentaje, tributos como el de Patrimonio y Sucesiones, lo que supone eliminarlos de facto, –como ocurre en Madrid–, mientras que en otras comunidades el contribuyente tenga que hacer frente a su totalidad.

El también vicepresidente del Gobierno regional pone como ejemplo el IRPF, un impuesto básico de orden estatal, que las comunidades pueden modificar en ciertos parámetros dentro de unos límites establecidos por el Estado. “Estos impuestos no son de Madrid, no son nuestros, son del Estado, y la capacidad normativa es de las Cortes Generales”, aclaró, por lo que “si nos hacen una propuesta razonable sobre este tema, la discutiremos”.

“Me parece razonable que en los impuestos estatales la capacidad normativa de las comunidades sea limitada”, detalló Rodríguez, ya que “no es de recibo” que haya regiones que deban mantener el cobro de estos impuestos “porque los necesiten para mantener sus servicios y otros porque tienen una renta de situación que les beneficia, lo eliminen”.

Comité de expertos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidió el pasado lunes la constitución del comité de expertos, –en el que no hay ningún canario–, que diseñarán el modelo tributario español con el objetivo de “mejorar su eficiencia, adaptarlo a los retos actuales y garantizar la sostenibilidad pública”. El comité tiene hasta el 28 de febrero de 2022 para entregar sus conclusiones, aunque según concretó la ministra antes de ese plazo se irán abordando algunas cuestiones para poder incorporarlas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Y señaló de forma directa a los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, pero también al de Sociedades, que también quiere revisar al alza, después de que la administración americana se pronunciase respecto a la “necesidad de obtener una mayor eficacia de esta figura fiscal”.

Esta comisión, conformada por 17 expertos del ámbito académico, bajo la presidencia de Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, será la encargada de revisar el andamiaje tributario y será la que también aborde la armonización fiscal entre las comunidades autónomas.

Respecto a la ausencia de expertos del Archipiélago en este comité nacional, Rodríguez argumentó que es algo habitual, que obliga a las Islas a exigir en todos los ámbitos estatales y europeos “que se reconozcan nuestros hechos fiscales que son diferenciales”, ya que “cuando se hacen cambios en la normativa nunca se nos tiene en cuenta”. Y considera que en esta ocasión difícilmente será diferente.

El consejero canario de Hacienda argumentó que el debate para revisar al alza algunos tipos de impuestos estaba ahí desde la llegada del actual equipo de gobierno al poder, ya que estaba incluido en su programa electoral, pero se vio aplazado por la irrupción de la crisis pandémica. Bajo su punto de vista, ahora se retoma para cumplir con las reformas exigidas por Bruselas para la aprobación del Plan Nacional de Recuperación, que deberán abordar no solo cambios en el sistema de las pensiones o el ámbito laboral, sino también una reforma fiscal.