Lo único que hay hasta el momento es el anuncio lanzado el jueves por el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, a la finalización del Consejo de Gobierno. En el complemento que se entregará a algunos de los trabajadores canarios afectados por expedientes de regulación empleo (ERTE) no está definida la procedencia del dinero ni los criterios para determinar los beneficiarios. Si se opta por complementar los ingresos hasta el salario mínimo interprofesional –950 euros–, los perceptores rondarían los 30.000, pero si se atiende al tiempo que llevan alejados de la normalidad en el empleo, la cifra puede llegar a 70.000.

A mitad de esta semana, el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y su consejera de Empleo, Elena Máñez, convocaron a los secretarios generales de UGT-Canarias, Manuel Navarro, y CCOO-Canarias, Inocencio González. El motivo del encuentro era hacerles saber que su petición se iba a ser atendida de manera inmediata.

Para ser exactos, que su exigencia, en virtud de la inclusión de la ayuda a los trabajadores en ERTE en el Plan de Reactivación firmados el Día de Canarias del pasado año, iba a comenzar a concretarse. Desde luego no ha sido una actuación rápida por parte del Ejecutivo. “De hecho, ya costó que se metiera en el documento”, desveló ayer González y ”a veces”, como ahora, ha sido “necesario presionar”, completó Navarro.

Lo primero a determinar es de dónde saldrán los cerca de 30 millones de euros que según el secretario general de CCOO-Canarias harán falta. En la negociación del presupuesto para este año, “no hubo manera”, reveló Inocencio González, de convencer al Gobierno de que hiciera un hueco. “Tampoco en el trámite parlamentario pudo generarse esa ficha financiera”, añadió el sindicalista.

Vía imposible

Tanto él como su homólogo ugetista dan por hecho que será imposible disponer de los 1.140 millones de euros en subvenciones que Madrid ha enviado a Canarias, dentro del paquete global para todas las comunidades autónomas. El real decreto que regula estas ayudas directas deja claro que se trata de ayudas a fondo perdido para pymes y trabajadores por cuenta propia.

El primer intento del Ejecutivo autonómico será instar al Gobierno central a solicitar a Bruselas un encaje especial para esta cantidad en el Fondo React UE. A Canarias le corresponden 630 millones de euros, el 6,3% de los 11.000 millones que Europa envió a España. Tener luz verde por esta vía evitaría los malabares con las cuentas canarias. Sin embargo, esa solución no parece rápida.

Tampoco está garantizado que las autoridades europeas accedan. El React se creó para financiar el golpe propinado por la pandemia a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Quizá en el último ámbito de esta terna pueda tener éxito el uso del calzador. En apariencia, no pinta bien, pero Máñez y Olivera optar por intentarlo.

A pesar del intento frustrado de CCOO y UGT por que las cuentas canarias de 2021 reflejaran de modo claro los 30 millones de euros para sufragar la iniciativa, lo cierto es que en el presupuesto “ya existen medidas para el mantenimiento del empleo”, resaltó Manuel Navarro. Parece más lógico, si se aspira a ganar tiempo, realizar los cambios necesarios aquí y no solicitarlos a la instancia nacional para que esta, a su vez, haga lo propio con la supranacional.

Ahora bien, cualquier modificación de crédito exige de una exposición de motivos, una argumentación que aclare por qué no va a ser posible cumplir con lo previsto en la norma aprobada en el Parlamento de Canarias y, en su lugar, decantarse por otra. Ahí entran los 1.140 millones para pymes y trabajadores por cuenta propia.

En opinión de Inocencio González, sería posible rebajar la tensión presupuestaria con esas ayudas directas. Es decir, destinarlas a sufragar acciones que, en principio, están financiadas con recursos propios de la comunidad autónoma. Darla por realizada sí es motivo suficiente para abordar una modificación de crédito que, entonces sí, liberaría la cantidad necesaria para las ayudas.

El siguiente paso sería la identificación de los potenciales perceptores. La parcialidad en la contratación hace que quienes trabajaban por media jornada cobren ahora cantidades muy bajas al perder el 30% del salario por estar en ERTE.

Once comunidades autónomas ya tienen operativas estas ayudas. “Eso nos debería permitir ir rápido, pero llama la atención que ninguno de los dos archipiélagos, los que más ERTE tienen aún por el parón del turismo, no estén entre ellas”, lamentó González.