Los ayuntamientos canarios emitieron ayer un nuevo SOS para avisar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de su situación financiera. No en vano, los consistorios de la región perdieron en 2020, el Año I de la pandemia, unos 430 millones de euros. Una suma que empeora las ya de por sí malas previsiones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), donde ayer le exigieron al Gobierno central, en línea con las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias, un plan de ayudas que evite que muchos ayuntamientos caigan en un déficit estructural.

A finales de marzo, tras una reunión con el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, la Fecam avanzó que la caída de los ingresos a consecuencia del coronavirus rondó en 2020 los 300 millones. Pero se quedaron cortos. La Fecam está esperando a que el Ministerio de Hacienda le envíe las cifras definitivas de la liquidación de los presupuestos municipales del pasado año para ver con exactitud la dimensión del agujero en las finanzas locales. No obstante, los datos que maneja el Ministerio ponen de manifiesto que los ingresos de los consistorios del Archipiélago se redujeron entre cien y 150 millones de euros más de lo que calcula la Fecam.

En 2019, el último año prepandemia, los ayuntamientos isleños ingresaron un total de 2.767,8 millones, según la liquidación de los presupuestos de ese ejercicio. En 2020, los ingresos se quedaron en 2.338,1 millones de euros, 429,7 millones menos. La cifra aún no es definitiva pero sí permite anticipar que la caída supera lo calculado por la Fecam, que es la organización que armoniza los intereses de los 88 consistorios de la Comunidad Autónoma.

El presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la Fecam, Óscar Hernández Suárez, explicó ayer que son los municipios medianos y sobre todo pequeños los que más están sufriendo la merma en los ingresos. En general son estos ayuntamientos de pequeño tamaño los que más dificultades tienen para acceder al crédito, por ejemplo, de ahí que en su caso la ayuda del Estado es si cabe más urgente. En esta línea, el también alcalde de Agüimes, en Gran Canaria, no se mordió la lengua y aseguró que la ministra Montero “no ha dado la cara ante el municipalismo”. El riesgo es que el déficit en que la Administración local incurrió el año pasado –el déficit se produce cuando se gasta más de lo que se ingresa– no sea puntual sino que se convierta en estructural. Si Hacienda no les envía un flotador a los ayuntamientos, como sí ha hecho con las comunidades autónomas con el fondo extraordinario de 16.000 millones, la falta de recursos seguirá golpeando a los consistorios cuando la crisis sanitaria ya haya finalizado.

Desde el Ministerio se ha insistido en que las corporaciones locales sí han contado con ayudas. Es verdad que la suspensión de las normas fiscales, el mantenimiento de las entregas a cuenta en cifras prepandemia –las transferencias habrían caído muchísimo si se hubieran adecuado a la situación económica– y, en definitiva, el desbloqueo de los superávits y remanentes de tesorería han dado oxígeno a los ayuntamientos. Pero no es menos cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aprobar ese fondo contra los efectos de la covid-19 que llevan tiempo reclamando tanto la Fecam como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El presidente de la FEMP, Abel Caballero –alcalde socialista de la ciudad gallega de Vigo–, envió una carta a Sánchez para solicitar la puesta en práctica de ese fondo extraordinario. Los ayuntamientos calculan que hacen falta alrededor de 3.000 millones de euros.

De esa suma, a los consistorios canarios les corresponderían al menos 135 millones por el peso de la población del Archipiélago en el mapa nacional. Además, los alcaldes quieren que una parte de esos 3.000 millones de euros –entre 200 y 300– se distribuya entre las entidades municipales que ni siquiera disponen de superávits o remanentes de tesorería de los que echar mano.

El presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la Fecam adelantó que en las Islas hay al menos ocho ayuntamientos que no cuentan con superávits ni remanentes y varios más que sí los tienen pero en cantidades muy pequeñas. Así pues, son aproximadamente una decena las corporaciones de la región a las que de nada les ha valido la liberación de los superávits, que estaban bloqueados antes de la pandemia para cualquier otro fin que no fuera el pago de deuda.

Óscar Hernández también expuso que a la drástica caída de ingresos se suma un importante incremento de los gastos. El regidor municipal afirmó que los ayuntamientos canarios destinaron en 2020 más de 50 millones de euros para combatir la covid-19, una cantidad que no incluye gastos colaterales por el virus como los del incremento de la ayuda social.

Una exigencia sin atender

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva meses reclamándole a la ministra María Jesús Montero la puesta en práctica de un fondo extraordinario de 3.000 millones de euros. El mes pasado, diez de los ayuntamientos más importantes del país –entre ellos los de Madrid, Valencia, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife– se sumaron con nombres y apellidos a esa reclamación y pidieron que el “fondo de reconstrucción” sea “al menos” de 4.000 millones. Tanto la FEMP como esos diez consistorios también le han exigido al Gobierno central que el 15% de los fondos extraordinarios europeos que vayan a gestionar las comunidades autónomas pase a la gestión directa de la Administración municipal.